Una verdadera, independiente y única administración de justicia

Como parte de las propuestas constitucionales para un nuevo sistema de administración de justicia, proponemos que, tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los dos procuradores, los tres magistrados del Tribunal Electoral y demás altas personas de la Administración de Justicia sean nombrados por un Consejo Nacional de la Magistratura.

Este Consejo podría estar formado por: un representante del Órgano Ejecutivo; un representante de la Asamblea Nacional; un representante del Colegio Nacional de Abogados; un representante de los Gremios Empresariales; un representante de los Obreros Organizados; y, un representante de la Corte Suprema de Justicia.

Y, como requisito indeclinable, todos estos representantes deben ser idóneos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Otro tema que debe incluirse en los requisitos para ser magistrado, procurador, magistrado del Tribunal Electoral, magistrado del Tribunal de Cuentas, magistrado del Tribunal de Contratación Pública; además de tener más de 45 años de edad y ser nacimiento de panameño, es comprobar más de 20 años de graduado o haber ejercido durante ese tiempo la docencia o la academia o cargo para el cual se requiere idoneidad para el ejercicio de la abogacía.

También debe incluirse como requisito: haber escrito dos libros sobre derecho que hayan tenido circulación nacional.

Además de los prenombrados requisitos, deben poseer acrisolada trayectoria ciudadana, no haber sido condenados por delito alguno ni falta a la ética profesional ni judicial.

Con lo anterior no se logra la tan anhelada independencia judicial, pues para que la justicia sea verdaderamente independiente se necesita que lo sea económicamente; por ello, a nivel constitucional debe elevarse a un 4 % del Presupuesto el porcentaje y garantizar, de esta manera, la independencia económica.

¿Cómo se logra esa independencia? Facultando a la Administración de Justicia para que presente su presupuesto directamente a la Asamblea Nacional, sin que tenga que mendigar peticiones ante un departamento del Ministerio de Economía y Finanzas. Es ridículo que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se arrodille a pedir o sustentar presupuesto a un funcionario quién sabe de qué categoría. A ese grado tienen los Gobiernos sometida a la Administración de Justicia.

La independencia es consustancial a una verdadera función jurisdiccional. El dilema es: o hay independencia o, no la hay. Y, en Panamá, mientras la administración de justicia no tenga independencia económica no se puede, ni siquiera por asomo, decir que tenemos independencia judicial.

Igualmente, la Administración de Justicia debe ser única. Con ello queremos significar que, bajo un solo poder, el Órgano Judicial, deben estar todas las jurisdicciones. Deben acabarse las “capillitas” de jueces de paz, jueces de tránsito, tribunales como el Administrativo con nombramientos por parte del Ejecutivo. El caso del Tribunal Electoral es aberrante. Ellos manejan totalmente la justicia electoral. Esos jueces y Fiscalía Electoral deben pasar a la Administración de Justicia.

La justicia debe ser única e independiente.

Sin independencia económica del Órgano Judicial no hay ni siquiera caricatura de separación de poderes.  Mientras el Órgano Judicial viva de las migajas que le da el Ministerio de Economía y Finanzas, la cacareada separación de los poderes no existe; por tanto, tenemos una democracia endeble o bochorno de democracia. Y donde no hay separación de poderes, no hay Constitución. Para que exista democracia, los tres poderes deben ser realmente independientes; con el Consejo de la Magistratura y con la independencia económica y central única se logra la independencia judicial.

Seguiremos con el tema.