Un asilo y muchas interpretaciones políticas

El asilo territorial otorgado a la doctora María del Pilar Hurtado, ex directora general de la policía secreta (DAS) de Colombia ha generado una tempestad mediática de uno y otro lado de la frontera colombo-panameña, que no se justifica y que más allá del hecho mismo lo que desean sus detractores locales, aquí y allá, es aprovechar la oportunidad para golpear a sus gobiernos y ajustar cuentas políticas.

Por los lados de Bogotá se la tilda de una gran irresponsabilidad política y de un acto inamistoso con el gobierno del presidente Santos. La prensa colombiana sostiene que se ha hecho una interpretación torcida del asilo en la que se perjudica y lesiona la imagen de su país, además de constituirse en un golpe que lastima y va en claro detrimento de la justicia colombiana. Por su parte el gobierno, a través de su cancillería se lamenta de que no fuera informada y manifiesta oficialmente en un comunicado posterior que no habrá nota verbal de protesta.

De hecho el gobierno panameño ha aclarado que la medida tomada no puede interpretarse como de arreglo de recámara para proteger al ex presidente Uribe, a funcionarios de alto y mediano perfil, de este o del anterior gobierno que trabajaron o siguen trabajando para el gobierno del presidente Santos y pudieran en algún momento estar implicados en el caso de las ‘chuzadas telefónicas’, como se sugiere, y que se actuó con ‘el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social de la región’, y en mi opinión, actuando soberanamente y ajustado a las normas establecidas en la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial y el Pacto de San José, sobre la base de los Derechos Humanos, que expresa que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.

Hay que tener claro que la ex funcionaria colombiana, si bien se la menciona en el caso de las ‘chuzadas’, no ha sido incriminada aún ni mucho menos indagada o vinculada judicialmente en ese proceso, como ya se da por hecho en Panamá. La base de su solicitud de asilo ni tan siquiera fue por ello. La doctora Hurtado invocó temores sobre su seguridad personal. Todos podemos recordar sin mayores esfuerzos todos los crímenes de lesa humanidad que las organizaciones delincuenciales han cometido contra sindicalistas, líderes comunales, ministros de Estado, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, candidatos presidenciales y ciudadanos de bien entre los que se cuentan comerciantes, industriales, ganaderos, inversionistas, labriegos, profesionales, en fin, la lista de los muertos y secuestrados, por las organizaciones criminales y cazarrecompensas es grande, muy grande, de manera que afirmar que la vida de la doctora Hurtado en Colombia está garantizada es ilusorio.

Pero la opinión pública vertida a los medios y reproducida por ellos, la rechazan y hasta hacen una insustancial e inicua comparación en cuanto a que por un lado el gobierno panameño ha concedido asilo a la doctora Hurtado, una persona procesada y acusada por supuestas víctimas de espionaje político y que por el otro condenó y destituyó a una ex procuradora Gómez, sin advertir, primero que ella fue investigada, encausada, juzgada y condena, y segundo que quienes llevaron todo el proceso que determinó su situación jurídica fueron las autoridades judiciales, no el Ejecutivo. La doctora Hurtado no está en una situación ni parecida con la de la licenciada Gómez, la ex directora del DAS no ha sido llamada a indagatoria en todo este proceso, situación que le permitió salir legalmente de Colombia, como naturalmente pudiera regresar de la misma forma si su vida no corriera peligro.

El Estado panameño conoce de la situación legal y política que rodea el sonado caso de las ‘chuzadas telefónicas’ y de la compleja situación política que vive Colombia. Los enemigos del sistema democrático llevan años tratando de socavar la democracia y el orden constitucional, desde dentro y fuera de sus fronteras, al ex presidente Uribe, al presidente Santos, al Ejército, a la Policía, al DAS y a todas las agencias de seguridad y defensa del Estado se les acusa de violadores de los Derechos Humanos, principios en los que estos denunciantes se escudan cuando son descubiertos. Ellos no son otra cosa que pregoneros solapados al servicio de su ideología, que es la de acabar con la democracia e instaurar una dictadura fascista vacía y falaz como la del Socialismo Siglo XXI. No le juguemos a los inocentes ni caigamos en sus emboscadas políticas. Para Colombia ha sido duro alcanzar la democracia y más difícil aún les ha sido conservarla, no vale la pena darle la razón a quienes la atacan desde las oscuras madrigueras.

Pudiera haber muchas más interpretaciones como opiniones diversas, pero lo cierto es que es al Estado que concede el asilo, territorial o diplomático, al que corresponde calificar las causas que lo motivan, así lo dice la letra y espíritu de todas las Convenciones y Pactos interamericanos vigentes sobre estos derechos, lo demás es paja, como dicen los colombianos.

*EXPERTO EN RELACIONES INTERNACIONALES.