De la inseguridad nacional

Recientemente, el ministro de Seguridad, ante cuestionamiento de un periodista, manifestó que en Panamá no hay inseguridad. Su deposición provocó de inmediato reacciones a todos los niveles, pues, contrario a lo que depuso el señor ministro, la ciudadanía percibe una inseguridad generalizada.

Casi todos los días, las primeras planas de algunos periódicos hacen relación de asesinatos, la gran mayoría vinculados al narcotráfico, pero en algunos casos sin que exista una presunta relación, como el caso de los jóvenes asesinados en Colón o de los jóvenes chorreranos, brutalmente asesinados, o el caso de ancianos asesinados para robarles sus exiguos bienes. Sí hay inseguridad.

Lo que ocurre es que la ciudadanía mira como único o principal responsable a la Policía Nacional, como si fuese la única entidad responsable de los niveles de criminalidad en el país. La Policía, aquí y en cualquier país democrático, tiene un papel principalmente instrumental, es decir, es un instrumento de apoyo a las autoridades y, es el principal mecanismo de represión de la delincuencia. El problema es que la delincuencia tiene un origen complicado, multidimensional que requiere la participación activa, no solo de la Policía, sino también de otras entidades gubernamentales que tienen, entre sus principales objetivos y razón de ser, minar, de manera sistemática y programada, las principales causas de la delincuencia.

Hay países en los que las cárceles están vacías, incluso han cerrado algunas o las han transformado en escuelas o para otros fines no carcelarios. ¿Por qué? Las razones las conocen todos los criminólogos, sociólogos y penalistas. Cuando la sociedad está educada, con niveles de cultura adecuados, cuando los Gobiernos y políticos son responsables y transparentes, donde existen oportunidades justas y existe una cultura democrática, las causas de la criminalidad disminuyen o desaparecen.

Algunos criminólogos consideran que la gran causa de la delincuencia son los Gobiernos corruptos. No hay muchos o ningún argumento en contra. A medida que la corrupción se enquista en los sistemas de gobierno se puede ver cómo, casi que de manera proporcional, los índices de delincuencia aumentan. El sumun de todo esto es cuando la delincuencia controla los Gobiernos mediante la compra de políticos, jueces y funcionarios, fenómeno que se ha vivido en países donde en ciertos Estados hubo épocas en que la delincuencia prácticamente cogobernaba.

En Panamá, aparte de la Policía Nacional, tenemos dos entidades responsables por proveer políticas de Estado destinadas a frenar la delincuencia: el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Educación. Sin embargo, a la fecha no se conoce de una política de Estado desarrollada en tal sentido. Pareciera que las autoridades se satisficieran con el hecho de que muchos de los asesinatos son entre pandilleros que perdieron “su área de confort”.

Solo esta situación demuestra una falencia institucional en frenar el crecimiento y desarrollo de pandillas, las cuales, aparte de territorio y arsenales, ostentan recursos financieros, arma silenciosa y terrible que derriba barreras legales y morales, incluso entre las propias autoridades.

Hay cientos de casos de hurtos graves o menores, robos, violaciones, que no son reportados o que denunciados pasan a formar parte de los numerosos casos sin resolver, razón por la cual los ciudadanos pierden las esperanzas de que se haga justicia, sin dejar de lados los desvaríos del sistema judicial que muchas veces pone en circulación delincuentes que son un peligro social.

La Policía tiene y debe reprimir el delito, pero no es la única herramienta para ello. Mientras los Gobiernos supuren corrupción y opacidad, los medios propaguen antivalores, y la sociedad siga sumergida en ignorancia e incultura, no son muchas las esperanzas de convertir a Panamá en un verdadero país seguro.