Migraciones: desafíos colectivos de los nuevos tiempos

Las migraciones en el mundo se generan en el marco de una compleja realidad geopolítica, caracterizada por importantes desequilibrios sociodemográficos y económicos. En medio de la pandemia, la interdependencia del mundo globalizado se enfocó imperiosamente en la búsqueda de soluciones medicinales para la sobrevivencia humana, por lo que resulta obligante ponderar las buenas prácticas y experiencias de otros países en la administración de crisis, una cualidad esencial de todo diplomático en el exterior.

La migración abarca todo movimiento de personas dentro o fuera de un Estado que, con independencia de su composición o sus causas, incluye migración de refugiados, personas desplazadas y personas desarraigadas; así como migrantes económicos que se movilizan al margen de las normas de los Estados de partida, de tránsito o receptor. El ser humano por naturaleza migra por sobrevivencia, los refugiados abandonan sus países de origen generalmente forzados por situaciones de violencia o pobreza extrema.

Por su naturaleza, los flujos migratorios no constituyen un fenómeno coyuntural o una novedad propia de las sociedades contemporáneas, sino que, con mayor o menor intensidad, han estado presentes en la historia de la humanidad, siendo un componente inseparable de su evolución y progreso. Además, como fenómeno global y de naturaleza transnacional precisa de respuestas multilaterales, pues trasciende a soluciones nacionales.

Las políticas migratorias supranacionales de la Comunidad Económica Europea son de creciente relevancia ante la dramática situación derivada de los flujos migratorios, cuyas implicaciones humanitarias son consecuencias de conflictos. La pandemia, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la emergencia climática han agravado la situación humanitaria de los desplazados, la mayoría de los cuales están acogidos en regiones en desarrollo.

Un estudio de Naciones Unidas, correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2021, destaca que las restricciones fronterizas aplicadas por la pandemia continúan limitando el acceso al asilo en muchos lugares, a tal punto que 258 millones de migrantes en todo el mundo viven fuera de su país de nacimiento. Una cifra que va en aumento, ante el crecimiento de la población en general, el desarrollo de la conectividad, el comercio, el aumento de la desigualdad, los desequilibrios demográficos y el cambio climático.

España tiene la herencia histórica de país emisor de fuertes oleadas de emigración hacia América en el siglo XIX y principios del XX, con desplazamientos derivados de la Guerra Civil y la emigración a la Europa desarrollada en los sesenta, por lo que este fenómeno no es nuevo. España, en la actualidad, es un país receptor, que mantiene actitudes más positivas que la media europea hacia la inmigración, con menor rechazo y mejor valoración de su contribución a la sociedad y la economía del país.

No resulta casual que España figure entre los veinte países principales de destino de las migraciones internacionales; según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es una de las naciones receptoras netas de inmigrantes como resultado de su desarrollo político, económico y social. Es oportuno destacar las experiencias y buenas prácticas de España en la administración del flujo constante de inmigración irregular procedente de África, que accede de forma ilegal por vía marítima o a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. España, que cuenta con grandes comunidades de migrantes latinoamericanos y africanos, ha manifestado su determinación de apoyar la implementación del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, reconociendo la oportunidad que representa potenciar el multilateralismo eficaz.

En medio de la crisis de la COVID-19, los Estados europeos han reafirmado el compromiso de continuar el diálogo y la cooperación multilateral para la migración legal y los esfuerzos en curso en la lucha contra el tráfico de seres humanos. España ha desarrollado varias iniciativas vinculadas a proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en países subsaharianos y del norte de África. Además, desarrolla exitosamente iniciativas nacionales de salvamento y rescate en alta mar de refugiados en colaboración con los países vecinos. Incluso ha puesto en marcha el Plan Nacional de Ciudadanía e Integración de Migrantes y un Observatorio Nacional de Lucha contra la Xenofobia y el Racismo (Oberaxe).

En el caso de América Latina, los estudios de Cepal sugieren políticas con orientaciones a los Gobiernos de la región, para hacer frente a los más importantes desafíos y oportunidades que este proceso social supone en el impulso del desarrollo, desde la mirada transversal de los derechos humanos de los migrantes y sus familias.

En estas circunstancias, es necesario adoptar un enfoque más omnicomprensivo humanitario a la hora de valorar los efectos y oportunidades de los flujos migratorios. Tampoco pueden dejarse de lado las acciones colectivas para contrarrestar los graves delitos internacionales, como: tráfico de personas y trata de personas, el robo de identidad, terrorismo internacional, crimen organizado transnacional y la explotación de trabajadores.

Las normas internacionales de derechos humanos, ratificadas por nuestro país, establecen el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluido el suyo. Solo en determinadas circunstancias el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Panamá, como país de tránsito, con exiguos recursos presupuestarios, sigue soportando la mayor carga a la hora de proteger y atender a los desplazados con asistencia material, sanitaria, alimentación y albergues temporales, por tanto, precisa de la comprensión del país de destino final, como del apoyo del resto de la comunidad internacional.

Estamos inmersos en un proyecto nacional inclusivo para erradicar la sexta frontera en la lucha contra la pobreza, lo que implica concentrar los limitados recursos para atender las necesidades socioeconómicas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo, como país con una tradición solidaria, no podemos permanecer indiferentes al drama imponderable generado por una crisis humanitaria, que nos viene del sur del continente en medio de una emergencia sanitaria.

En el año que transcurre del 2021, Panamá ha recibido una abrumadora e inesperada llegada de más de cien mil personas migrantes, procedentes de Cuba, Venezuela, Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistán, India y Nepal. De esta cifra, sesenta mil son haitianos que arribaron con infantes, nacidos durante la travesía de un largo viaje, a través de la selva del Tapón del Darién, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, Canadá o México.

Con apoyo técnico de la OIM, el Gobierno panameño ha creado una infraestructura física e institucional en Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) para albergar temporalmente a la población en tránsito y atender las necesidades humanitarias de grupos vulnerables, integrados por niños y niñas no acompañados y mujeres embarazadas, además de las víctimas de la violencia de género.

Esta crisis humanitaria debe abordarse, como ha expresado la canciller Erika Mouynes, a través de un enfoque regional y no puede ser responsabilidad de un solo país. Consecuentemente, el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular recomienda la cooperación entre los Estados para poder responder de forma inmediata y coherente a las necesidades de los migrantes en condición de vulnerabilidad.

A manera de conclusión, en la correcta articulación de una solidaridad consistente, estructural y permanente en el aseguramiento del respeto de los derechos humanos y la dignidad humana, se requiere con urgencia de asistencia en cooperación bilateral, por parte de Estados Unidos, y multilateral de la Comunidad Europea, para lograr una migración humanitaria acorde con los desafíos colectivos de los nuevos tiempos.