Lecciones aprendidas

Cuando ocurren los sucesos, se desprende una lección aprendida, para que la experiencia nos sirva para no permitir, por ejemplo, que lo sucedido con la construcción de la Policlínica de Aguadulce se repita.

En primer lugar, tenemos que decir que, cuando se diseña un proyecto, debe cumplirse en tiempos y espacios, el cronograma de ejecución y que, por supuesto, incluye la provisión de los recursos financieros, de tal forma que cuando se inició el proyecto en junio del año 2012, debió existir el presupuesto, ajustado a la programación de la ejecución del mismo.

Dentro del plan estratégico se contempla la construcción de la Policlínica, entendemos que en el camino surgen inconvenientes que deben ser resueltos a través de los planes tácticos, que no pueden variar el plan estratégico y concluir la obra dentro de los plazos estimados o dentro de un margen de error aceptable, lo que no sucedió con esta obra.

Entendemos la indignación del pueblo aguadulceño, pero cuando tratamos de identificar quiénes han sido los responsables, cada uno cuenta su versión a su manera, eximiéndose de esta responsabilidad, mientras los asegurados viven el vía crucis de no contar con los servicios que debía estar prestando esta Policlínica, que los induce, a los que puedan pagar, ir a una clínica privada y los que no pueden, les desmejoramos su calidad de vida.

Si la responsable de ejecutar el proyecto es la Caja de Seguro Social (CSS), esta es la primera responsable. Nos dirían los directores de la CSS, que hubo una orden presidencial, que se cambiaron las prioridades y la CSS centró sus esfuerzos en otros temas. Nos preguntamos entonces, ¿dónde está la autonomía de la CSS, por qué la Junta Directiva no hizo valer sus derechos, para culminar un proyecto que fue aprobado por ellos? Si el director de la CSS no podía hacer nada para que prevalecieran los planes estratégicos de la institución, ¿dónde estuvo la función de los diputados de Aguadulce, que tienen funciones fiscalizadoras y que se convierten en los pesos y contrapesos, para que el Ejecutivo no interfiera en una obra que es de interés social?

El 27 de mayo de 2018, el Dr. Alfredo Martiz, director de la CSS, decía lo siguiente: “Anuncio formalmente la reactivación de la construcción de la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas en Aguadulce, en la provincia de Coclé”. Agregó que esto se daba luego que la Contraloría General de la República refrendara una adenda al contrato entre la CSS y la empresa Riva, Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria (S. A. I. I. C. F. A.), para el anteproyecto, diseño, planos finales, especificaciones técnicas y construcción de esta nueva instalación de salud en Aguadulce. Así lo informó un comunicado de la CSS, en el que se especifica que el costo estipulado de este proyecto es de $21 millones y se espera culmine en marzo de 2019.

Han transcurrido tres años de este anuncio y ahí continua lo construido hasta ahora, como un monumento a la desidia. En el portafolio de temas pendientes, la actual administración debió encontrar que existía una mora injustificable con este proyecto, y que debía incluirlo en su agenda como algo prioritario, y sentimos que ahora se está tratando de desviar la atención, cuando nos comenta que la responsable de que no se pueda continuar con el proyecto es la Contraloría General de la República.

Si la Contraloría debe emitir una opinión o aprobar un documento, es la CSS la que debe exigir que esto se cumpla dentro de tiempos perentorios, no hacerlo, significa que se está perdiendo la gobernabilidad, que hay una superestructura en el Estado, que actúa al margen de los intereses de los asegurados.