Discusión sobre tabaco sin contrapeso

La Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se constituye en la principal instancia a nivel mundial de discusión y toma de decisiones sobre las políticas de control del tabaco, pero que cada vez se convierte más en una sesión monóloga de sectores radicales, con posiciones extremistas, obstinados contumazmente en la ilusión de un mundo donde nadie consuma nicotina.

Paradójicamente, a pesar de llamarse “conferencia de las partes”, la participación está vetada a grupos genuinos de la sociedad civil organizada, productores, industria, personas naturales y hasta periodistas que, basados en información disponible, no tienen una posición tan sesgada como irónicamente la tienen los que “velan por nuestra salud, la salud de todos”. Es decir, solo participan quienes coincidan con lo postulado allí.

Cada año, la COP cierra aún más su círculo y, en vez de ser un foro de debate y consenso, toma fuerza como una cofradía, que allana el terreno para recomendar regulaciones “antitabaco”, que no consideran la abundante nueva variedad de evidencia científica en torno a alternativas al cigarrillo. Asimismo, excusándose en temores infundados, limita el acceso de participación a la población y a los ciudadanos, que son y deben ser el objeto primordial de cualquier legislación o política pública de salud.

Por ejemplo, aplican un proceso de preselección donde ellos mismos definen y deciden quiénes participan de las sesiones de la COP. Sumado a esto, aplican un proceso de preselección para los miembros de los medios de comunicación y después de pasar estos filtros dan o no acceso a participar en estas conferencias, en forma bastante arbitraria.

Lo peor de todo es que la OMS, organismo especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, está cerrado a los avances en materia de mecanismos de riesgo reducido para que las personas fumadoras que van a continuar fumando tengan acceso a otras alternativas menos dañinas para su salud y de quienes las rodean.

Pero el poder y control que tiene la OMS no solo se limita a sus diferentes foros o direcciones que la componen, sino que también ejerce gran presión y domina la agenda y acciones de diferentes países como el caso de Panamá. Esto lo hace a través de las instituciones de salud como la Dirección General de Salud Pública o, de manera particular, por medio de funcionarios que, valiéndose de su posición de influencia en la toma de decisiones o peor aún en la aprobación de nuevas regulaciones, impulsan iniciativas de espaldas a los ciudadanos, violando, de manera arbitraria y escandalosa, los derechos de los ciudadanos contenidos en nuestra Constitución.

Como ciudadano que siempre he aspirado a vivir en un verdadero Estado de derecho, desde la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, espacio que lidero y que nació precisamente con el objetivo de que se nos escuche y que seamos tomados en cuenta al momento de diseñar e implementar políticas públicas y que Panamá avance a la par de los adelantos científicos y tecnológicos, he vivido la falta de interés por parte de las autoridades a nivel de la Dirección General de Salud Pública, la Comisión Nacional de Control de Tabaco y de la Asamblea Nacional.

La “indiferencia” y el “poco importa” que hemos recibido de las autoridades de Salud y la Asamblea Nacional podrían ser resumidos en la completa desatención a las cartas y solicitudes de reunión y participación en discusiones de nuevas legislaciones. Desde la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, me ha tocado enfrentarme constantemente a negativas, en el mejor de los casos, porque en la mayoría no recibimos respuesta o la misma reitera la posición cerrada y sesgada, cerrando cualquier espacio para el debate imparcial y análisis alejados de posiciones o intereses particulares.

En Panamá, cada vez más vamos en contra de lo que se hace en el mundo y perdemos el contrapeso ciudadano en la construcción de un país justo, donde el ciudadano ejerza su derecho a tener y exponer un pensamiento libre, plural, informado, crítico y que esa voz sea tomada en cuenta por quienes precisamente el ciudadano ha prestado el poder de hacer leyes, de legislar en beneficio de todos, no de unos cuantos o de intereses particulares.

Nunca es tarde para recapacitar y corregir el rumbo. Siempre es un buen momento para que se entienda que las leyes, y más las relacionadas a políticas públicas en salud, deben considerar el debate científico, no las pasiones o preconceptos, y ser el resultado de la suma de todos los sectores, principalmente de los ciudadanos.

(*) Presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo.