Proyectos de ley huérfanos

He tratado de buscarles una definición a esos proyectos legislativos que, independientemente de sus bondades, no pasan del prohijamiento y por muy lejos que lleguen, no rebasan el primer debate, y he llegado a la conclusión de que están huérfanos de la voluntad de alguien que pueda ejercer un liderazgo para apoyarlos.

Hace más de 20 años se presentó el Proyecto de Gestoría Pública, se consultó a todas las partes interesadas y se logró una opinión favorable. Sentíamos que se le haría justicia a los egresados de la Escuela de Administración Pública, que nació con la creación de la Universidad de Panamá y que hoy no tiene un espacio que les garantice un puesto de trabajo, como tampoco tienen idoneidad, para ejercerla como profesión liberal.

Desde aquel entonces, cada vez que se inicia un nuevo Gobierno, hemos desempolvado el proyecto, para ver si encontramos un padrino que haga posible que este proyecto se convierta en ley de la República, pero esa aspiración no ha fructificado.

No dudo de que haya proyectos de ley que promueva el bienestar general, pero esta propuesta reúne todos los requisitos de lo que debe ser una ley, tiene un carácter universal, no es paternalista, crea condiciones para generar empleos y ayuda a la modernización de la administración pública.

Quizás los diputados no vean un rédito político en esta ley, no va dirigido específicamente a su circuito electoral, no es clientelista, porque no crea condiciones para que luego puedan capitalizarlas a su favor, como tampoco hay grupos de intereses, que puedan estar a favor de la ley, de manera que este proyecto, no despierta la simpatía de los diputados para su aprobación.

Es probable que, cuando se trate de normatizar algunas funciones, haya intereses que se opongan, porque la función de administrador se ha convertido en un título genérico, que la puede ejercer cualquiera persona, independientemente de si tiene un título universitario y que debe ser un cargo para aquellos que han estudiado Administración. A nadie se le ocurría asignarle a alguien funciones de abogado sin tener esa formación.

Como está función no está reglamentada y los administradores profesionales que ocupan cargos, ha pesado más su influencia política, que sus créditos académicos, ha sido la ventana para que en la administración pública estén nombrados como asistentes administrativos, músicos, poetas, deportistas, voceros de políticos, que devengan salarios superiores a los pocos administradores que están laborando y que para ganarse la vida, los vemos como conductores de taxi, en los supermercados o en una esquina vendiendo cualquier cosita, para ganarse la vida dignamente.

Cuando vemos que hay intereses de por medio, observamos cómo se alinean las estrellas y al final los proyectos se convierten en ley, pero en el caso de la Gestoría Pública, que es una profesión en países como España y México, aquí esta función se desarrolla de una manera informal, por aquel que se conoce los trámites y tiene relaciones con los funcionarios que, cuando estamos atribulados por realizar una gestión, nos dicen cuán difícil es lograr lo que deseamos, pero “tenemos una persona que te puede ayudar”, y habría que preguntar en qué condiciones se prestan estos servicios, cuando se la podríamos confiar a un Gestor Público Autorizado, que asumiría la responsabilidad de prestar un servicio profesional.

Si la educación es la estrella, hagámosle justicia a los egresados de la escuela de Administración Pública, que han hecho una carrera universitaria, porque tienen la vocación del servicio público.