El 23 de marzo de 2016 se toma la paz a Colombia

¡Qué gran placidez popular generó el ver, el miércoles 23 de septiembre, en La Habana, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al comandante Timoleón ‘Timochenko' Jiménez, por las FARC-EP, alegres y reídos, estrechar las manos, bajo la mirada gozosa de Raúl Castro, sellando así el compromiso de firmar el 23 de marzo de 2016 el acuerdo de paz entre ambas partes, rubricando así más de 50 años de conflictos en Colombia!

Hace 50 años, Colombia era un país rural, con 18 millones de habitantes, hoy es un país urbano, con 48 millones de habitantes. Desde entonces, 11 presidentes autócratas (liberales y conservadores) han gobernado, la mayoría trató de diezmar militarmente a la FARC-EP, mientras que otros trataron de iniciar procesos de paz. Cuatro grupos guerrilleros se desmovilizaron totalmente, mientras 22 000 miembros de las FARC-EP han dejado voluntariamente las armas.

El paramilitarismo se convirtió en bandas criminales, 34 000 paramilitares se han desmovilizados. Hay en las cárceles 240 militares, 597 policías y 583 funcionarios y políticos, incluidos generales y congresistas, condenados por delitos vinculados al conflicto, al narcotráfico o al paramilitarismo. Otros 5000 miembros de la Fuerza Pública están sometidos a procesos judiciales. Las FARC-EP tienen unos 12 000 combatientes presos.

Estos 50 años de lucha han dejado más de 6,2 millones de víctimas registradas y 5 000 000 desplazados. Las FARC-EP cuentan en la actualidad con unos 8000 combatientes y una dirigencia con más de 60 años de edad. El Gobierno y las FARC-EP dieron un paso crucial este 23 de septiembre, al consolidar las negociaciones que se iniciaron hace casi tres años, para poner fin a un conflicto armado entre ambas partes.

Como producto del acuerdo final, se creará la Jurisdicción Especial, que ejercerá funciones judiciales, específicamente contra la impunidad y contribuir con la reparación de las víctimas. Tendrá competencia exclusiva respecto de todos quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Con el cese de hostilidades, se otorgará amnistía o indulto por delitos políticos y conexos, el porte ilegal de armas y las conductas que no son prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.

No sucederá lo mismo con los crímenes de lesa humanidad ni con crímenes de guerra; para quienes reconozcan su responsabilidad por delitos graves, se impondrán sanciones de restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años, que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras; para quienes no reconozcan su responsabilidad, serán condenados a pena privativa de la libertad de hasta 20 años.

Faltaría desarrollar el tema rural, que incluye temas como el latifundio, los conflictos por el uso del suelo y la revisión de los tratados de libre comercio; y en el tema de participación política, se discutirá la reforma que podrá incluir la elección popular para cargos como contralor, fiscal, procurador general y la democratización de los medios de comunicación.

A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación, así como garantizar la no repetición del conflicto. Otro de los temas claves que deberá someterse a consenso es el que permite que los guerrilleros —o al menos los máximos comandantes— puedan participar en política, lleguen al Congreso de la República y puedan llegar a conformar un partido político.

Lo cierto es que tanto las FARC-EP como el Gobierno colombiano saben que ninguno de los dos exterminará al otro, son cincuenta años de lucha y ninguno de los dos ha tenido al adversario en precarias condiciones militares. Los paramilitares sobreviven ligados al narcotráfico, los otros grupos insurgentes esperan iniciar su proceso de conversación para la paz, una vez que concluya el del Gobierno y las FARC-EP.

Sin embargo, todo lo pactado entre el Gobierno y las FARC-EP deberá ser refrendado por el pueblo colombiano, esto avalará y legitimará los acuerdos de paz y así las FARC-EP tendrán la certeza suficiente de que los acuerdos que más les importan, como los de justicia transicional, les serán cumplidos para que dejen las armas. Es obvio que las fuerzas uribistas harán todo lo posible por echar abajo los acuerdos y la llegada de la paz a Colombia; sin embargo, estos acuerdos harán desaparecer a estos sanguinarios paramilitares y todos sus séquitos políticos.

Colombia no ha cambiado mucho en estos cincuenta años, sigue ampliándose la brecha entre ricos y pobres y la mala distribución de las riquezas, sigue imperando el narcotráfico, la intolerancia y la violencia.

Pero la llegada de la paz le permitirá crecer y desarrollar programas de inversión foránea que le permitan tener un mejor desarrollo económico y mejores perspectivas socioeconómicas para las nuevas generaciones.

ECONOMISTA