Inflación en Panamá: Impacto y propuestas

A nivel mundial hemos observado cómo se han exacerbado los precios a consecuencia de la operación militar de Rusia en Ucrania y las sanciones impuestas, las cuales, han originado una crisis de oferta en los hidrocarburos oscilándolo en máximos históricos de alrededor de $120 por barril según el West Texas Intermediate (precio de referencia del barril en Estados Unidos). Según la Agencia Internacional de Energía esta tendencia en los próximos meses se mantendrá.

Es fundamental destacar que otra situación que ha mermado aún más la economía mundial son las perturbaciones en el comercio por el cierre de puertos estratégicos como Shanghái debido a las medidas adoptadas por China para frenar la propagación de la nueva ola del virus covid-19. Sumado a lo anterior, ha originado un cuello de botella en las cadenas de suministros.

Estamos en épocas de bajo crecimiento económico, crisis climática, inflación elevada aunada al alto desempleo; esta mezcla podría desenlazar según algunos expertos en una estanflación, un fenómeno algo temido en la década de los 70 en la primera crisis petrolera.

Por otro lado, tenemos la incertidumbre de las medidas internacionales como la de Estados Unidos en continuar elevando las tasas de intereses desde la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) para paliar los efectos de la inflación y la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) que se resiste a aumentar su producción de petróleo. En este panorama internacional es donde viene la gran interrogante ¿En qué medida esto nos está afectando como país?

Panamá es una economía dependiente del exterior. Los desequilibrios a nivel mundial se ven reflejado en el aumento de precios en la gasolina, los alimentos, el transporte así como en otros bienes y servicios. A pesar de no tener relaciones directas a la compra de petróleo a Rusia estamos expuesto a los vaivenes de los mercados internacionales por ser importadores de combustible final.

En esta vía, la erosión de los ingresos reales por el aumento en el precio de la comida y la gasolina se suma a las dificultades que ya venían sufriendo los hogares vulnerables. El IPC interanual mostró un aumento del 3.2% para el primer trimestre 2022.

Esto ha traído como consecuencias una serie de transformaciones en la población a nivel socioeconómico muy importante que ha desembocado en descontento social, protestas, mayores niveles de inseguridad, migración, pérdida de poder adquisitivo, riesgo de la seguridad alimentaria entre otras.

Definitivamente que a nivel técnico más subsidios son insostenible sino se mide el impacto de los anteriores y los actuales. La congelación de impuestos no es viable por el desequilibrio presupuestario que eso podría desembocar. Aparte, que la creación o aumento de otros impuesto para cubrir el congelado, generalmente, recae la presión fiscal sobre la clase trabajadora.

Es importante recalcar que Panamá ha mantenido índices macroeconómicos estables a nivel regional a pesar de no tener Banca Central. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional estiman que la inflación en Panamá para el 2022 será de la más baja de América Latina. Sin embargo, no se puede negar que los salarios son bajos, que la pérdida de poder adquisitivo en muchas familias panameñas es real, que no existe capacidad de ahorro para hacer frente a este tipo de situaciones.

Por ende, es momento de repensar como país otras vías para minimizar los efectos de la inflación. Quizás reduciendo las expectativas y las incertidumbres, generando la confianza necesaria; no se puede controlar los aspectos externos, pero en lo interno es posible minimizar sus efectos.

En el corto plazo utilizar mecanismos de estabilización de precios en los combustibles trasladando los subsidios a la población y sectores estratégicos orientados al mercado interno de forma temporal. En el mediano/largo plazo invertir en energías renovables creando nuevos empleos e ingresos verdes en el camino hacia la neutralidad en carbono, rediseñando un sistema tributario con mayor fiscalización y progresivo, proteger nuestra producción nacional, utilizar menos insumos químicos en la agricultura, reconsiderar el aumento de salarios mínimos, combatir la informalidad, mecanismos de diálogos regionales para compartir experiencias de políticas.