Recomendaciones expertas capturadas

La semana pasada, he leído en El País que de los doce miembros del comité asesor de la Asociación Española de Pediatría que acaba de recomendar que se vacune contra la gripe a los niños desde los seis meses hasta los cinco años de edad, los doce han recibido pagos de la industria farmacéutica en los últimos cinco años. He buscado el documento y, en efecto, en la página 43 están las declaraciones de conflictos de intereses, en que todos los miembros del comité -todos pediatras- declaran haber recibido pagos de múltiples compañías farmacéuticas, incluyendo compañías que venden vacunas contra la influenza.

En el año 2013 fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), una vacuna de marca Bexsero. En el Reino Unido, el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI, siglas en inglés) evaluó esta vacuna y recomendó que no fuese adoptada en el programa público de vacunación. Sin embargo, luego de anunciada la decisión, a mediados de 2013, hubo “considerable presión de parte de grupos que abogaban en nombre de los afectados por enfermedad invasiva de meningococo de serotipo B, incluyendo médicos, organizaciones sin fines de lucro… y del propio fabricante” [BMJ 2015;350:h308]. Dicha presión generó efecto y unos meses después, el comité modificó su recomendación para indicar, esta vez, que la vacuna debería ser adoptada si el Estado podía negociar un precio adecuado. Sin embargo, como indican los autores del artículo citado, las razones originales del comité para no recomendar la vacuna no eran económicas, sino de tenor técnico y ético. Básicamente, “no hay data que demuestre que los antígenos en la vacuna de meningitis B sean protectoras in vivo o que conduzcan a inmunidad de rebaño”. De hecho, el informe del Comité Conjunto concluía que “es muy poco probable que la inmunización rutinaria infantil [con la vacuna Bexsero] resulte costo-efectiva a cualquier precio”.

Señalan los autores del artículo citado que “el cabildeo puede haber influido en la modificación de la decisión de JCVI”, y “algunos médicos elocuentes tienen también fuertes vínculos con la industria farmacéutica […] el debate sobre la vacuna es difícil cuando médicos respetados afirman que la vacuna funciona, sin declarar sus vínculos financieros con la industria. Corremos el riesgo de perder la confianza del público y de apoyar sentimientos antivacunas, al permitir que los fabricantes de fármacos o personas con estrechos vínculos con la industria se involucren en la toma de decisiones y el cabildeo”.

En España, el Ministerio de Sanidad tampoco recomendó la vacunación rutinaria con Bexsero. De hecho, en ningún país europeo la autoridad sanitaria incluyó Bexsero en su programa estatal de vacunas. Pero en España, la Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité Asesor de Vacunas, sí recomendó la vacunación rutinaria en infantes, con la vacuna Bexsero.

Regresando al caso de la reciente recomendación de esta misma Asociación Española de Pediatría de vacunar infantes contra la influenza, recomendación que choca de frente con la recomendación del Ministerio de Sanidad español, que ha decidido no vacunar niños contra la influenza de forma rutinaria, se observa patrón similar al señalado por los autores del artículo citado de BMJ, en que las presiones de intereses comerciales pueden ejercer un indebido sesgo hacia recomendar en la población general o en determinados segmentos, intervenciones masivas inspiradas, no en un genuino interés de salud de la población, sino en promover solapadamente intereses comerciales. Se erosiona así la confianza del público en sus sociedades científicas y asociaciones profesionales.

Son pocos los países que han legislado para que las farmacéuticas tengan que revelar los pagos y transferencias de valor que hacen a médicos y otros profesionales sanitarios, asociaciones profesionales, y organizaciones de activismo de pacientes. Se hace necesario legislar en Panamá para la transparencia en materia de conflictos de intereses en salud, pues se afecta no solo el dinero de los contribuyentes, sino la salud de la población, con base en la corrupción de las recomendaciones que públicamente pueden hacer sociedades médicas. Cuando una sociedad de pediatría hace recomendaciones, la gente escucha y muchos padres acuden a vacunar a sus hijos, pensando que se trata de una recomendación imparcial, inspirada únicamente en el bienestar de los niños. Pero la realidad puede ser que esas recomendaciones no siempre responden al bienestar de los niños, sino a intereses comerciales ajenos a dicho bienestar.

En España, los más elocuentes críticos de los conflictos de intereses en Medicina suelen ser médicos. Entienden bien que sus colegas, que se dejan corromper su criterio, no solo venden sus almas, sino que exponen a las personas a riesgos innecesarios. Como dicen los médicos Kevin de Jesús-Morales y Vinay Prasad, en artículo [Hastings Center Report 47, no. 3 (2017):9-14] sobre los conflictos de intereses: “cuando ocurren en el Gobierno, se les llama corrupción; en Medicina, son solo una nota a pie de página”, y “las políticas de conflictos de intereses financieros en Medicina deben ser fortalecidas para asemejarse mejor a nuestras actitudes y políticas frente a la corrupción política. El “statu quo” de los conflictos financieros es insostenible y amenaza la relación fiduciaria entre el médico y el paciente”.