NUESTRO ENFOQUE - Barú: una situación delicada

Transcurrió este lunes con alarma, en las redes sociales, una confrontación entre policías y productores en el sector de Malagueto, distrito de Barú en la provincia de Chiriquí. Aunque la incursión de tractores destruyendo casas y plantíos es ya una noticia recurrente, lo novedoso es la forma que asumió el enfrentamiento.

Ninguna preocupación despertaría si hubiera sido verbal, pero fue a balazos, con dos policías y un productor heridos. ¿Qué tal si hubiese habido un muerto? Creo que la forma en como ha venido escalando el conflicto obligó a algunos medios a darle la cobertura que hasta ahora habían omitido. ¿Es que se agotaron los escenarios de diálogo, como para que el tema se esté manejando a nivel de jueces y pelotones del Senafront?

Imposible considerar el incidente como un simple llamado de atención. Desde hace algún tiempo, y de forma más reciente en febrero de este año, cuando fue arrestado Marvin Wilcox, el productor que encabeza las protestas de los lugareños, han sido más constantes las escaramuzas y amagos. En todo caso, lo de ayer podría ser la antesala de algo más grave, que las partes implicadas, fundamentalmente el Gobierno, están dejando pasar sin las previsiones del caso.

Urge identificar con sinceridad la causa del conflicto y tomar las medidas adecuadas para evitar mayores problemas. ¿Se trata de ‘precaristas', —como dijo una televisora— o de propietarios que se sienten burlados? ¿Las propiedades negociadas por el Gobierno del presidente Varela con la empresa se extienden hasta donde están actuando las unidades de Senafront, o ha habido un exceso? Es necesario definir el concepto, porque de allí en adelante podrían entenderse las decisiones que se tomen.

Lo que parece demostrado hasta ahora es que las medidas adoptadas por la o el juez de paz no han producido las soluciones esperadas; ni los productores abandonan el lugar ni cesa el desalojo, y, por el contrario, el asunto se sigue agravando.

Si hay asidero legal para las medidas practicadas hasta ahora, que se demuestren, que se divulguen y que las partes comprometidas las respeten. Pero si en el fondo subyacen violaciones a derechos legales, a aprobaciones del Estado que no fueron consultadas en el momento de concretar el acuerdo con Banapiña, entonces que se rectifique, si es que prevalecen en esta relación un Estado de derecho y de valores morales.

No es posible que se esté incubando allí una situación peligrosa que amenace con generar un conflicto lamentable a futuro, que: 1/ deje a la región sin la fuente económica que representa la empresa, o 2/ que, amparando una ilegalidad, se afecte a productores nacionales.

El acuerdo con Banapiña ha sido el primero que negocia el Estado panameño con una transnacional desde que la United Brands partió de esa región del país. ¿De qué manera lo hizo que se han generado estas inconformidades?

Por muchos años Puerto Armuelles ha sido una zona fantasma sin alternativa viables, ya sea porque los locales no cuentan con el recurso, o porque no ha habido voluntad para que el Estado respalde a los productores, o que estos se asocien con alguna empresa interesada.

Sería bueno saber si no existe una forma en que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.

PERIODISTA