3 de noviembre sin democracia

Hoy que se cumple un año más del momento en que Panamá, a partir de su separación de Colombia, inició su largo, difícil y sacrificado camino de convertirse en una República plenamente soberana, nuestro país se encuentra en una nueva encrucijada que pone en peligro su propia existencia como Nación.

En efecto, la propia naturaleza del actual gobierno, que busca reconstruir, renovar y profundizar las condiciones que faciliten la generación de ganancias y acumulación de capital y riqueza de los sectores dominantes, ha significado un claro retroceso en la lucha por la plena soberanía, permitiendo la reinstalación de bases militares en el suelo patrio. Nos encontramos, entonces, frente a un gobierno, que siguiendo los dictados de la corrupta cúpula empresarial, decidió sacrificar la soberanía nacional a cambio de contar con un ejército extranjero que le sirva de protección para avanzar en su proyecto antidemocrático, antinacional y antipopular.

En el plano de la política se trata de un movimiento que, en lugar de intentar avanzar, desde la democracia de baja intensidad que ha caracterizado nuestra realidad, busca imponer un régimen autoritario, manejado directamente por la oligarquía económica. El mismo ha mostrado su naturaleza en las acciones represivas, preñadas de violaciones a los derechos humanos. Se observó en el proceso que llevó a la imposición de la Ley 462 de 18 de marzo de 2025, la cual no solo liquidó la existencia de la seguridad social solidaria, si no que, además, abrió las puertas a la privatización de los recursos que maneja la CSS, así como a su desnacionalización en favor del capital financiero global – dominante.

En el plano económico se trata de un gobierno que utiliza la fuerza del Estado para ajustar y transformar las relaciones sociales de producción y distribución, a fin de potenciar los intereses de la corrupta cúpula empresarial. Esto queda claro en dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, se trata de una política en la que el creciente déficit fiscal, producto de la corrupción del sector empresarial, que genera una enorme evasión y elusión tributaria, se busca resolver con una falsa política de austeridad, la cual se expresa en un presupuesto que castiga el gasto en salud y educación, mientras que potencia el gasto en el aparato militar - represivo del gobierno, a la vez que descuida el gasto policial que debería utilizarse en la protección de la población. En todo esto es muy evidente que como el gobierno de turno nunca se refiere a la evasión y elusión del impuesto sobre la renta de las empresas, los que representan el grueso del hueco fiscal que aqueja al país. La idea es que este sector no solo acumule ganancias, sino que practique en forma descarada la llamada acumulación por desposesión, es decir basada en la rapiña.

También se trata de la acumulación por desposesión basada en la depredación del medio ambiente. Tal es el caso del objetivo del actual gobierno de imponer un modelo extractivista, que complemente el tradicional estilo de desarrollo transitista. Esto se evidencia actualmente en el intento, apoyado por el gobierno y la minera transnacional, de reabrir la contaminante mina de Donoso. El interés de los sectores económicamente dominantes es beneficiarse como proveedores de bienes y servicios a la mina, esto significa que, como grupo subordinado al capital globalizado, se conforman con las migajas.

Si bien es cierto que enfrentamos al gobierno autoritario - represivo de los sectores económicamente dominantes, lo cierto es que el mismo tomó conciencia, sobre todo en el 2024, que su hegemonía ideológica – política había quedado seriamente cuestionado por las movilizaciones masivas de la población y el fracaso del proyecto de concesión minera. Es esto lo que explica la necesidad de la oligarquía económica que domina al Estado de lograr pasivisar a la población y la restauración de su hegemonía.

Para esto, en un primer momento, se recurrió a la brutal represión. Esta tenía no solo el objetivo de pasivisar violentamente a la población, sino de decapitar a los movimientos sociales. Ahora, sin renunciar al uso de la represión, se ha iniciado un proceso de captación de algunos sectores sociales, dispuestos a rendir las banderas de la lucha social a cambio de los magros recursos del seguro educativo. Este es el caso de las recientes transformaciones observadas en Conato, que impulsan un sindicalismo amarillo - corporativista dominado por el Estado.

Se trata de consolidar todo el aparato educativo como un vehículo de transmisión de la ideología de los sectores dominantes, desarrollando una reforma educativa guiada por el Estado autoritario. Para esto entienden que hace falta terminar el proceso de decapitación de las dirigencias de los gremios de educadores, así como la cooptación de parte del mismo.

Es indispensable unificar, organizar y movilizar a la población en la búsqueda de un modelo de desarrollo nacional, democrático, socialmente justo y respetuoso del medio ambiente.