26 de Sep de 2022

Columnistas

El rol del agente residente en el año 2022

Cuando se creó la Ley 32 de 1927, el objetivo principal de asignar el cargo de agente residente a una sociedad anónima era que existiera una persona responsable del pago de la tasa única en la República de Panamá.

Cuando se creó la Ley 32 de 1927, el objetivo principal de asignar el cargo de agente residente a una sociedad anónima era que existiera una persona responsable del pago de la tasa única en la República de Panamá.

Este cargo ha venido transformándose con el paso de los años, teniendo el primer cambio en el año 2011, cuando se le asignó por primera vez la responsabilidad de dejar documentado el conocimiento de su cliente, obligando a los abogados a aprender de sectores que tenían más años de experiencia en tales gestiones. En aquel entonces, el abogado podía descansar en el trabajo realizado por clientes profesionales que a su vez tuvieran la obligación de realizar el trabajo de conocimiento de su cliente.

En el año 2015, la ley 23 introdujo cambios importantes que impactaron no solo a los abogados que brindan el servicio de agente residente, sino también a otros sectores que fueron incluidos en la lucha del país para prevenir el lavado de dinero. En lo que compete al sector de abogados, se incluyeron además algunos servicios adicionales al de agente residente, tales como directores o accionistas nominativos, administración de fondos, proveer domicilio registrado y la compraventa de bienes inmuebles.

En el año 2016, la Ley 52 estableció la obligación de que las sociedades que realizan sus servicios fuera del territorio nacional, llevaran registros contables de sus operaciones y se comprometieran a facilitarle esta información a su agente residente, en caso de ser requerido por las autoridades competentes.

En el año 2020, se crea el sistema único de beneficiarios económicos, el cual ha sido recientemente reglamentado, con lo cual los abogados que brinden el servicio de agente residente, registrarse para brindar este servicio y mantener actualizada la información de las sociedades a las que brinda el servicio.

En el año 2021, la Ley 254 obliga al abogado que brinda el servicio de agente residente a mantener información contable de las sociedades a su cargo, que realizan actividades fuera de la República de Panamá y aquellas que se utilizan para tenencia de activos tanto local como internacionalmente.

En resumen, la figura del agente residente hoy en día involucra el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Establecer mecanismos internos para prevenir el blanqueo de capitales, tanto en relación con los clientes, así como los proveedores y empleados.

2. Conocer a su cliente, recabando información básica tales como documentos de identidad, cartas de referencia, prueba de residencia y otros.

3. Establecer un perfil financiero del cliente y de la sociedad, fideicomiso o fundación a la que se le brinda el servicio de agente residente.

4. Recabar información contable de las sociedades que realizan sus actividades fuera del territorio nacional y de aquellas que actúan como meras tenedoras de bienes muebles o inmuebles (tanto local como internacionalmente).

5. Inscribirse en el portal de la Unidad de Análisis Financiero, para realizar los correspondientes reportes de transacciones de efectivo, revisión de las listas ONU y realizar los reportes de operaciones sospechosas cuando así aplique.

6. Inscribirse en el portal de la Superintendencia de Sujetos Financieros y someterse a la supervisión de dicha entidad, proporcionado la información que soliciten.

7. Responder los requerimientos de cualquiera de las autoridades competentes (DGI, MEF, Superintendencia de Sujetos No financieros, UAF y el Ministerio Público).

8. Realizar el reporte correspondiente a los registros contables de las sociedades para las cuales brinda el servicio de agente residente.

9. Registrarse y obtener el Código Único de Registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, con el objeto de seguir brindando el servicio de agente residente, realizando los pagos que se requieran para obtenerlo y mantenerlo activo.

Abogada y docente Universitaria de Derecho