Trumpulinismo y bukelenismo: las mismas escuelas clasistas y racistas

En el 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la “Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, que vetaba la explotación minera en el suelo y biosubsuelo del territorio salvadoreño e incluía las actividades de “exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo”. Sin duda, representó un modelo a seguir para el resto de los países con condiciones inviables social y ambientalmente para la extracción minero-metálica como Panamá. Empero, en diciembre del 2024 se sancionó la “Ley General de Minería Metálica”, la cual fue aprobada por aplastante mayoría en el Congreso y dejó sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017. ¿Y por qué este cambio tan drástico en la normativa ambiental y en el carácter de la política del desarrollo sostenible? La respuesta política se puede fijar en el hecho de que para el año 2017 quien administraba el aparato legislativo del Estado era el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una agrupación de orígenes popular y anticolonialista -aunque mal llamada de “izquierda”- que a pesar de diversos errores en la administración política en los que incurrió, fue consistente en la defensa de los derechos ambientales y sociales que protegen la vida humana y del planeta.

Hoy, la tortilla se volteó, con una Asamblea controlada por la agrupación “Nuevas ideas”, hecha a imagen y semejanza del señor Bukele y de las élites económicas salvadoreñas. Es decir, se ha dado un giro brutal en el carácter social del Estado, en su composición, pasando de ser controlado por agrupamientos con algo de sensibilidad social y ambiental a otro que carece de esta para servir a la mafia financiera y minera internacional.

Tal es esta ausencia de sensibilidad social, ambiental e incluso ética, que a pesar de que la nueva ley está fomentando rechazos desde instituciones con autoridad como las iglesias católicas y algunas no católicas, de ambientalistas, de organizaciones comunitarias y universidades, el señor Bukele las ignora. ¿Se parece al gobierno trumpulino? Sin duda. ¿Recuerdan que hace un par de meses el presidente trumpulino dijo que pondría a reactivar la minera de Costa Abajo de Colón clausurada por la Corte Suprema de Justicia, pero advirtiendo que sería bajo tutela estatal? Bueno, les doy la mala noticia que trumpulino no tiene nada de creativo ni en este tema. Fíjense que la ley de Bukele, en su artículo 6, indica que “el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, producto de la minería metálica” y a renglón seguido viene aquí la ventana jurídica por donde ingresarán las élites económicas mineras: “Esto podrá realizarlo a través de instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad o de sociedades en la que posea participación accionaría” (Ley General de Minería Metálica, dic. 2024).

Bukele maniató las potenciales fuerzas de protesta y disenso de sus políticas, aprovechando el alto malestar que existía con el problema de la inseguridad pública. Lo que no informan los medios que lo favorecen es que los supuestos miembros de maras llevados a las cárceles vendidas como bienhechoras representan menos de un tercio de todos los privados de libertad. Esto es, dos de cada tres enviados a las cárceles como delincuentes no tienen ninguna evidencia probatoria de que lo sean y prácticamente el 70 % de los detenidos no tienen procesos precisamente porque fueron detenidos sin estar implicados en actos delictivos. Parte de la razón de estos encarcelamientos vienen más de la mano con una estrategia de control “preventivo” social de la protesta de las políticas sociales y económicas antipopulares que está impulsando este presidente salvadoreño, que con la profilaxis social que tanto han vendido internacionalmente.

Su reproductor acá, trumpulino, está en estos momentos en el proceso de tratar con represión con saña racista a los de mayor potencial reivindicativo, tales son, los integrantes de pueblos originarios y los trabajadores del campo de comunidades afrodescendientes e indígena-descendientes (campesinos pobres mestizos) que pueblan las zonas de mayor expectativa para el saqueo de bienes metálicos e hídricos que están por venir.

Pero, además de la saña racista, hay saña clasista -como también lo ha hecho el señor Bukele- y aquí lo observamos en las medidas dirigidas a asfixiar financieramente a las agrupaciones sociales de trabajadores, criminalizando a sus líderes. Así, ya no se conforma con el sometimiento práctico de las organizaciones, sino que lo quiere convertir en hecho permanente y para eso el Suntracs es el conejillo de indias, donde se habla de quitarle la personería jurídica... Hoy es este sindicato, mañana seremos todo tipo de organización que represente intereses populares o adversos a los de las élites económicas.

Se trata de una política de terror estatal, al mejor estilo autocrático, aprendido en las escuelas de contrainsurgencia de los aparatos de inteligencia de EE.UU., mismas de las que se han nutrido el bukelismo y el trumpulinismo. La batalla contra la Ley 462, solo fue el primer asalto del que trumpulino tiene la tramposa sensación de haberla ganado, dado que ha sido para su gobierno una victoria pírrica. Batallas de mayor temple para el pueblo panameño son las que vienen, donde se preparan las fuerzas del ejército colonial para repetir su papel represor en la huelga inquilinaria de hace 100 años. Amanecerá y veremos.