Imponen Estado policiaco

“Un régimen que atenta contra la vida de la gente jamás puede llamarse democrático” (Frenadeso, 2009). Este es el principio esencial que debemos recuperar para definir el verdadero significado de la democracia: la defensa de la vida contra cualquier otro criterio.

La represión desatada por el Gobierno de Laurentino Cortizo, da muestra de un Gobierno que no es democrático y no respeta los derechos humanos. Un Gobierno que no garantiza que la gente tenga acceso al conjunto de bienes y servicios que le permitan alimentarse, vestirse educarse, tener salud, transportarse, adquirir una vivienda digna, acceder a la energía eléctrica, agua potable, medios de comunicación, sanidad, e incluso, para recrearse. Es un régimen que profundiza la exclusión, las desigualdades y la marginación social.

En el conjunto de los derechos humanos que han sido desconocido por todos los Gobiernos neoliberaes, está la vivienda. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así lo establece: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida digno para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda”. A su vez, el papa Francisco hizo un llamado a garantizar a la población “techo, trabajo y tierra”.

Contrario a ello, la antidemocracia neoliberal del Gobierno de Cortizo, al igual que sus antecesores, esta vez en la figura del ministro de Miviot, Rogelio Paredes, arremete contra la humilde población de Tierra Prometida, igual situación, viven los pobladores de Barro Blanco, desalojados violentamente, poniendo una vez más en evidencia la forma más descarnada de violentar el derecho a la vida en el afán de salvaguardar los intereses de minorías privilegiadas.

Un Gobierno que no proporciona respuestas de vivienda a humildes pobladores, pero sí tumba y quema casas, dejando sin hogar, tierra y en condiciones más precarias a niños, hombres y mujeres, es responsible de la indigencia, los traumas, encarcelamiento y, lamentablemente, la pérdida de visión de un joven (caso de Barro Blanco), los cuales solo anhelan una vida digna. Este accionar agrava aún más las vidas de quienes a menudo ya están marginados o son vulnerables en la sociedad.

Estamos frente a un Gobierno que reprime a humildes pobladores, mientras calla cuando se otorgan miles de hectáreas a mineras, se venden tierras a precios irrisorios al poder económico y diputados. Un Gobierno que permite a la policía utilizar perdigones, cuestionados por los organismos de derechos humanos por ser altamente lesivos, que permite y mantiene el encarcelamiento ilegal de pobladores y periodistas de los medios alternativos sin causa ni prueba alguna, que criminaliza la protesta social, que avala el abuso policial, es un Gobierno antidemocrático que impone el Estado policiaco que hoy impera en el país.

Caso concreto el de Tierra Prometida donde se arrestaron 25 personas y que hoy sin presentar una sola prueba, se mantiene en prisión a siete panameños, hasta el próximo 18 de noviembre (nueva fecha de audiencia), ante la postergación de la audiencia fijada en primer momento para el 8 de noviembre. Denunciamos que el Sistema Penal Acusatorio se convierte de esta manera en un instrumento de persecución contra los luchadores sociales. En Barro Blanco se detuvieron siete personas, a las cuales también se violaron sus derechos.

Nuevamente, el poder económico, el Gobierno, la partidocracia y seudoindependientes, han hecho de Panamá un país sin justicia para los pobres. Tal como clamará un poblador de Tierra Prometida: “tanta injusticia e impotencia al ser vulnerados todos nuestros derechos”. ¡Qué diferencia con el veredicto de absuelto a Martinelli!

Lo sucedido en Tierra Prometida y en Barro Blanco es una clara señal de cómo pretende actuar el Gobierno de Cortizo ante el evidente incremento del descontento popular por la crisis económica y social que se profundiza ante el alto desempleo, los bajos salarios, las reformas a la seguridad social (paramétricas), el alto costo de la vida, posibles aumentos de impuestos. Así se encamina el país peligrosamente hacia la consolidación de un Estado policiaco, una nueva normalidad con rasgos dictatoriales, violatorios de elementales derechos humanos y garantías individuales.

Lo cierto, Cortizo y el PRD no ofrecen respuestas concretas a las demandas sociales insatisfechas, mientras continua el robo y la corrupción en las altas esferas.