Ley del embudo

La situación económica afecta directamente el bienestar de la población. En materia social, según datos oficiales, el desempleo sigue siendo de dos dígitos (18.5 %), sin vislumbrar en el corto plazo nuevas fuentes de empleo y mucho menos recuperación de los niveles salariales; por el contrario, la patronal impone intensificación del ritmo de trabajo (un trabajador realiza la laboral de dos o tres). Más de 19 mil trabajadores con contratos suspendidos fueron despedidos, a unos 32 252 contrato laborales se les aplicó modificación de la jornada laboral (jornada laboral disminuida y, por ende, salarios), se avizora un mayor crecimiento de la informalidad laboral (bajos salarios y no prestaciones sociales). En estos momentos, un 52.8 %. Estas cifras ponen de manifiesto el grado de deterioro de las condiciones de vida de los panameños, que viene desde antes de la COVID-19, y que ha sido la clase trabajadora la que está cargando con el costo de la crisis.

Esta situación podría empeorar, ya que a finales de junio la población con ingresos reducidos o sin ellos (despidos), enfrentará el derrumbe del espejismo de la mal llamada “moratoria bancaria”, la cual nunca implicó condonación de capital, intereses, seguros o FECI de estas obligaciones. Se dejó a los “clientes”, como los denomina la Superintendencia Bancaria, a su suerte. Los deudores, se enfrentarán al hecho de una deuda incrementada, pues deberán hacer frente no solo al capital adeudado, sino también a los intereses acumulados. La banca registró más de un millón de clientes que modificaron sus préstamos (extensión de plazo de vencimiento de los préstamos, lo que automáticamente incrementó la deuda). A inicios de la pandemia, aproximadamente un millón 200 mil préstamos se modificaron, a junio, solo unos 650 mil clientes tienen un arreglo de pago con el banco.

Desde las familias que acuden al crédito para intentar resarcir la diferencia entre ingresos y costo de vida, a tasas de interés onerosas, las mayores modificaciones se dieron en el rubro vivienda (ello podría implicar la pérdida de sus viviendas, agravando aún más el problema habitacional del país), seguidos por préstamos personales, tarjetas de créditos y autos. Es decir, una realidad preocupante, que afecta fundamentalmente a profesionales, micro y pequeños empresarios y a asalariados.

Con ello, se colocará a las familias en condiciones más precarias de las que ya padecían antes de la pandemia. Frente a las vicisitudes que enfrentaba la población ante los compromisos bancarios, el Gobierno actúo a favor de los banqueros. Otorgó mil millones de balboas a las instituciones bancarias, estableciendo un fondo de liquidez de 500 millones de balboas para los bancos que no contaran con liquidez; para que los bancos aceptarán modificar las condiciones de los préstamos, se les permitió liberación de sus reservas. En realidad, las medidas adoptadas han estado dirigidas a beneficiar a la banca frente a procesos que se vienen de reposición y remate de bienes, alto nivel de deuda que podría declararse impagable, e indudablemente garantizarle a la banca ganancias extraordinarias.

La llamada “moratoria bancaria” vence este 30 de junio, pero, según voceros del Gobierno, su vencimiento fue el 31 de diciembre 2020, lo que se da posterior a esta fecha (enero a junio 2021) fue un periodo para que los clientes y los banco se pusieran de acuerdo en la forma de pago y el tiempo. Es decir, se deja a la banca en plena libertad de ejercer su poderío frente a los llamados “clientes”.

En el argot popular se habla mucho de la “ley del embudo”, para hacer referencia a una regla que se establece para proceder de una manera determinada. Es decir, para “imponer la propia ley”. Hace referencia a que la ley del embudo es una forma de proceder con arbitrariedad e injusticia, siendo muy estricto con unas personas y muy permisivo con otras. Si comparamos la relación deudores-banqueros en Panamá, esta figura calza perfectamente: “lo ancho para los bancos y lo angosto para los deudores”.