El cabildazo de febrero de 1959…

Hace 62 años aconteció en nuestro país uno de los movimientos emblemáticos de la vida republicana, enmarcado dentro de los principios éticos y morales, encabezado por sectores importantes de la comuna capitalina, estudiantes universitarios, trabajadores, amas de casa, y pueblo en general, congregados en la plaza de la Catedral, frente al Palacio Municipal, el 18 de febrero de 1959; con la finalidad exigir la renuncia de los integrantes del Concejo Municipal Capitalino, luego de darse a conocer el 2 de febrero el informe de los auditores de la Contraloría, el cual fue elevado al procurador de la Nación, quien traslada al fiscal, con la finalidad de iniciar la investigación pertinente de un sinnúmero de irregularidades del uso indebido de los recursos provenientes del erario. Sobresaliendo el tráfico de influencia, contrataciones ilícitas, licitaciones con sobrecosto, la contratación de servidores públicos sin funciones, mejor dicho, “botellas”, la falsificación de firmas en documentos públicos, compra de equipos innecesarios, las peticiones de coimas al comercio para favorecerlos en las licitaciones, exceso de gasto en bebidas y actividades festivas, constituían el pan de cada día, situación que exacerbó los ánimos de la población ante la galopante corrupción.

La Junta Revolucionaria Municipal, encabezada por el abogado Guillermo Márquez Briceño, el radio comentarista Ramón Pereira, logran aglutinar a importantes sectores sociales en pro de sanear el Concejo Municipal; alcanzando ribetes insurreccionales; conscientes de lo delicado del momento coyuntural y la experiencia reciente de los acontecimientos de mayo de 1958, las denuncias del incumplimiento del pacto de la colina del 30 de mayo del año anterior.

Conduce al presidente de la República, Ernesto de la Guardia, a conminar, a través de un mensaje al país, a los concejales capitalinos a separarse de sus cargos, en pro de instaurar un ambiente favorable al proceso de investigación desarrollada por los personeros judiciales, consiente el mandatario que sus facultades no alcanzan la decisión de los concejales, manifiesta su interés en garantizar la convivencia pacífica y evitar nuevos baños de sangre en la pequeña república de América Central.

Veinticuatro horas después se produce el remplazo de los 15 concejales municipales, en lo que se puede considerar un triunfo del civismo, la decencia, la ética y la moral. Meses después, la prensa nacional difundía a la comunidad nacional la puesta a orden de los jueces de circuitos, de cinco de los ex concejales municipales.

Como resultado de las pesquisas, las evidencias implican, de tres de los ex funcionarios municipales, ordenándose su detención y medidas preventivas a otros, la inmediata destitución de los electos en 1956, bajo el cargo de negligencia administrativa. En lo que la historiografía nacional denomina como El Cabildazo.

Seis décadas transcurridas de la jornada de profilaxis, del latrocinio gubernamental, experiencia que no ha sido asimilada por los regentes de los fondos públicos, señalados a la fecha por presunto manejo inapropiado de los capitales oficiales, licitaciones poco transparentes, el clientelismo político, el tráfico de influencia e impunidad; males que han hecho metástasis en la estructura de dirección de la sociedad panameña.

Surge la interrogante sobre si es necesario otro cabildazo. La respuesta está en la mano de los ciudadanos que aspiran al desarrollo de un país trasparente, amante del civismo y del buen uso de nuestros impuestos, el desarrollo de la gobernanza y la gobernabilidad.