A propósito del nuevo Gobierno

No hay duda que las recientes elecciones confirmó el hastío que una gran parte de la población siente ante la forma de gestionar la cosa pública por parte de los diversos grupos políticos, no solo del reciente Gobierno, sino de los anteriores a este. Vale señalar que este status quo económico-social viene de la mano con situaciones coyunturales y con deformaciones de tipo estructural, manifiestas en el ámbito productivo como el del ordenamiento jurídico, incluyendo procesos simples que institucionalmente afectan, en demasía, el nivel de bienestar del que la población siente que puede gozar.

Seguramente, este sentimiento de decepción será superado en la medida que en el nuevo Gobierno muestre suficiente voluntad y capacidad operativa para atender los monumentales desafíos que tendrá que afrontar, a saber: el abastecimiento del agua, tanto para el consumo del canal como para el consumo humano; el déficit de los diversos programas del seguro social y sus problemas estructurales administrativos; el desempleo y el empleo formal, muy en particular, del segmento más joven de la población; los aspectos fiscales que vienen asociado a la marcada brecha entre ingresos que recibe el gobierno y los gastos que este realiza; agravado por la existencia de un régimen de recaudación ineficiente, con prácticas fiscales, por demás “condescendientes” con determinadas actividades económicas y con políticas de gastos que terminan por promover escasamente la productividad, favoreciendo a ciertos grupos de interés y, con ello, hábitos ajenos al bienestar derivado del esfuerzo productivo. Asimismo, aparte de la deuda pública, por cuyos servicios habrá que pagar varios miles de millones al año entrante; se adiciona el aumento del riesgo país, dado a la luz de los estallidos sociales que tuvieron lugar a finales del año pasado y que culminan con el cierre de la actividad minera, hechos, que a criterio de una de las calificadoras de riesgo, fue suficiente para haber perdido el grado de inversión. El inversionista lo interpreta como una amenaza a la seguridad y al clima de confianza que debe reinar para el éxito de la inversión.

Ciertamente que, inspirados en principios centro-derechistas del gobierno recién estrenado, se sugiere que, casualmente, la empresa privada, vía mercado, juegue el papel protagónico en el crecimiento económico y, con ello, en la solución de los diversos problemas sociales que puedan derivar de ese crecimiento. Entonces, cabe resaltar, que esto será posible solamente generando las condiciones que demanda el capital privado, ante todo aquel con capacidad de generar empleo formal, de mayores cotizaciones a la seguridad social, etc. Esta consideración el Gobierno habrá de tenerla como prioridad en su agenda inmediata, a corto plazo, pero que seguramente surtirá efecto a más largo plazo. No obstante, dado el compromiso tácito que los actuales gobernantes han adquirido con ese segmento de la población que le dio su apoyo, convencido, entre otros, con aquello de: “más chen chen en tú bolsillo”; cualquiera acción de gobierno, con visos libertarios, tendrá que ir acompañada con una dinámica intervencionista del estado, vía presupuesto, lo que en cierto grado podría contrariar la intención anterior, al menos que se busque el rediseño de un sector estatal más eficiente, austero, que sea capaz de “hacer más con menos” , pensando primero, en lo prioritario y, luego, en lo más importante.

Tal como se desprende, se trata de aspectos socio-económicos harto complejos, por lo que no se deben esperar soluciones ”inmediatas”. Plata, probablemente lo habrá; pero en lo inmediato, ¡no hay! Atención: Esto puede entrar en conflicto con la conciencia de esa masa votante, con aspiraciones truncadas y con capacidad de tolerancia y de espera agotadas; por lo que corre el riesgo de seguir extendiendo su frustración con las concebidas consecuencias para todos.