La evasión fiscal y tributaria nos afecta a todos

La evasión fiscal y tributaria ha sido, y sigue siendo, uno de los principales problemas que afectan las finanzas públicas de Panamá y peor aun cuando a nivel de América Latina el país se mantiene a la cabeza de este delito, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pero más allá de esto, esta realidad ha sido reconocida de manera pública por las autoridades encargadas de la recaudación y fiscalización de este tema, que, además, han manifestado que la evasión fiscal está por el orden del “4 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá”.

Inclusive, según las cifras oficiales, como consecuencia de la evasión fiscal se dejan de recaudar aproximadamente cuatro mil millones de dólares, principalmente en concepto de Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS).

Esto demuestra varias cosas: que es un delito que sigue creciendo, afectando a diferentes sectores de la economía; que la aplicación de la Ley nos es igual para todos, lo que frena y afecta el clima de negocios y que protege el juegavivo.

Uno de los sectores que, en los últimos años, se ha visto afectado, por la actuación inescrupulosa de un grupo de empresas y la inacción de las autoridades, es la industria de acero y derivados.

Desde aproximadamente el año 2017, hemos identificado que al menos siete compañías dedicadas a la importación de acero y derivados han estado presentando documentos de importación con precios subvalorados hasta un 60 %, con el fin de pagar al Estado menos aranceles e impuestos.

Desde que una empresa subvalora las importaciones deja de pagar una gran cantidad de impuestos. Inicialmente no paga el impuesto arancelario, tampoco paga el ITBMS y como paso siguiente deja de cobrar ITBMS a sus clientes. Posteriormente, esta empresa deja de facturar y tampoco paga impuesto sobre las rentas o el Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta en Panamá (CAIR). En conclusión, no paga nada.

Sustentado en información que es de acceso público y que se encuentra en la propia web de la Autoridad Nacional de Aduanas, www.ana.gob.pa, entre enero de 2017 y diciembre de 2019 y entre abril de 2020 y septiembre de 2021 se ha identificado a un grupo de siete importadores de diferentes materiales de acero que han declarado valores arancelarios por debajo del precio del mercado.

Esta diferencia de precios es abrumadoramente abismal, oscila entre 400 y 500 dólares, lo cual representa una evasión al fisco de millones de dólares en impuestos de importación e ITBMS.

Al menos 2.4 millones de dólares habría dejado de percibir el Estado, solo en concepto de aranceles de importación, como consecuencia directa de este fraude fiscal.

Esta mala práctica no solo afecta las recaudaciones de la Dirección General de Ingresos (DGI), sino que atenta contra la generación de empleo formal, pagos de panillas a la Caja de Seguro Social y tributos generales, y desmejora las condiciones del mercado para que empresas que sí cumplimos con las leyes continuemos invirtiendo y apoyando el desarrollo de Panamá.

Además de ser un delito, a todas luces es una competencia desleal que atenta gravemente contra la supervivencia de las empresas del sector acero en el país. Más en este momento, en que estamos apostando por la reactivación económica del país, para juntos superar el impacto no solo económico, sino social que ha generado la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, tal como están las cosas, el flagelo de la defraudación fiscal y aduanera, como ya lo reseñamos, es persistente desde hace al menos cinco años y, pese a que diversos actores de la industria hemos denunciado esta mala práctica ante las autoridades competentes, no se ha encontrado una solución o por lo menos un freno.

Mientras, seguimos esperando acciones para detener este problema, el Estado está dejando de percibir millones de dólares por la actuación inescrupulosa de un grupo de empresas y por la inacción de las autoridades. Lo que es peor aún, se deja por sentado que la Ley no es igual para todos.