¿Avanzamos o retrocedemos?

Siempre hay que partir de dónde estamos o de dónde venimos. Tenemos un país que tiene un gobierno empeñado en llevar a cabo inversiones enormes en infraestructuras, que mantiene un crecimiento económico envidiable cercano al 5%, que tiene tasas aceptables de desempleo, con un aumento en la cotización a la Caja del Seguro Social, y una fuerte inyección de inversión extranjera y nacional.

Tenemos un país que ha puesto a funcionar la redistribución de sus ingresos a través de un fuerte incremento tributario, que va desde un impuesto fijo a los ingresos netos de ciertas empresas, sin consideración de sus gastos deducibles, hasta un aumento en el impuesto al consumo, pasando por un aumento en el impuesto al consumo de bienes suntuosos. Y un gobierno que ha implementado, dentro de esa política de equilibrio social, el aumento en el salario mínimo más alto de los últimos cuarenta años.

En otras palabras, incluso para los más críticos, sería difícil pretender que el país no esté caminando en la dirección correcta. Y, sobre todo, que, a partir del 2009, escogimos la alternativa política con la capacidad de enfrentar con seriedad los problemas de transporte, de educación, de salud y de seguridad ciudadana.

Sería la oportunidad propicia para expresar que pronto el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, conocido como IVM, podría estar nuevamente amenazado por un déficit actuarial, por razones innatas al desarrollo de la institución; como lo son las mayores expectativas en la vida de las personas, el aumento en los precios de la medicinas y los tratamientos médicos, así como la disminución en el poder adquisitivo del dinero.

Y también debemos tomar nota del interés del gobierno de reformar ciertas leyes que permiten la capitalización de activos, para permitir la inversión de los mismos en infraestructura que redundará en beneficio de toda la población.

Por supuesto, que en ese marco, la denominada Ley Langosta, además de plantear un debate legítimo sobre la conveniencia o inconveniencia de algunas de sus disposiciones; más que eso, sigue marcando el camino ideológico centro — derechista del gobierno, y la ausencia de respuesta ideológica de los grupos organizados de la política y de la sociedad civil.

El gobierno no tiene empacho en manifestar que quiere controlar mejor el ejercicio del derecho a huelga por parte de los trabajadores, porque conoce de los abusos que se dan en esta materia; no tiene problema en regular restricciones a los estudios de impacto ambiental, por las exageraciones de la aplicación de estas regulaciones a temas que no los necesitan y no tiene problema en manifestar su deseo de proteger a los policías que ponen todos los días sus vidas en peligro para proteger a la comunidad, porque entiende que la burocracia policiva puede actuar desmejorando la moral de los miembros de la Fuerza Pública.

Asistimos a un gobierno que le está diciendo a su población de manera directa y concreta: ‘Nosotros privilegiamos un sistema político y económico menos tutelado por el Estado, en el que los particulares encuentren por iniciativa propia la satisfacción de sus necesidades fundamentales, dentro del sistema. Y, el camino para llegar a la consecución de esta meta, es la desregulación, y no lo contrario’.

Y se enfrenta a un grupo de ambientalistas, sindicalistas y políticos, para quienes la defensa a ultranza de estos derechos no se discute, pero que no encuentran los medios para articular sus objeciones en el marco de una defensa clara de los derechos del Estado a regular más y a tutelar cada día más la vida de los panameños.

Reafirmo lo dicho con anterioridad. El contenido de la ley merece un contrapeso de ideas sobre la conveniencia e inconveniencia de alguna de sus medidas.

Pero, en lo absoluto, la descalificación gubernamental, porque la oposición no tiene manera de articular una respuesta que deje de ser casuística y se convierta en una contrapropuesta con contenido ideológico y político.

*ABOGADO.