Investigación y ética periodística en salud pública

Soy un apasionado de la investigación minuciosa. Aunque esta actividad la ejerzo en el campo científico, sigo con atención su práctica en el ámbito periodístico. Pese a que el método utilizado difiere, la idea esencial es obtener información relevante y fiable que permita interpretar y aplicar el conocimiento alcanzado de la manera más eficiente posible, dentro del marco de respeto a la dignidad humana. Para lograr los objetivos, el científico desafía al saber y el periodista al poder, vigentes en determinado momento. Ninguno de los dos profesionales debe rendir pleitesía ni a la categoría académica ni a la autoridad política, sino procurar una mejor aproximación a la realidad, mediante la generación de evidencias o la rendición de cuentas, respectivamente. La neutralidad puede ser perniciosa en ambas instancias, porque tiende a favorecer el “statu quo” y perpetuar la opacidad. Para que los resultados sean robustos, tanto los científicos como los periodistas responsables deben escrudiñar la verdad sin prejuicio alguno, idealmente a través de hipótesis bien estructuradas, que minimicen sesgos habituales, eliminen factores de confusión y revelen conflictos de interés. Es evidente que, sin una prensa objetiva o una ciencia rigurosa, la humanidad aún viviría en la oscuridad, presa de ocurrencias particulares y abusos jerárquicos.

La calidad de la fuente es vital para forjar datos sólidos y conclusiones definitivas. Un comunicador íntegro debería tener como premisa que una cosa es libertad de expresión y otra, muy distinta, es libertad de desinformación. En salud pública, especialmente, las consecuencias de no comprender las diferencias pueden llegar a ser muy peligrosas. De allí la trascendencia de recurrir a experticias genuinas antes de consentir la emisión de disparates en narrativas escritas, radiales o televisivas. Favorecer que un ignorante, en algún tema técnico, tenga igual acceso y ponderación en parlantes informativos que un reputado intelectual, es algo que un buen periodista, con ética personal y capacidad de discernimiento, jamás debería propiciar. Esta pandemia ha desnudado las profundas falencias del periodismo latinoamericano en materia científica. Muchos cronistas se han valido de su tradicional afinidad por la primicia, el morbo, el espectáculo y el reportaje de cloaca, para describir una grave crisis de salud que rebasa su más precaria comprensión. Otros, afortunadamente, han filtrado la noticia por el tamiz de reconocidos eruditos para que su valiosa audiencia adquiera el mejor conocimiento disponible en tiempo real.

A 16 meses de pandemia, todavía se leen o escuchan declaraciones de gente, sin credencial académica, pero bajo complicidad mediática, promoviendo el uso de medicamentos o mejunjes ineficaces y potencialmente tóxicos para tratar el COVID-19, argumentando en contra de la utilización de la mascarilla facial o demonizando la seguridad y eficacia de las vacunas. El ente ministerial, desatinadamente, con actitud de indiferencia, inacción o populismo, no ha procedido como corresponde. El artículo 308 del Código Penal manifiesta: “Quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Si se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de 10 a 15 años de prisión”. Aunque difícilmente sabremos la respuesta, la ciencia se pregunta: ¿cuánta gente ha podido complicarse o fallecer por retrasar su atención médica debido a la falsa sensación de seguridad o reacción adversa a un tratamiento sin documentada utilidad o por no querer ser vacunado porque le han infundido un temor irracional a la inmunización? El problema en Panamá, tristemente, no se basa en carecer de leyes, sino en no hacer cumplir las existentes.

La vacunación, aparte de la protección personal conferida, es un acto de solidaridad con los demás. No soy partidario de obligar a nadie a seguir una recomendación técnica específica. Convencer antes que imponer es siempre más efectivo e impactante. Comprendo que haya personas con miedos, dudas o preocupaciones sobre las ventajas de la inmunización. La información transparente y veraz, con una clara exposición de los eventos adversos frecuentes o raros y de las limitaciones en las bondades profilácticas, es la mejor herramienta pedagógica para lograr una óptima aceptación. Lo que debemos combatir enérgicamente, empero, es el discurso fantasioso, manipulador o tergiversador que divulga bulos sobre las vacunas, sea por ignorancia, ideología, anarquía o maldad. Peor aún, cuando estas falacias son difundidas por individuos envidiosos o mezquinos que se suponen instruidos en el área sanitaria. Resulta más fácil desenmascarar la impostura de los que tienen maestría otorgada por Google. El despropósito, como colofón, es percatarse de que algunos medios de comunicación amparen estos psiquiátricos comportamientos, bajo el pretexto de fomentar libertades mal entendidas, cuando ellos deberían ser los más elocuentes aliados para gestionar el bienestar colectivo. La humanidad erradicó la devastadora viruela con vacunación masiva, empujada por liderazgo científico, voluntad política, motivación social y, precisamente, colaboración mediática. Hoy, debemos luchar, además, contra los fanáticos grupos anticiencia para controlar esta temible pandemia de COVID-19.

Como apuntaba Javier Darío Restrepo, decano de la ética periodística colombiana: “El periodismo que dignifica la profesión es aquel que sirve a la parte más noble del ser humano y aporta a la vida de la sociedad, que impulsa cambios y hace mejores a las personas”. En estos tiempos, tristemente, en que los dueños de medios han descubierto que la información puede ser un lucrativo negocio, la verdad se convirtió en algo irrelevante. Todo vale con tal de tener seguidores y patrocinios. ¡Qué especie más estúpida la nuestra!...