Cambios a la justicia… una nueva oportunidad

Es tema recurrente la actual discusión sobre los efectos de la COVID-19 en la vida diaria de los panameños y cuáles serán los paradigmas sociales de la llamada “nueva normalidad”.

En una esquina están los idealistas que ven la situación como la oportunidad de la humanidad para hacer las paces entre nosotros, con el planeta y para salir de la crisis como personas que construirán una mejor sociedad.

En la otra, los pesimistas que no esperan mayores transformaciones, pues vaticinan que la pandemia nos hará más individualistas, ambiciosos y preocupados por nosotros mismos.

Fuera de esas predicciones sobre cambios sociales hay cosas que -superada esta crisis del coronavirus- no volverán a ser las mismas, ya que este ha obligado a ejecutar modificaciones irreversibles. Ello tiene que ver con muchos aspectos de la vida humana, desde el comercio, el trabajo, el transporte y, por supuesto, la justicia.

En el tema de la justicia, la pandemia sigue dejando numerosas lecciones y abriendo cauces de los que no hay vuelta atrás, relacionados a la aplicación de la tecnología en la práctica jurídica.

Quedará de nosotros como administradores de justicia y de nuestros gobernantes que ello sea una simple adaptación o un cambio real para hacer la justicia expedita, accesible y transparente.

En mi análisis, las afectaciones al sistema de justicia se pueden dividir en dos bloques. El primero, de carácter institucional, que no analizaré a profundidad en este momento, ya que deberá hacerse con perspectiva, aunque considero necesario mencionarlo.

En ese sentido, la pandemia desnuda las falencias de la estructura institucional, así como la debilidad intrínseca de nuestro sistema de justicia que, aunado a la falta de coordinación con los entes gestores de la crisis, evidencia que Panamá no cuenta con las herramientas jurídicas para enfrentarla y que, de no atender esta situación con seriedad y prontitud, otro evento similar puede ser la puerta para la instauración de prácticas antidemocráticas.

En el segundo bloque, y aunque los medios existen, no hemos tenido la capacidad como sistema de cumplir con la obligación de mantener una justicia permanente, eso quedó claro en estos momentos de incertidumbre por la pandemia en que Panamá necesita a su principal árbitro social activo y presente.

Es hora de dar el paso definitivo de una justicia analógica a una justicia digital. Existen los mecanismos para que casi la totalidad de la actividad de la justicia se haga de manera virtual. Toda la estructura de presentación de documentos, manejo de expedientes, notificaciones, audiencias y decisiones puede darse a través de medios electrónicos, así como la mayor parte de lo referente a la práctica de pruebas. Lo que se requiere son recursos y voluntad.

Sin embargo, la tecnología debe ser clave para mejorar los sistemas de seguimiento y control, para facilitar el acceso y hacer una justicia transparente al servicio de los más vulnerables.

En Panamá, donde la justicia es históricamente la cenicienta presupuestaria y tiene pendiente -por falta de medios- la ejecución total de temas como la jurisdicción de trabajo, la agraria y el sistema penal acusatorio, el reto de la modernización de la justicia parece un sueño, sin embargo, queda claro que, pasada esta experiencia, si no acometemos esta tarea con decisión, el precio a pagar como sociedad será muy alto.