¡Todos somos accionistas!

El Canal es patrimonio de la nación y, por consecuencia de todos los panameños, aún de aquellos que hubieran preferido que siguiera bajo el control de EE. UU., a perpetuidad. Y por ser patrimonio nacional todos somos accionistas, con derecho a preocuparnos por su funcionamiento y a recibir explicaciones y rendición de cuentas de parte de aquellos a los que hemos confiado su administración. Pero desafortunadamente no todos lo entendemos así.

Dentro de la organización de la administración del Canal existen mentalidades retrógradas, que asumen posturas que los retratan como herederos de actitudes colonialistas; personas que, desgraciadamente, piensan que todavía subsiste ‘la quinta frontera’; que ellos son un sector aparte, una especie de republiquita, segregada del resto de la nación. Tal vez algunos puedan pensar que se exagera cuando se avanzan estas apreciaciones; pero no es así.

Fue una buena decisión política, que, para evitar que la administración del Canal quedara expuesta a los vaivenes de la politiquería criolla y asegurar su autonomía, tanto administrativa como financiera, se creara un régimen de excepción, el Título XIV de la Constitución, sobre el Canal de Panamá, después desarrollado en leyes y reglamentos especiales. Creo que todos somos conscientes de que de no haberse protegido, con esas salvaguardas, nuestro principal activo, ahora tendríamos que lamentarlo. Pero, también es un hecho que ese régimen especial ha propiciado actitudes segregacionistas y exclusivistas.

De siempre me ha parecido fuera de lugar, por ejemplo, que todos los años se remarque que la Autoridad del Canal contribuye al Presupuesto General del Estado con tantos o cuantos millones, o que, como ocurrió recientemente, se considerara como una especie de revelación indigna y hasta atentatoria de la autonomía de la ACP, que se divulgara que a uno de sus más altos ejecutivos se le investigaba por faltas éticas.

Desde hace un buen tiempo, muchos compatriotas, entre ellos, quien suscribe, en más de uno de mis escritos, hemos estado advirtiendo contra las ‘políticas avestruz’ de los directivos de la ACP, sobre las alternativas que en otros países se proyectan o comienza a tomar forma, para competir con nuestro canal o sobre la falta de información, o el retraso en brindarla, en relación con los problemas que confronta el proyecto de la ampliación.

Cuando la ACP ‘le vendió al país’ el proyecto de la ampliación, literal y materialmente, nos inundó con folletos, panfletos, páginas de periódico y atiborrantes despliegues en los medios televisados. Todo era color de rosa y todo estaba previsto y calculado al milímetro y al centésimo. Pero ahora es claro que no lo era tanto. Y, por consiguiente, es urgente y, sobre todo, su obligación ineludible, que la ACP satisfaga, con explicaciones, igualmente prolijas y abundantes, las inquietudes y preocupaciones que, con razón, cunden y crecen por todos el país.

Por lo que ha trascendido, el precio contratado es ahora disputado por el contratista, la obra sufrirá considerables retrasos, es casi inminente que la ACP o la empresa aseguradora que otorgó las fianzas de cumplimiento tengan que sustituir al contratista y asumir la terminación del proyecto, los ingresos prometidos no serán los que se anunciaron y tampoco llegarán para cuando se prometieron, las esclusas fueron secuestradas, etc., y muchos más etcéteras.

Para nada es negativo que los directivos de la ACP brinden explicaciones a los Ejecutivos de Empresa, al CoNEP o a la Cámara de Comercio; pero sí lo es que los administradores del Canal no sientan como su obligación rendirle cuentas al resto del país.

Si los contratos son claros y nuestros intereses, los de todos los accionistas, están protegidos, que nos lo demuestren, con explicaciones claras y sencillas, de manera abierta y sin tapujos. ¡Pero que lo hagan ya! De lo contrario las dudas y las especulaciones aumentarán y, también, disminuirá la confianza que hasta ahora hemos tenido en quienes tienen la responsabilidad y la obligación de administrar y cuidar, con más celo que un buen padre de familia, nuestro principal bien patrimonial.

PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE.