Decodificando valores: Política urbana

Hace unos años, tuve la oportunidad de ejercer como director del Departamento de Permisos de Construcción de una ciudad en el exterior. Tras años en la empresa privada, consideré apropiado aplicar mi experiencia para el beneficio de los ciudadanos de esa ciudad, quienes, atascados en la máquina burocrática, menos cuentan con los recursos para completar sus largos y complicados trámites.

El sector de la construcción maneja mucho dinero, especialmente con relación a los derechos de construcción que la municipalidad otorga. Según la ley de este país, el Concejo Municipal puede otorgar ciertos derechos a discreción, lo que se traduce en muchísimo dinero. Además de estimular el clientelismo, esta situación permite que los políticos del Concejo Municipal, de facto, influyan más en el diseño de la ciudad que arquitectos o el ingeniero municipal y, consecuentemente, en la vida de todos los ciudadanos, por generaciones.

El diseño de ciudades (específicamente en esta envejecida ciudad: la renovación urbana) es una tarea extremadamente compleja, en la que están involucrados muchos campos: desde el transporte hasta el diseño de infraestructuras, sanitización, escuelas, industria, etc. Diseño urbano sin coordinación ni responsabilidad trae consigo graves consecuencias a corto y largo plazo en la calidad de vida de todos: desde cuánto tiempo se pierde en transporte hasta la vista desde el balcón. Esto afecta no solo en el valor de una vivienda, la más grande y emocional inversión, sino en la calidad de vida de todos los usuarios de la ciudad (residentes y visitantes), lo que influye, a su vez, en la prosperidad del país.

Para mí, esta experiencia fue ofuscante, pues tuve que lidiar con políticos recién elegidos, provenientes de la oposición. Ellos vinieron sedientos por deshacer todo lo que sus rivales habían hecho antes, sin importar si esto contribuía o no a la calidad de vida de sus ciudadanos. Aunque ellos declaraban públicamente que actuaban por el bien de todos, a puertas cerradas solo pensaban en sus propios intereses, como indignar a sus opositores y como ayudar a sus allegados. En mi trabajo, esto significaba la priorización de ciertos proyectos y el retraso de los demás, una arquitectura inferior, una gran “fluidez” de las decisiones sobre política urbana, sin transparencia ni profesionalismo y la promoción de una cultura de “palancas”. La repuesta a mi suplica sobre una clara política urbana era siempre “caso por caso”. O sea, los derechos se establecían según un acuerdo confidencial entre el político y el empresario, poco importando normas profesionales de diseño urbano, como densidad, infraestructura, transporte, estética, etc.

Ver cómo el “método” funcionaba desde adentro, me decepcionó en varios niveles: los políticos no eran muy sutiles en esconder sus intenciones corruptas; muchos “clientes” (los empresarios que solicitan permisos de construcción) se oponían, pero la mayoría al final se ajustaba, pues el precio del atraso o menos derechos era más alto que su moralidad. El gran problema es que este comportamiento no solo afecta este ámbito, sino que promueve una cultura general de clientelismo, en la que se supone todos se incluyen (lo que no es cierto). Lo seguro es que aquel que no juega según estas asumidas reglas, queda fuera del juego.

A pesar de lo difícil que sería eliminar la corrupción en general, la política urbana, por lo menos, debería excluirse, considerando su complejidad y el gran impacto sobre la población en general, presente y futura. El diseño urbano debe dejarse a los profesionales. Las más exitosas ciudades, París o Nueva York, lo son, en gran parte, gracias a planes maestros de calidad. Una ancha avenida, como los Les Champs-Élysées o un Parque Central, contribuyen al éxito de una ciudad y país tanto como una responsable política inmigratoria, legislativa o tributaria. La politización del diseño urbano es una de las negligencias más graves que hay, pues afecta a todos, incluyendo a los mismos políticos que la imponen.