Bolivia, entre la democracia participativa y el golpe de Estado

Washington no cesa de intervenir en su traspatio.

Mientras que el pueblo ecuatoriano lucha por derrotar mínimos ajustes económicos propuestos por el Antilenín Moreno para apaciguar al FMI y engañar a su gente, en Chile, millones de ciudadanos —esencialmente estudiantes— sorprenden al mundo desde hace casi tres semanas con la mayor manifestación de su historia, no convocada ni liderada por los usuales movimientos progresistas.

El levantamiento, con rasgos insurreccionales, de Chile, sorprende a analistas de todos los pelajes por su originalidad, dimensión, espontaneidad y perseverancia y rompe con los moldes paradigmáticos tradicionales, dejando consternados a su presidente, Santiago Piñera (cuya renuncia piden) y a las fuerzas represivas, que no saben cómo enfrentar las oleadas de chilenos que ya despertaron y han dicho, “¡basta”! Después de proclamar a Chile como un “oasis de paz”, Piñera le declaró la guerra al más grande enemigo: su pueblo.

En 1973, Washington decidió derrocar al presidente Salvador Allende, a quien asesinaron en La Moneda, para recuperar los recursos naturales nacionalizados y equilibrar geopolíticamente al mundo tras la derrota infligida a EU en Vietnam.

La carnicería desatada en Chile dejó cientos de miles de asesinados, heridos, torturados, violados y desaparecidos e inauguró la más abominable dictadura, que abrió las puertas al modelo neoliberal e hizo de Chile una vitrina hacia el exterior, un éxito económico que ocultó la desigual distribución de sus riquezas.

Chile es el séptimo país más desigual del mundo (0.50), en tanto que Panamá es el sexto (0.51) y aún no hemos tomado conciencia de este trágico hecho: que en Panamá hay más desigualdad económica (pobreza) que en Chile, y en nuestro país apenas empezamos a rechazar las reformas constitucionales como paso previo a una Constituyente.

Para calmar los ánimos, ya el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha amenazado con resucitar a Pinochet.

En Argentina, regresa el peronismo con la dupla Fernández para enfrentar la tarea del hambre, en el país que fue el más productivo de la región. En Uruguay, esperamos el deslinde de una segunda vuelta entre Luis Martínez del Frente Amplio de izquierda y Luis Lacalle, del Partido Nacional.

Pero es en Bolivia donde se enfrenta la democracia participativa con el golpe de Estado. Según el Órgano Electoral Plurinacional, Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, ganó las elecciones con el 47.08 % de los votos, frente a Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), con el 36.51 %, lo que pone a Morales con un margen superior al 10 % y no lo obliga a ir una segunda vuelta. A pesar de ello, ante los gritos de fraude, el primer presidente originario invitó a un recuento exhaustivo del proceso electoral.

No obstante, los seguidores de Mesa, a los que preceden y siguen intervenciones golpistas de Washington —centradas en feudos derechistas, racistas y xenófobos— han tenido una conducta contradictoria que revela una doble agenda.

Primero, gritaron fraude antes de las elecciones. Luego, pidieron recuento de votos y, posteriormente, exigieron la renuncia, sí o sí, al presidente Morales.

Fernando Camacho, presidente de los Comités Cívicos, se dio el tupé de darle un ultimátum al presidente de Bolivia para que renuncie en “48 horas”. Dijo que el 5 de noviembre le llevaría la carta en que le pide renunciar, además de la que el presidente Evo debe firmar.

Pero antes de este ultimátum, ya se habían iniciado actos de violencia, con el fin de paralizar las instituciones del Estado, para lo cual tocaron infructuosamente hasta las puertas de las Fuerzas Armadas, que (se le olvidaron) son antiimperialistas.

Carlos Mesa sueña con que la OEA (léase EU) voltee la tortilla a su favor.

¿Cómo entender que Bolivia haya obtenido los más altos índices de desarrollo humano a nivel regional y mundial y que, no obstante, sea víctima de intervenciones por parte de la potencia autoproclamada “paladín de la libertad”? (Julio Yao Villalaz, “Reelección e intervención de EE. UU. en Bolivia”, La Estrella de Panamá, 3 de mayo de 2019).

Pero la OEA tampoco puede violar su propia Carta, que prohíbe la “intervención colectiva” de sus miembros, como lo hizo el Grupo de Lima, hoy extinto por forfeit (descalificación) y como lo hace hoy (4 de noviembre) cuando 13 de sus miembros, incluido EU, piden en Bolivia un alto a la violencia entremezclado con conceptos intervencionistas y ofensivos al primer Estado Plurinacional del mundo.

No olvidemos que la OEA, organismo subordinado a la ONU, mucho menos puede violar su Carta Magna, especialmente el Artículo 103, que obliga a respetar, por encima de obligaciones regionales, la “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los pueblos” (Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas), tales como la no intervención, la soberanía, la autodeterminación y la independencia política de los Estados.

Las intervenciones están a la orden del día: además de profundizar el bloqueo a Cuba, EU obligó a El Salvador a romper relaciones con el Gobierno de Venezuela y, como si fuera poco, el propio embajador de EU declaró, sin ruborizarse, que su principal misión es “cortar las relaciones entre El Salvador y China Popular”.

Menos mal que todavía EU no tiene embajador en Panamá, porque, cuando venga, ¡que Dios nos agarre confesados!