Fernando Manfredo y la minería metálica a cielo abierto (2)

“Una de sus recomendaciones fue la de que, al referirnos a la minería, lo hiciéramos como 'minería sustentable', para darle la prioridad que tenían los aspectos ambientales y sociales sobre los económicos. Esto, decían, era especialmente aplicable a Petaquilla, porque está ubicada en una región boscosa, con recursos hídricos abundantes y comunidades campesinas en el área de influencia del proyecto. En ese sentido, hacían hincapié en señalar las áreas excluidas, tales como parques nacionales, reservas indígenas y militares y áreas de mucha fragilidad ambiental. Esas áreas las catalogaron de 'sacrosantas'.”.

“En materia de exploración recomendaron incluir el compromiso de restauración; esto es, la obligación de cubrir los huecos, zanjas y otras excavaciones y hasta donde fuese posible, de acuerdo con la autoridad gubernamental, restaurar la superficie a su condición original”.

(JY: En Mina Petaquilla, de Richard Fifer, Julio Benedetti, y otros, no hubo un Estudio de Impacto Ambiental (calcaron uno de Chile) ni ninguna “comunidad informada”, como dice la Ley. La empresa, en lugar de informar, festinó, emborrachó a la población, persiguió a sacerdotes antiminas y atacó a nuestro Comité, todo con la bendición del presidente Martín Torrijos y el arzobispo minero de Colón y Veraguas, Audilio Aguilar).

“La exploración no autorizaba la remoción de mineral valioso alguno. A los doce meses la empresa tenía que presentar pruebas de una exploración real, y haberse comprometido a un gasto mínimo, que después debía comprobar con recibos, cuentas, etc. Antes de decidirse por otorgar la concesión de exploración se debe estudiar el mejor uso para esas tierras, los recursos culturales y científicos a valores presentes y futuro”.

“A la empresa le estaba prohibido dar al público cifras relativas al contenido de mineral detectado y futuro, grado de ley u otra información similar, sin la aprobación previa de la autoridad minera gubernamental para evitar estafas, tan frecuentes en la industria minera”.

“El contrato de explotación se otorgaría después de un Plan de Explotación presentado por la empresa que incluyese, entre otros datos, la tecnología a utilizar, las medidas de seguridad industrial, las medidas de mitigación, los aspectos de empleo y laboral, el grado de ley del corte para evitar que solo extrajesen lo de mayor valor”.

“En materia fiscal la empresa debía cumplir con todas las disposiciones del Código Fiscal, el arrendamiento de las tierras y el pago de regalías. El canon de arrendamiento que se calculó en ese momento a ser ajustado al momento de la concesión, al año 2008 sería de B/ 24.70 la hectárea por los dos primeros años y de B/ 59.40 por los años 3, 4 y 5”.

“En sus recomendaciones sobre regalías, los expertos de Naciones Unidas hicieron énfasis en que esa era la participación que le correspondía al país propietario del yacimiento. Señalaron que las regalías se cobran sobre el material extraído. El valor del material extraído se calculaba a base de un precio de referencia y no del valor de la venta, a menos que este sea mayor. Recomendaron que la regalía no debería ser inferior al 8 %”.

(JY: Las ridículas regalías del 2 % son peores que los 250 000.00 anuales que EUA debía pagar a Panamá por el mal llamado Tratado de 1903. Las regalías no alcanzaban ni para pagar la limpieza de la Alcaldía en 2008. El Canal les salió gratis, igual que la minera).

“Al señalar la debilidad institucional en materia de minería se referían a un sistema de reglas formales y no formales, de las cuales hacen parte las organizaciones que actúan con dichas reglas… Ellos introdujeron el término 'institucionalidad ambiental y social'. Instituciones con calidad, modelo de organización, modelo de gestión. Eso estaba por crearse”.

“Todo esto se vino abajo cuando se introdujo en el Gobierno la política de que las explotaciones mineras debían estar en manos del Estado y la empresa privada sólo participaba en calidad de socio minoritario y se llegó a la conclusión de que el Estado no tenía que someterse a reglas diseñadas para una empresa privada, porque los Gobiernos velarían por el interés nacional”.

“Eso sabemos no es cierto y los Gobiernos siempre se aprovechan de esa flexibilidad para favorecer a los gobernantes de turno, familiares, copartidarios y amigos, como parece ser el caso de Petaquilla”.

(JY: El interés nacional es suplantado por un falso “interés estatal” y este, por intereses de grupos malandrines).

“Desde entonces y después de mi salida del Ministerio, se ha aprobado una cantidad de leyes y reglamentos y se han creado mecanismos institucionales para atender los problemas de la minería. Se ha legislado sobre áreas protegidas, sobre el medio ambiente, la vida silvestre y recursos forestales, pueblos campesinos y pueblos indígenas y sobre otras materias relacionadas con el sector minero”.

“En papel suenan muy bien, pero en la práctica no funcionan para atender los complicados asuntos del subsector minero, porque se carece de los recursos humanos calificados y financieros. De manera que la legislación se convierte en letra muerta. En mi opinión, lo que se ha hecho es una colcha de retazos que no nos proporciona lo que necesitamos; lo que se requiere es un Código de Minas moderno”.

(JY: Ni se cumplieron las condiciones ni se respetaron los tiempos que señalaron la ONU y el ex ministro de Comercio e Industrias).

“Lo anterior ha permitido que se otorguen contratos de exploración y explotación a empresas como Petaquilla Minerals y Bellhaven, donde los contratistas han salido exageradamente favorecidos, los intereses nacionales lesionados y comunidades enteras expuestas a su aniquilamiento. Naturalmente que esto no es sólo atribuible a la Ley, sino a las influencias políticas y a los intereses económicos de quienes fueron favorecidos”.