Diálogo, reformas constitucionales y nuestros valores

Las protestas se han tomado las calles, demandando disminución de precios de la canasta básica de alimentos, el precio del combustible y los medicamentos, aumento general de salario, 6% del PIB para educación, abastecimiento de medicamentos para la CSS y otras reivindicaciones que fueron planteadas en los 32 puntos planteados en mayo por la Alianza Pueblo Unido por la Vida; mientras no se pierde de vista, y también forma parte de la demanda popular, el descontrol del gasto público, y la acumulación de escándalos por clientelismo y corrupción. El problema adicional es que la protesta se está desarrollando de manera violenta, paralizando al país, y generando una crisis social, económica y política sin antecedentes recientes en nuestro territorio, la cual, dicho sea de paso, amenaza seriamente la estabilidad de nuestra ya débil democracia.

El gobierno ha comenzado a ofrecer respuestas, pero fueron señaladas como insuficientes por los gremios y organizaciones sociales, por lo que mantienen las protestas en todo el país. El Ejecutivo además convocó el jueves pasado a una Mesa de Diálogo con estas agrupaciones, pero éstas rechazaron acudir a la mesa debido, según voceros de las agrupaciones, a la falta de consenso previo a esta cita, lo cual supone un nuevo obstáculo en el camino por la reconciliación nacional que necesitamos y evidencia la pérdida de confianza en el gobierno.

Pero, lo del jueves fue el inicio del Diálogo y debemos participar, aprovechando además los mandatos de la ciudadanía expresados en los Acuerdos el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas; sumándose todos, sin agendas, en la identificación conjunta de soluciones efectivas, para esta coyuntura y para las falencias estructurales que venimos arrastrando desde hace por lo menos 25 años.

En este contexto, yo me pregunto, ¿es esta una situación circunstancial, producto de la crisis mundial que nos afecta a todos, o es el producto de un deterioro sistemático y progresivo de nuestras instituciones? No me cabe duda de que el alto costo de la vida tiene una relación directa con el escenario mundial, pero considero determinantes las causas estructurales subyacentes que, aunque no hubiese guerra en Ucrania, favorecen el clientelismo y corrupción. Esas causas estructurales están directamente relacionadas con un marco constitucional que ya no aguanta más, y con los valores cívicos y morales de los panameños.

En tal sentido, la necesidad de una reforma constitucional, ha sido reconocida y esgrimida por nuestros políticos desde 1978 cuando le pusimos el primer parche a nuestra vigente Carta Magna. De hecho, nuestro actual presidente subrayó en el Plan de Acción Uniendo Fuerzas que, para poder avanzar hacia el país decente que necesitamos, se hacía imperativo un rediseño de las instituciones desgastadas e ineficientes que se han convertido en un obstáculo al desarrollo económico y social del país y recalcaba que, aunque pueden darse un número plural de reformas en base a iniciativas legislativas; se necesitan otras que, por su profundidad y alcance, implican necesariamente dotar al país de un nuevo ordenamiento constitucional.

Lamentablemente, aunque se intentó al inicio de esta administración, aquel proceso no tuvo los resultados esperados, y persisten el clientelismo, impunidad y corrupción en los tres Poderes del Estado a los que se refería el presidente al inicio de su gestión y también en muchas instituciones del sector público; a lo cual agrego yo, de aquellas empresas que no cumplen con sus compromisos fiscales.

Así las cosas, este nuevo Diálogo Social no puede limitarse a resolver las demandas puntuales, es obligatorio que proponga soluciones para erradicar todas las formas de clientelismo y la corrupción. Para ello, además de las medidas inmediatas, debe surgir del consenso popular el compromiso de reformar nuestra constitución, para que, con estricto respeto a la voluntad de la mayoría de los panameños, defina y establezca donde corresponda, las nuevas normas necesarias para garantizar la erradicación de los males que padecemos.

Estas reformas, si es que somos capaces de proponerlas y aprobarlas, significarán un gran paso para avanzar hacia el país decente que necesitamos y queremos. Pero los panameños no podemos olvidar que lo que en verdad requerimos es una nueva Carta Magna que defina las nuevas reglas que regirán, en el futuro, la relación entre gobernantes y gobernados, así como el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de nuestro sistema político y social. Esa empresa debe ser la prioridad en la agenda política de los que ya se perfilan como candidatos a ocupar el Palacio de las Garzas, y ojalá cumplan tan pronto como tomen posesión, y no le pasen la pelota al próximo, como ha sido la tradición.

Finalmente está el asunto de la recuperación de nuestros valores morales, cívicos y culturales, que subraya nuestro excelso constitucionalista el Dr. Carlos Pedreschi, al subrayar que, “una nueva y buena constitución no es lo único que necesita el país para encarar sus graves problemas. El futuro de un país se construye con hombres y mujeres sobresalientes, íntegros, cívicos y justos, que en su caminar dejan huellas imborrables”. Esa es en esencia nuestra principal tarea, producir esa generación de hombre y mujeres que necesita Panamá.