Acceso al desarrollo para todos

Hace cinco años, la Cepal publicó un magnífico documento dedicado al análisis de la desigualdad social en América Latina y la necesidad de superarla, como un asunto indispensable para el desarrollo sostenible. Allí, describiendo al continente americano, pero como si estuviera refiriéndose a nuestro país, señalaba que, siendo nuestro continente el más desigual del planeta, la desigualdad social representa, además, un rasgo estructural y, por tanto, un desafío fundamental.

En ese quinquenio, los panameños concluimos, con más pena que gloria, un período de Gobierno, y comenzamos otro, que prometió al inicio “cerrar la brecha y sacar a nuestra gente de la miseria donde se encuentra”. Lamentablemente, se hizo presente un nuevo coronavirus y tuvimos que dedicar nuestros recursos humanos y financieros a la lucha por controlar la epidemia de COVID-19 que padecemos desde marzo de 2020. No hay duda de que ese esfuerzo extraordinario puso en pausa, aquí y en todos los países, la mayoría de las iniciativas dirigidas a abordar de forma efectiva y sistemática las causas fundamentales de la pobreza y promover estrategias de desarrollo que funcionen para todas las personas.

Hoy, las condiciones son otras. Los indicadores epidemiológicos demuestran que la epidemia causada por el SARS-CoV-2, gracias las medidas de salud pública que hemos mantenido, muestra una clara tendencia hacia la estabilización, que nos permite afirmar que estamos en vías de controlarla. Es la hora entonces de retomar el camino del acceso al desarrollo para todos en todos los lugares.

Pero no será suficiente con anunciar la construcción de grandes edificaciones y reiterar las buenas intenciones de avanzar hacia el desarrollo sostenible, pues nuestro desarrollo no será sostenible en medio de la desigualdad predominante y serán necesarios profundos cambios estructurales en lo político y económico, que permitan abordar de forma sistemática y productiva las causas subyacentes de la pobreza. Aquí, el Gobierno y la sociedad estamos obligados a dar respuestas apropiadas a las múltiples dimensiones que permitan a las personas vivir vidas productivas con bienestar y alegría.

Como bien señalaba la Cepal hace un lustro, sobre la base de un exhaustivo análisis de nuestra situación, urge la necesaria articulación entre las políticas económica, productiva, laboral, social y ambiental; la importancia de un enfoque de derechos y de una mirada integral para las políticas abocadas a combatir la desigualdad; el fortalecimiento de la institucionalidad y el logro de pactos sociales como fundamentos de políticas sociales de calidad; la relevancia de proteger el gasto social y los ingresos tributarios dedicados al desarrollo social, y la necesidad de aumentar las capacidades estadísticas para dar visibilidad a las diferentes dimensiones de la desigualdad. Nuestra meta debe ser transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad, lo que requiere orientar las políticas hacia un universalismo sensible a las diferencias.

Entonces parece claro que para que el desarrollo sea accesible para todos en todos los lugares, necesitamos, como también señalaba la Cepal, avanzar en políticas de inclusión social sobre la base de un enfoque de derechos humanos y del ciclo de vida, con una perspectiva intercultural y de género, e incluyendo, de forma clara e integral, los ejes de la desigualdad y los tipos de brechas que identifiquemos. Aquí necesitamos un nuevo pacto nacional integral, interdependiente, indivisible y, sobre todo, realizable, para todos, en todos los lugares.

Ese cambio hacia una cultura de la igualdad no será viable ni sostenible si no se trabaja en distintos ámbitos para poner de relieve los valores de igualdad y solidaridad como orientadores del bienestar, el desarrollo y la calidad de vida para todos los panameños. Especial atención deberemos prestarles a las necesidades de miles de panameños cuyos derechos sociales han sido vulnerados durante siglos y que se han visto invisibilizados, en condiciones de exclusión y segregados por un sistema que históricamente ha favorecido a unos, en desmedro de otros.

Es la hora de abolir los privilegios y mejorar la distribución de los recursos en la sociedad para permitir que todos sus miembros ejerzan sus derechos de manera efectiva. No menos importante para alcanzar esta igualdad de derechos, será el ordenamiento jurídico al que corresponde garantizarlos, así como a la justicia social y a una estructura socioeconómica y política que la haga posible.

Para ayudar en el logro de este vital objetivo, los panameños contamos ahora con los Acuerdos que han surgido del Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, convocado por el propio Ejecutivo hace cerca de un año. Ese mandato ciudadano subraya la necesidad de alcanzar un desarrollo humano para todos, con justicia, equidad y que sea sostenible en el tiempo. Además, propone lineamientos de política que recibirá el presidente de la República el próximo 30 de noviembre.

Los panameños esperamos que este mandato de la población sea la brújula que oriente el quehacer gubernamental para llevar a cabo procesos de crecimiento inclusivo de manera que todos los panameños participen en igualdad de condiciones en las oportunidades que surjan; como también, dicho sea de paso, propone el propio Plan Estratégico de Gobierno.