La dictadura del pensamiento médico único

En la provincia canadiense de Ontario, recientemente el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario (CPSO) emitió públicamente una posición autoritaria e impropia de una sociedad liberal, amenazando con represalias a los médicos que osen cuestionar cualquiera de las medidas establecidas por el Gobierno con la excusa de combatir la pandemia de COVID-19.

“El Colegio está al tanto… de médicos que públicamente están contradiciendo órdenes y recomendaciones de salud pública. Los médicos tienen una posición única de confianza frente al público, y una responsabilidad profesional de no comunicar afirmaciones antivacunas, antimascarillas, antidistanciamiento y anticonfinamiento, y/o promover tratamientos no respaldados, no probados, para COVID-19. Los médicos no deben hacer comentarios o proveer recomendaciones que exhorten al público a actuar de modo contrario a las órdenes y recomendaciones de salud pública. Los médicos que pongan en riesgo al público pueden enfrentar una investigación por el [Colegio] y acción disciplinaria, cuando corresponda. Cuando ofrezcan opiniones, los médicos deben guiarse por la ley, estándares regulatorios, y el Código de Ética y la conducta profesional. La información compartida no debe ser engañosa y debe estar respaldada en la evidencia y ciencia disponible”.

Nótese cómo se equipara el proveer opiniones respaldadas en la evidencia disponible, con abstenerse de contradecir los mensajes oficiales de la autoridad de salud pública. Se insinúa también que son equiparables contradecir lo que diga la autoridad con “poner en riesgo al público”. Estos son mensajes propios de tiranías. En Panamá, durante la dictadura militar, el régimen equiparaba el orden público con la obediencia ciega al Gobierno, y oponerse al régimen o a cualquiera de sus abusos era equiparado por este con atentar contra el Estado. En la Alemania nazi, en la Italia de Mussolini, y en los regímenes comunistas, aplica el mismo criterio: oponerse a cualquier política del régimen es atentar contra el pueblo y contra la nación.

La pandemia ha sido análoga a la proverbial recesión de la marea, que deja al descubierto quiénes llevaban bañador y quiénes van en cueros. Así como los saqueos a comercios que siguieron a la invasión norteamericana de 1989 dejó en evidencia que había mucha gente que en tiempos normales no robaba, no por convicciones y valores, sino por simple falta de oportunidad, así también la pandemia ha dejado en evidencia que hay mucha gente ávida de poder para imponer mecanismos de control y de ingeniería social en la población. No hablo ya solo de los que desde el poder han impuesto confinamientos, cierres escolares, y cuanta prohibición invasiva de la autonomía de las personas se les ocurra, sino de los que desde la intelectualidad, de “los que saben”, han promovido y aplaudido la continua usurpación de las libertades de la gente bajo el manto de la “salud pública”. Y una de las cosas más estorbosas para los aspirantes ingenieros sociales siempre ha sido la libertad de expresión.

Las plataformas de redes sociales, como YouTube, Twitter, Facebook o Instagram, han creado juntas de censura para decidir qué contenidos pueden ser compartidos en ellas, sobre la base de la idea de evitar la diseminación de “desinformación” en cualquier cosa relacionada a la COVID-19. Esta práctica fue establecida por las plataformas desde, al menos, mediados de 2020, y ha sido empleada de la única forma como terminan siempre todos los esquemas de censura: inician con el objetivo manifiesto de evitar la “desinformación”, pero en la práctica terminan constituyéndose en mecanismos para suprimir el disenso y asegurar que solo la posición del régimen sea ventilada.

Los medios de comunicación masivos en Panamá no han escapado a esta práctica. Las televisoras han impuesto de facto un cerco para evitar que sus rostros periodísticos entrevisten a cualquier médico, biólogo u otro especialista que lleve un mensaje que difiera en lo medular del mensaje de terror implícito en esa campaña iatrogénica de “no bajes la guardia”. Ha habido pocas excepciones, tanto en televisión como en radio, de periodistas que se han atrevido a invitar médicos con opiniones divergentes, y cuando ha ocurrido, algún que otro médico del coro sinfónico ha lamentado públicamente que se permita que alguien cante fuera de ritmo, y alguno hasta ha insinuado que deba suprimirse la ventilación de esas opiniones divergentes.

La de médico es una profesión liberal, y esto implica que el discernimiento es elemento importante del servicio que brinda el profesional. El profesional liberal no es un mero ejecutor de algoritmos, y hay innumerables cuestiones relevantes a la práctica de cada profesión en que distintos profesionales tendrán opiniones diferentes, y situaciones en que recomendarán cosas distintas a sus clientes. Esa pretensión absolutista de que todos los médicos deban someterse a lo que decida un grupito de iluminados, y que más nadie pueda salirse del trillo marcado por ellos, es en sí una afrenta, tanto a la libertad de todo profesional para actuar con su propio discernimiento y asesorar a sus pacientes con base en sus propias convicciones y no las imposiciones de otros, como a la autonomía de cada persona para elegir con qué médico se atiende y a qué intervenciones médicas se somete.