• 01/08/2014 02:00

Casinos, Lotería y corrupción

‘La explotación de juegos de suerte y azar y de actividades que originen apuestas solo podrán efectuarse por el Estado

‘La explotación de juegos de suerte y azar y de actividades que originen apuestas solo podrán efectuarse por el Estado. La Ley reglamentará los juegos, así como toda actividad que origine apuestas, cualquiera que sea el sistema de ellas’.

Artículo 292 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Este artículo es claro y preciso: la Ley reglamentará la explotación de los juegos de suerte y azar y de actividades que originen apuestas, todas la cuales solo podrán efectuarse por el Estado. En ninguna parte dice que podrán concesionarse o permitirse casinos o bingos televisados privados. Todos ellos violan nuestra Constitución y esta violación se está convirtiendo en una hemorragia de frontera a frontera.

Se dice que los casinos ayudan a hacer más atractivo y productivo al turismo, ¡falso! El 80 % de los B/.2,964 millones que se apostaron en el casino en 2013 provino de tragamonedas, que es lo que juegan nuestras clases más pobres en los casinos que se proliferan, como la mala hierba, en las áreas comerciales populares de frontera a frontera.

Solo el 13 % de estos casi B/.3,000 millones se apostaron en mesas, que es lo que los turistas prefieren.

En realidad, lo únicos casinos que operan en Panamá son los de los hoteles, algunos de los cuales son turísticos. Los que operan en las áreas populares comerciales son garitos, los cuales con sus tragamonedas despluman y contagian de ludopatía, la enfermedad de los jugadores, a sus clientes.

Vale aquí recordar una anécdota de nuestro insigne presidente, por tres periodos, Dr. Belisario Porras. Siendo el Dr. Porras presidente, acostumbraba irse a pie a su residencia, ubicada en un segundo piso en el Casco Antiguo de la ciudad, a almorzar y dormir una corta siesta. Estaba un día durmiendo su siesta, cuando lo despertó su esposa: ‘Belisario, en la puerta hay unos señores que dicen que, si tú no nacionalizas la lotería, te dan la mitad de la misma’. ‘Y tú qué opinas, mujer?’. ‘Que tú estás muy viejo para convertirte en sinvergüenza ahora’. ‘Estoy de acuerdo contigo. Dile a esos señores, que mejor se vayan, porque si están aquí cuando yo salga para irme al trabajo, los voy a tirar escaleras abajo a patadas’.

Y la Lotería fue nacionalizada y sus ingresos se destinaron a la beneficencia. Hace 30 años la Lotería aportaba alrededor de 50 millones de balboas al año a la beneficencia y todavía sigue apartando lo mismo, con el ambiente típico, simpático, que genera en las áreas comerciales populares, llenas de billeteras y de clientes que buscan el número que soñaron les va a dar el premio mayor y que, para conseguirlo, tienen que negociar los ‘one-two’, los números matrimoniados y, a veces, el chance clandestino.

¿Por qué no han crecidos los aportes de la Lotería en los últimos 30 años? Porque los casinos y los garitos en 2013 aumentaron sus utilidades a B/.409 millones, ocho veces más que la Lotería Nacional de Beneficencia, sin aportar beneficencia, sino ludopatía.

El 36 % de nuestra población vive en pobreza y se hace cada vez más pobre, jugando en los casinos y garitos. Cada uno de nuestros más de cuatro millones de habitantes (según el Tribunal Electoral y no según el censo de la Contraloría, que dejó sin contar a casi un millón de panameños) se gasta en promedio B/.750 al año, o sea B/.62.50 al mes. Más que el ahorro de B/.58.00 de los precios congelados de emergencia, que son por canasta básica familiar y no per cápita. Por suerte, los casinos no han contagiado de ludopatía todavía a la mayoría de nuestra población. Si asumimos que solo el 25 % de la población está contagiado, cada uno de ellos se gastaría en los casinos y garitos B/.250 al mes.

Si se quiere poner más dinero en el bolsillo de nuestros conciudadanos, se podría lograr no otorgando más permisos para la instalación de casinos o garitos en las áreas comerciales populares y cerrando con deliberada rapidez los que ya operan en dichas áreas, violando la Constitución Política de la República de Panamá.

EMPRESARIO

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