Salud en todas las políticas

Hace siete años, los países de América, incluido lógicamente el nuestro, formulamos un plan de acción sobre la salud en todas las políticas. Lo hicimos convencidos de que para mejorar la salud y el bienestar de la población y reducir las inequidades en la salud, era y es absolutamente necesario incorporar los asuntos de salud en todas las políticas de Estado, para abordar los determinantes sociales de la salud, mediante un enfoque colaborativo en la toma de decisiones en todos los sectores y áreas de políticas.

Aquel compromiso, en línea con los principios de Alma Ata, la Carta de Ottawa, el Informe final de la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud y la Declaración Política de Río sobre los Determinantes Sociales de la Salud, promovía el desarrollo de la capacidad de los profesionales de políticas de salud para reconocer y apoyar los objetivos de desarrollo de otros sectores, reconociendo la naturaleza interdependiente del desarrollo social, económico y ambiental.

En ese período los panameños hemos tenido dos Gobiernos y, a pesar de los compromisos adquiridos desde la Declaración de Alma Ata, nos hemos concentrado en construir edificaciones y comprar equipos para tratar enfermos, olvidando que el objetivo debe ser mejorar la salud de la población y alcanzar la equidad sanitaria, mediante la búsqueda de sinergias intersectoriales para evitar los efectos nocivos para la salud, producto de políticas e intervenciones fuera del sector de la salud.

o puedo omitir de esta propuesta la consideración de los efectos de la lucha por el control de la epidemia de COVID-19 durante estos últimos dos años. Es evidente que la pandemia puso al planeta en pausa y nosotros no escapamos de esa realidad. No obstante, durante los cinco años previos, no hubo epidemia ni justificación alguna para no avanzar lo suficiente. Lo dejo ahí, pues no es mi intención analizar la gestión del Gobierno previo. Solo subrayo que siete años son suficientes y llegó la hora de colocar la producción social de salud en todas las políticas de Estado.

Para ayudarnos en ese quehacer, el año pasado, el 58.o Consejo Directivo de la OPS, del cual también formamos parte, analizó los avances en el cumplimento del plan arriba señalado. En mi opinión, las dos principales conclusiones a las que llegaron fueron que, el principal avance ha sido el reconocimiento de la necesidad de abordar los determinantes sociales de la salud para que la población alcance todo su potencial en cuanto a la salud y; en ese sentido, parece ser que en la región cada día aumenta la conciencia de que, si se quiere lograr la salud para todos, los países tienen que abordar las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

Pero esto ya lo sabíamos desde el año 1946, cuando la OMS definió la salud como el “completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”, introduciendo claramente, hace 75 años, la necesidad de formular políticas públicas que promuevan el bienestar, abordando de manera integral e intersectorial, los determinantes sociales de la salud.

Por fortuna, los participantes en ese 58.o Consejo Directivo de la OPS también hicieron recomendaciones para colocar la salud en todas las políticas. Aunque, por las circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia de COVID-19, no fueron elevadas al pleno, sí que se publicaron con fines informativos y, subrayo, para ser tomadas muy en serio como una guía para cumplir con la tarea pendiente. Le dedico el resto de esta glosa a compartirlas con ustedes.

Para comenzar, es necesario fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Salud, para promover el desarrollo de la propuesta y lograr la participación de otros sectores en la elaboración de políticas destinadas a abordar los determinantes sociales de la salud; determinar, de manera sistemática, las experiencias y las prácticas en la aplicación del enfoque de salud en todas las políticas y; llevar a cabo, de manera participativa, la gestión integral del proceso.

No menos importante será mejorar las capacidades de los sectores gubernamentales para reconocer los activos y el liderazgo de las comunidades que pueden contribuir a la participación activa de las comunidades y la sociedad civil en la formulación y ejecución de políticas para abordar los determinantes sociales de la salud, así como las desigualdades e inequidades en la salud.

Finalizo este llamado subrayando que, no hay excusas; hemos avanzado en el control de la epidemia de COVID-19; tenemos la capacidad para desarrollar las líneas estratégicas de acción que acordamos hace siete años, desde el establecimiento de las necesidades y las prioridades para lograr la salud en todas las políticas; hasta garantizar el seguimiento, la evaluación y la presentación de oportunos informes que nos permitan medir nuestro progreso. Como he manifestado antes, este proceso requerirá de nuestra participación efectiva en las etapas de su desarrollo, y del cambio hacia un modelo económico incluyente, que propicie la producción social de la salud.