Abuso de autoridad, ¿de quién?

Cuando, en enero de 2010, los cinco magistrados de la Corte Suprema que hicieron mayoría para tomar la decisión de suspender de su cargo a la entonces procuradora, Ana Matilde Gómez, fueron contundentes al sustentar su resolución. Dijeron éstos, sin mostrar duda alguna, que se estaba ante un delito doloso y que resultaba ‘imperdonable para un funcionario comprometido con la administración de justicia’, al emitir el acto procesal por el que se le investigaba, ‘desconocer y aplicar normas básicas constitucionales y la doctrina jurisprudencial sobre la materia’.

A ello adicionaron que dicha funcionaria no podía aducir error o ignorancia en su actuación, toda vez que era una excusa inadmisible ‘tratándose de un servidor público y con mayor razón de una esfera superior en las instancias comprometidas ya sea con la investigación criminal o de impartir justicia’. Posteriormente, en agosto de 2010, esos mismos cinco magistrados declararon culpable a la procuradora general por la comisión del delito de abuso de autoridad.

Hasta ahí lo que pareciera una actuación ajustada al Derecho, de unos magistrados comprometidos con su función de hacer justicia, en este caso, la de declarar culpable a una funcionaria por haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones.

No obstante, la verdad es otra. Quienes así procedieron como magistrados de la Corte no actuaron por convicción propia ni apegados a los hechos y al Derecho. ¿En qué fundamentamos esta afirmación?

Una lectura del libro de Fernando Berguido, Una vida póstuma, da respuesta a esta pregunta cuando relata sobre la conversación que mantuvo con el presidente Martinelli, en enero de 2010, acerca de la propuesta que éste le hizo para contar con el apoyo del diario La Prensa ‘de su decisión de sacar del puesto de procuradora’ a Ana Matilde Gómez y de su negativa, rotunda, de no prestarse a tal arbitrariedad. En el libro queda consignado que el presidente le manifestó que ‘ya había hablado con los magistrados de la Corte, o con algunos de ellos, para juzgarla y sacarla del cargo’ (pág. 330-331). He ahí la respuesta, he ahí la verdad de dicho proceso penal.

El deseo y la decisión de un presidente de ‘sacar de su cargo’ a una funcionaria, aun cuando ello implicara violar la Constitución y la Ley, para lo cual contaba con la mansedumbre de unos magistrados que le dijeron sí y se pusieron a su orden para tal fin. Eso es lo que explica que se haya convertido, en delito, un hecho que a todas luces no lo era. En ese momento y en ese contexto, varios fueron los que, coqueteando unos con el poder y muy pocos porque creyeran que sí había delito, se hicieron eco y se sumaron a ese deseo e intención del presidente. Lo que sí es cierto es que el resultado de ese proceso penal ya se había decidido de antemano, se hiciera lo que se hiciese en contra de esa arbitrariedad; había que sacar a una funcionaria de su cargo porque el presidente así lo quería y para lo cual, ‘ya había hablado con los magistrados de la Corte, o con algunos de ellos, para juzgarla y sacarla del cargo’.

La historia de este caso no estaría completa si no adiciono lo siguiente: quienes presentaron la querella contra la procuradora Ana Matilde Gómez, también me querellaron en mi condición de secretario general de la Procuraduría. A raíz de mi renuncia del Ministerio Público esta parte de la querella quedó radicada en la Fiscalía Tercera Anticorrupción, la que envió el sumario solicitando un sobreseimiento provisional y el Juzgado Tercero Municipal consideró que procedía dicho sobreseimiento, ‘toda vez que no se demostró de modo fehaciente que existió dolo directo en la conducta del querellado... por cuanto que se encontraba totalmente convencido que la Procuradora General de la Nación era autoridad judicial y por ende se encontraba facultada para autorizar esta clase de acto ahora querellado’.

Como resulta fácil deducir, la independencia que no tuvieron ni demostraron los cincos magistrados de la Corte en el caso de la procuradora, sí fue asumida por el tribunal que por los mismos hechos me sobreseyó, al considerar que no había incurrido en el delito de abuso de autoridad.

Hace poco, finalmente, uno de esos cinco magistrados, hoy ya fuera de la Corte, hizo unas declaraciones, por motivo de un caso en el que el presidente se manifestó a favor de uno de los implicados, diciéndole al presidente, ‘señor presidente de la República saque las manos de la justicia panameña’. Qué bien que lo haya dicho, pero que tarde que lo haya reconocido, pues cuando le correspondió como magistrado poder decirle al presidente que sacara las manos del caso de la procuradora Gómez no lo hizo y, por el contrario, dejó que metiera las manos y se prestó para que éste lograra su propósito, aun cuando ello conllevara torcer la justicia. La pregunta, por tanto, es, ¿quiénes abusaron de su poder? Los hechos señalan quiénes fueron y ante la historia, al rendir cuentas, cada uno asumiremos nuestra responsabilidad.

EX SECRETARIO GENERAL DE LA PGN.