El diálogo por el Fondo de Pensiones en su laberinto

Luego de más de un año de que el presidente anunciara en su informe de seis meses de gestión que convocaría a un Gran Diálogo Nacional para salvar la Caja de Seguro Social, el diálogo se convocó hace tres meses, pero no avanza. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en una metodología de trabajo, varios participantes importantes abandonaron la Mesa, y otros están a punto de hacerlo, argumentando razones a las que me referiré más abajo, recomendando de entrada a nuestras autoridades que, se introduzcan los correctivos que garanticen la participación de todos en la negociación, y se logre un consenso que satisfaga a todos.

No va a ser tarea sencilla, puesto que muchos de los actores convocados están inmersos en una especie de laberinto, entendido este como una confusión mental donde se presentan varios caminos, ideas y pistas, en este caso de acuerdo con las agendas de los participantes, pero sin mostrar claramente una solución o salida. Parecen olvidar los participantes en esta decepcionante Mesa de Diálogo que, el rescate de la CSS, no solo su fondo de pensiones, es la esperanza de los panameños y debe ser el logro emblemático del Gobierno al final de su gestión.

Para poner en contexto mis declaraciones preliminares, comparto a continuación las principales quejas de los que se han levantado de la Mesa, los argumentos de algunas autoridades y, al final, una propuesta que ayude a conseguir el sistema de pensiones que quieren los panameños. El objetivo final debe ser construir un sistema de pensiones en equilibrio, es decir, que proporcione una cobertura adecuada, beneficios suficientes para una vida digna, y sea financieramente sostenible.

Los primeros en abandonar el diálogo fueron los tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores, seguidos de la representante de los directores de escuelas, y muy probablemente por la Comenenal, que se declaró ayer en estado de alerta máxima, mientras denunciaba a la ciudadanía que, de mantenerse los intentos de engaño y manipulación, argumentados por la Conato, se levantarían del Diálogo.

Los argumentos son muy graves, los demandantes representan un sector importantísimo de los sectores sociales y productivos de este país, amén de los asegurados, y no deben, en ninguna circunstancia, desestimarse por el Gobierno, alegando que el diálogo no se ha paralizado, que hay agendas ocultas, o que estos grupos no tienen credibilidad, sí que la tienen, y deben ser escuchados. Pero veamos las quejas que provocaron esta situación, y algunas recomendaciones necesarias para ayudarnos a salir del laberinto señalado al inicio.

Para comenzar, los grupos arriba mencionados, alegan que, el diálogo es excluyente, inequitativo y antidemocrático, debido a que el 76 % de los integrantes de la Mesa Plenaria eran representantes del Gobierno, del Consejo de la Empresa Privada, de los partidos políticos, y de la bancada “independiente” de la Asamblea. Esta es una acusación muy grave y la única forma de atenderla, es garantizando la participación justa de los invitados con derecho a voto, amén de resolver los asuntos pendientes (elementales) respecto a la metodología de trabajo, a los cuales no me referiré, pues, de acuerdo con las noticias de ayer, todos siguen pendientes.

Tan importante como lo anterior es que el facilitador sea seleccionado por la misma plenaria equitativa e incluyente señalada arriba. Lógicamente que debe poseer la formación y la experiencia para conducir y facilitar este proceso y, en ninguna circunstancia debe ser designado por las autoridades, pues, siempre generará desconfianza su imparcialidad. La solución para este delicado asunto es pedirle ayuda a la OIT, única agencia tripartita de la ONU, cuya misión es “promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo”. Celebro que las autoridades hayan anunciado por los medios que se está conversando con la OIT, pero no basta con el anuncio, hay que incorporarla en el proceso ya.

Una vez resueltos estos dos asuntos, la nueva negociación debe estar basada en los siguientes principios: realización progresiva de la cobertura universal; solidaridad social y financiamiento colectivo; derecho a prestaciones adecuadas y previsibles; responsabilidad global y primaria del Estado; no discriminación, igualdad de género y respuesta a las necesidades especiales; sostenibilidad financiera, fiscal y económica; gestión y administración transparentes; participación de los interlocutores sociales y consultas con otras partes interesadas y; revisión periódica de las pensiones para adaptarlas a la evolución del costo de la vida y del nivel de ingresos.

En ese contexto, manteniendo estos principios como norte, el facilitador y los participantes deberán buscar un acuerdo que satisfaga a todos. No será fácil, pero están obligados a: separar el problema de las personas; concentrarse en los intereses (de los asegurados y la población panameña), no en las posiciones; insistir en que los resultados se basen en criterios objetivos independientes y; generar una variedad de alternativas antes de decidir qué recomendar a la población, porque cualquier resultado debe ser sometido a la aprobación del Pueblo mediante plebiscito.