Libertad y democracia

La libertad, en sentido político, es siempre relativa y limitada, porque el Estado es la principal fuerza que la limita y garantiza, por eso los ciudadanos debemos defenderla y considerarla, necesariamente, parte esencial de nuestra voluntad de ser libres, máxime en una democracia liberal como la nuestra.

La actitud de los políticos, ante esta libertad de acción y voluntad ciudadana, debe ser moral y ética - no mezquina o partidista - si se trata de una sociedad virtuosa, ya que ese razonamiento libre del ciudadano nos da a todos, incluyendo a nuestros dirigentes políticos, nuestra independencia personal, dentro de un orden social y cultural acordado y consensuado comunitariamente.

Curiosa y paradójicamente, esa libertad ciudadana comunitaria, en el mejor de los casos, también nos libera espiritualmente de ese egoísmo innato que conlleva la incapacidad de amar a otros, condición que limita la libertad ajena, incompatible con la verdadera democracia, porque la mezquindad solo nos deja actuar en beneficio propio. Por eso, esa misma liberación espiritual ciudadana suele ser mal vista por políticos inescrupulosos, quienes invariablemente la consideran peligrosa para sus intereses mezquinos. Para ellos ese proceso liberador faculta a los ciudadanos a desear (como pleonasmo de querer lo que se quiere), actuar y pensar independientemente, con criterio propio.

En esto consiste la voracidad de los intereses y peores instintos del engranaje político-gubernamental, en dictaduras y democracias, al tratar de demarcar y disminuir los límites de nuestras libertades, especialmente esa sublime libertad política y social, tan querida y cercana a esa otra libertad espiritual interior, la que increíblemente podemos perder en el país más libre del mundo y conservar, a pesar de todo, entre las rejas de la más severa tiranía.

Esta incompatibilidad entre el control, represión y supresión de libertades políticas y nuestra lucha ciudadana por defenderlas solo existe en una democracia cuando perdemos esa libertad interior, propia de la condición humana, pero también cuando en una sociedad como la nuestra se pierde el equilibrio democrático entre el Estado y sus ciudadanos, tan necesario para que el binomio libertad/democracia funcione bien.

En ese horizonte, las antedichas incompatibilidades y desequilibrios no son montañas hechas por Dios, sino obstáculos pasajeros humanos a la armonía que debe regir en las disyunciones y conjunciones que expresan las relaciones que unen o separan a las instituciones políticas democráticas de sus ciudadanos libres e independientes, cuando estos actúan, desean y piensan con criterio propio.

¿Cómo encaja todo esto en Panamá? Al ver el posicionamiento panameño en los diversos índices publicados por organismos internacionales (IGB, GAFI, TI, OCDE, PNUD y otros) sobre gobernanza, transparencia, desarrollo humano, Estado de derecho, administración de justicia, acceso a la información, rendición de cuentas, corrupción, criminalidad, clientelismo, desigualdad, etcétera, la triste conclusión es que Panamá no puede definirse como una sociedad virtuosa; ni tampoco considerar la mayoría de sus ciudadanos y políticos personas morales o éticas.

Para muestra un botón: las actuales reformas propuestas para perfeccionar el Código Electoral elaboradas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) para las elecciones generales de 2024, parte de una ola de 16 negociaciones políticas previas hechas desde 1983, han sido secuestrada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para promover los intereses personales y partidistas de algunos diputados, no para mejorar nuestra gobernanza electoral.

Por eso tenemos que recuperar ese equilibrio democrático entre el Estado y sus ciudadanos, tomándola como bandería civil, convencidos de nuestra propia eficacia ciudadana y como patrimonio imprescindible de nuestra democracia y libertad.