17 de Sep de 2021

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Arturo Hoyos

Columnistas

Un bicentenario anfractuoso: de colonia española a provincia colombiana y Estado nacional

“La proclamación de independencia de España, […], es muy clara en su artículo segundo: “las Provincias del Istmo pertenecen al Estado Republicano de Colombia”.”

Recientemente, ha surgido una polémica en torno a un monumento inaugurado en Penonomé, en el cual se proclama, incorrectamente, que este año celebramos el “Bicentenario de la República de Panamá”.

La proclamación de independencia de España, de 28 de noviembre de 1821, es muy clara en su artículo segundo: “las Provincias del Istmo pertenecen al Estado Republicano de Colombia”. Este fue creado constitucionalmente unos meses antes, mediante la Constitución de Cúcuta. Al sustraernos del Imperio español e insertarnos en un nuevo orden constitucional, ese documento tiene no solo carácter político, sino constitucional e inicia nuestra tradición republicana. Además, en su artículo 9 resalta la autonomía económica del Istmo, como lo destaca el Dr. Alfredo Figueroa Navarro (Dominio y Sociedad en el Panamá Colombiano (1821-1903) pág. 241).

Aquel documento marca el inicio de nuestra tradición republicana. Esta ha sido anfractuosa, quebrada, con baches y hasta sinuosa, pero también con luminosas cumbres.

Nuestra tradición republicana (autogobierno y libertad política-constitucional igualitaria para todos los ciudadanos, contraria a la dominación monárquica o imperial, combinada con separación de poderes y soberanía popular) ha tenido dos etapas. La primera dependiente, en la que, liberados del Imperio español, nos integramos a la República de Colombia y la segunda autónoma, que inicia en 1903 con el nacimiento del Estado nacional plasmado en la Constitución de 1904. Una historia reciente de la tradición intelectual republicana es la de Rachel Hammersley (“Republicanism”, 2020).

¿Qué queda para el presente de esas dos etapas? ¿Qué podemos rescatar y, de lo andado, qué debemos desechar? Vienen a mi mente las líneas del poeta Antonio Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar / Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar” (Proverbios y Cantares, XXIX).

En la primera etapa de nuestra tradición republicana, como provincia colombiana, hay algunos temas que podemos resaltar: 1. la eliminación gradual de la esclavitud, permitida por la Constitución de 1821 y ejecutada por la llamada ley de vientres de ese año por la cual los hijos de mujer esclava nacían libres, proceso de liberación que se completó en 1851. Las Cortes Constitucionales de Cádiz (1812) habían negado la ciudadanía a los negros y esto consolidó a los ejércitos patriotas bajo un nuevo nacionalismo multirracial. A la vez nos quitó la simpatía que habían sentido inicialmente los Estados del sur de EE. UU., esclavistas, por la nueva república, como lo destaca la historiadora Caitlin Fitz (“Our Sister Republics”, 2017); 2. la separación de Estado e Iglesia. Esta es triunfo gradual de los patriotas, sobre todo de los liberales, que habrían de jugar un gran papel en la construcción del constitucionalismo liberal panameño en el siglo siguiente; 3. el intervencionismo norteamericano en el Istmo, autorizado por el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846, continuado en el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 y en el artículo 136 de la Constitución panameña de 1904, que el jurista Víctor Florencio Goytía calificó eufemísticamente como “ un artículo exótico” (Las Constituciones de Panamá, pág. 389).

Los principales problemas en esta etapa dependiente de Colombia, superados algunos en la segunda etapa republicana, la autónoma, fueron el caudillismo, las guerras constantes y el centralismo bogotano, interrumpido por la Constitución (federalista) de los Estados Unidos de Colombia de 1863, con la “soberanía de los caudillos” hasta la centralista de la Regeneración de 1886. En la etapa republicana del Panamá colombiano las guerras y el caudillismo, reflejado en un presidencialismo sin controles eficaces que perdura hasta nuestros días, estuvieron vinculados. Las guerras colombianas, cuya historia narra Rafael Pardo Rueda (Historia de las Guerras, 2015), fueron múltiples, ya que a las de la independencia siguieron las decimonónicas que únicamente en el caso de Panamá llegaron a su fin después de la Guerra de los Mil Días y la creación del Estado nacional.

Desde su creación en 1903, constitucionalmente en 1904, la República de Panamá ha sido la única en la región que no ha tenido una guerra civil, mientras que la historiadora Linda Colley vincula el constitucionalismo con las guerras (“The Gun, the Ship and the Pen”, 2021).

Nacimos como República de Panamá, aliados al proyecto imperial de Teodoro Roosevelt, pero no como creación artificial de los EE. UU., como sostiene la leyenda negra, sino por un conjunto de aspiraciones e intereses internos de prosperidad y autogobierno que fueron despreciados por la generación de Rafael Núñez y el orden constitucional centralista de la Constitución de 1886. ¿Hay aspectos vergonzosos de esta alianza de aspiraciones nacionales y proyecto imperial que fundó la nueva República y permitió la construcción del Canal de Panamá? Sin duda, pero, como dice el gran historiador irlandés Peter Brown, “peor que olvidar la historia es retorcerla para avivar resentimientos… Julio César mató a millones de personas. Pero, ¿rechazamos a Roma por construirse sobre eso? Asumir la parte vergonzosa de la historia es signo de madurez” (entrevista con el diario El País, 8 de mayo de 2021). En este año, que también marca el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, que restableció la esclavitud en 1802, pero también liberó naciones, ¿rechazamos su legado y su presencia diaria en nuestras vidas mediante su Código Civil que inspiró el español y el nuestro?

En este bicentenario podemos celebrar, en adición a la independencia del Imperio español: el inicio de nuestra tradición republicana de autogobierno hostil al colonialismo, el gradualismo de nuestros cambios sociales, como hicimos con la abolición de la esclavitud, la tolerancia religiosa, el progreso económico (ahora interrumpido por la pandemia), una democracia multirracial en una época de creciente autoritarismo e impunidad internacional (“The Age of Impunity”, David Miliband, Foreign Affairs, 13 de mayo de 2021), la ausencia de guerras civiles desde 1903 y una tradición jurídica romanista modernizada.

La historia, que concibo como una lucha constante por liberarse de la necesidad económica y de la violencia arbitraria (estatal o privada) para lograr una vida de bienestar, continúa, ahora en busca de un nuevo pacto social con mayor solidaridad, eficaces y reconstruidas instituciones de control del poder y oportunidades para todos.

(*) Doctor en Derecho. Máster en Economía. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia (1994-2000), ex profesor universitario, autor de obras jurídicas, abogado practicante.