Acuerdo Nacional

Frente a las actuales circunstancias, el solo hecho de plantear un acuerdo, parece positivo. Acordar, implica conciliar las partes en desacuerdo, componer o arreglar las diferencias; el término deriva de la voz latina que significa unir los corazones; propósito, que a prima facie, sería ideal, para establecer un ambiente de armonía, que nos permita superar la actual coyuntura; Se buscan acuerdos cuando las diferencias superan las coincidencias entre las partes e impiden el desarrollo o avance de un plan de trabajo; diferencias que primero generan inconformidad, pero de acentuarse o prolongarse, frustración y rechazo hacia el ofensor; como podría estar ocurriendo actualmente, cuando el descontento es generalizado; producto de acumulación; exacerbado por la corrupción, más la incongruencia entre discurso y ejecución del presidente.

No obstante, debemos precisar algunos conceptos, antes de que el entusiasmo nos confunda y creamos factible la conversión de los tigres al vegetarianismo. Lo peor en este escenario es que el ingrediente principal de la crisis estructural e integral es la falta absoluta de credibilidad, tanto de las autoridades como de los voceros de los partidos políticos; requisito indispensable para producir consensos, porque en ausencia de moral, ningún acuerdo vale siquiera lo que cuesta el papel a firmar. Y así sería absurdo, para las víctimas, esperar resultados positivos de una negociación con sus victimarios; desconfianza acumulada a través de años de promesas incumplidas, de acuerdos que solo han servido para manipular la justicia, asegurar la impunidad y profundizar la corrupción; porque el poder político responde al poder económico, que compensa a sus instrumentos, permitiéndoles aumentar su patrimonio y el de sus cercanos sirvientes; todo ello, en perjuicio directo del resto de la ciudadanía; por lo cual somos un país con profundas desigualdades sociales.

Así es como la caricatura de democracia mantiene estable las reglas que les permite, a la minoría interna, en alianza con el capital financiero internacional, usufructuar los recursos y el producto del trabajo del resto de la población. Autoridades, cuyo deber es proteger y servir, cometiendo toda clase de fechorías; como si la prioridad fuese saquear los recursos públicos; habiendo institucionalizado ya la corrupción; expresada esta en abusos y excesos de todo tipo que, ahora, la crisis sanitaria dejó al descubierto, en toda su crudeza y sevicia. Por eso los desplantes e insultos del sector empresarial, el silencio de los encargados de perseguir el delito y el empecinamiento del presidente en proteger a los presuntos involucrados en tan repudiables patrañas.

Los voceros e interesados en dicho conciliábulo comprenden bien que en ellos, ni credibilidad ni confianza, solo que están determinados a perpetuar el modelo de iniquidad vigente; pero deben saber los apátridas, que ni es tanta su astucia ni somos tan tarados; la mayoría absoluta del pueblo, que históricamente ha sido víctima de sus felonías, sabe que solo buscan sortear el temporal, bajar la presión por el repudio ante la asfixiante corrupción y el rotundo fracaso de la gestión; negociar espacios y ganar tiempo, para mantener estable el andamiaje de explotación que les ha permitido acumular excesos a expensas del sacrificio del resto de la población; no obstante que las actuales circunstancias exigen y justifican, plenamente, un nuevo contrato social; iniciar el saneamiento integral de la administración de justicia, para frenar la impunidad y la corrupción.

Reestructurar la institucionalidad del Estado, y mejorar, integralmente, el servicio público; disponer nuestros principales recursos, como la plataforma de servicios y el Canal, a favor de las necesidades de la mayoría; porque es un crimen de lesa humanidad la existencia de bolsones de miseria, de extrema pobreza, con un sistema sanitario colapsado y una educación desmantelada y deformadora.

Es un deber ético para todo ciudadano y particularmente para los jóvenes, que constituyen la generación de relevo, asumir el reto y unir esfuerzos por una Constituyente originaria, con plenos poderes, porque es la vía racional, pacífica, incluyente y única capaz de conferirle legitimidad al ejercicio del poder público; es la plataforma requerida para definir y concertar un Proyecto Nacional de Desarrollo; iniciativa que los cómplices y beneficiarios del modelo concentrante y excluyente rechazarán, con todos los recursos y medios a su alcance, conscientes de que el poder en manos del pueblo, significa que se hará justicia, se les incautarán los bienes mal habidos y enjuiciará a todos los que hayan participado, directa o indirectamente, en peculados o actos lesivos al patrimonio público.

La farsa de la partidocracia, con sus procesos electorales, solo sirve para que la tiranía institucionalizada, cada cinco años, cambie al verdugo y todo siga igual o peor; por ello, los cambios de fondo son urgentes e inaplazables; porque solo así, las legiones de engañados, con promesas de campaña y estrellas de fantasía, comprenderán que mientras prevalezca el modelo existente, jamás llegará un redentor, que favorezca a los más necesitados. Basta de ilusiones, arrepentimiento y frustración; nos sacudimos la ahuevazón y hacemos lo debido o le compramos el nuevo cuento a los victimarios... ¿Usted qué opina?