El agua dulce

A principios de esta semana el Administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, anunció el cobro de una tasa por el uso del agua dulce en las operaciones del Canal.

Salvo el comunicado que ayer emitió la Cámara Marítima al respecto, y en el que expresa su preocupación por una medida “tomada sin previa consulta”, poca repercusión se ha notado respecto a una decisión que se puede considerar como histórica.

Así porque el Canal de Panamá es ante todo “un puente de agua”, sin la cual no pasaría un solo barco por sus 50 millas de recorrido.

El anuncio de Vásquez es en el fondo la reivindicación de un recurso, y de un derecho, por años omitido, porque el agua dulce es el petróleo panameño, utilizado de manera gratuita por más del siglo que lleva operando el Canal de Panamá.

Y no se trata de ninguna reivindicación romántica o ligada estrictamente al sentimiento patriótico que animó las jornadas del siglo XX, sino de un riguroso ejercicio económico y la aplicación de un derecho soberano.

Desde el momento en que el agua dulce es llevada hasta el cauce del Canal y sirve para mover los buques que lo transitan, hay en esa operación una inversión y un uso de fuerza y recursos, para la realización de una operación posterior. Es una mercancía por la que no se ha pagado hasta hoy. Lo mismo pasa en las hidroeléctricas, donde también el uso ha sido gratuito.

Es como la operación en la que un conductor detiene su auto ante una estación de gasolina. Nadie puede usar ese combustible para mover su auto sino paga por ello. En Panamá, por más de cien años se ha dejado de pagar por el agua dulce que ha movido al día decenas de buques.

En consecuencia, el anuncio del administrador Vásquez puede y debe interpretarse como el ejercicio soberano de Panamá sobre su principal recurso natural: el agua dulce, que el que permite que cerca de un 4% del comercio mundial transite de un océano a otro.

Que la medida fue aplicada “sin previa consulta”… veamos. Es cierto que Panamá ha mantenido, desde que el Canal revirtió una política de consulta con los usurarios respecto a los movimientos de costos en el mercado internacional, y ha habido una cooperación justa, pero en el caso del agua dulce, se trata de un recurso estrictamente nacional del que todo el mundo ha usufructuado, menos Panamá, y una decisión como esa compete a los panameños.