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- 15/02/2015 01:00
El amparo de una familia que aún no recibe justicia
En este mundo todo sale a la luz y en Panamá, tan pequeño, las cosas se conocen más rápido, sobre todo si son malas noticias. Lo lamentable es cuando hay hechos violentos con saldo de víctimas inocentes, la justicia no camina y pareciera ser cómplice de los delincuentes. Esta última semana, escuché tristemente al abogado de los familiares de los jóvenes panameños secuestrados y asesinados de La Chorrera pedir un amparo de garantías constitucionales para que la Fiscalía realice pruebas importantes que pueden orientar la investigación hacia otros culpables que quieren pasar agachados.
Este es uno de esos casos donde la justicia no camina. En el 2011 el secuestro y asesinato de los jóvenes nacidos en Panamá, con vidas como la de cualquier otro muchacho, llena de sueños y metas por realizar, representó un duro golpe que conmovió a la comunidad que se pronunció enérgicamente, hoy, aún, los familiares de Samy Zeng, Georgina Lee y Joel Mauricio Liu Wong, piden justicia.
Lo que he leído de lo que solicita la parte afectada, una evaluación forense de tres esposas que fueron halladas a uno de los albañiles implicados, con el propósito de determinar si tenían tejido o fluido corporal de una de las víctimas. Además, recuperar un arma de fuego calibre 25 que el dominicano, principal señalado, dijo que fue utilizada para causarle la muerte a una de las víctimas.
Estas pruebas deberían ser parte del expediente y no lo son y las autoridades se han negado a realizarlas desde hace más de un año, lo que ha obligado a la acción del amparo de garantías. ¿Qué han averiguado los familiares de este hecho y qué se oculta? ‘En el informe forense se determinó que uno de los cadáveres presentaba una herida mortal en el cráneo de un arma de fuego y de allí que quisiéramos saber la procedencia de esa arma, si pertenecía a los particulares o una institución pública y así deslindar responsabilidades’, dijo el abogado Samuel Quintero. Esta declaración nos deja algo amargo en el paladar, pareciera que estamentos de seguridad están involucrados y alguien los protege. Para esa fecha Panamá contaba con las famosas máquinas pinchadoras, es aquí donde debieron ser empleadas.
Pero ¿cómo hacerlo si ellos mismos tuvieron participación, por qué dilatar el proceso de investigación, evitando la práctica de algunas pruebas y por qué el auto de llamamiento a juicio sin que antes se resuelva esta solicitud? Son interrogantes que nos dicen que las cosas no están del todo claras y que no están todos los responsables señalados en el expediente. Hasta el momento, hay ocho detenidos, tres de origen dominicano.
No pierdo la esperanza en la justicia panameña tras los últimos acontecimientos, pareciera que la gente está comprendiendo que el pueblo no es tonto y tarde o temprano todo sale a la luz y esta situación triste y dura para los familiares de los jóvenes de La Chorrera no será la excepción.
PERIODISTA