Cobre Panamá: cuando el verdadero desafío no es una mina, sino la capacidad de un país para decidir su futuro

Hay temas sobre los que uno preferiría guardar silencio.No porque falten argumentos, sino porque abundan las emociones. Porque cualquier opinión parece empujar automáticamente a quien la expresa hacia uno de dos extremos: o se es defensor incondicional de la minería, o se es opositor absoluto a cualquier posibilidad de reapertura. En medio de esa polarización, el espacio para el análisis sereno parece haberse reducido peligrosamente.

Durante mucho tiempo opté por observar antes que opinar. No porque careciera de una posición, sino porque entendía que Panamá necesitaba menos reacciones impulsivas y más reflexión. Necesitábamos que el ruido cediera espacio a los hechos; que las consignas dieran paso al análisis; que las emociones, legítimas en cualquier democracia, no sustituyeran el deber de pensar con responsabilidad sobre el futuro del país.

Hoy creo que ese momento ha llegado. No escribo estas líneas para convencer a quienes piensan distinto. Mucho menos para descalificar las preocupaciones de quienes, en 2023, salieron a las calles convencidos de que defendían el interés nacional. Sería intelectualmente deshonesto ignorar que muchas de aquellas preocupaciones eran legítimas. La forma en que se gestionó el contrato minero, las dudas sobre la transparencia del proceso, las exigencias de mayor protección ambiental y el reclamo por un respeto irrestricto a la Constitución expresaban una demanda ciudadana que ninguna democracia responsable podía ignorar.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406 marcó un antes y un después. Más allá de las implicaciones para un proyecto específico, reafirmó un principio esencial: en un Estado de Derecho, la Constitución prevalece sobre cualquier interés económico o político. Esa decisión fortaleció la institucionalidad panameña y recordó que el desarrollo solo es sostenible cuando descansa sobre la legalidad y la confianza en las instituciones.

Pero la historia no termina allí. Las grandes democracias no se distinguen únicamente por su capacidad para corregir errores. Se distinguen, sobre todo, por su capacidad para aprender de ellos. Y esa es, a mi juicio, la discusión que Panamá aún no ha tenido. Con demasiada frecuencia hemos reducido este debate a una pregunta que, aunque comprensible, resulta insuficiente: ¿debemos reabrir la mina? Esa no es la pregunta correcta.

La verdadera pregunta es mucho más profunda y, precisamente por ello, mucho más incómoda:

¿Qué hace una democracia cuando descubre que una decisión tomada en medio de una crisis tendrá consecuencias económicas, sociales, institucionales y geopolíticas durante las próximas tres décadas? Responder esa pregunta exige abandonar la comodidad de las posiciones absolutas. Exige reconocer que las políticas públicas rara vez ofrecen soluciones perfectas. Gobernar no consiste en elegir entre el bien y el mal; consiste en administrar dilemas complejos, donde cada decisión implica costos, beneficios y responsabilidades. La madurez institucional no se demuestra evitando esas decisiones, sino enfrentándolas con evidencia, transparencia y visión de largo plazo.

Existe una diferencia fundamental entre una sociedad polarizada y una democracia madura. La sociedad polarizada convierte cualquier cambio de posición en una traición. La democracia madura entiende que revisar una decisión a la luz de nueva información no es un signo de debilidad, sino de responsabilidad.

Esa distinción es crucial. Porque las naciones que más han progresado no son aquellas que jamás se equivocan. Son aquellas que desarrollan instituciones capaces de corregir el rumbo cuando las circunstancias cambian, cuando aparece nueva evidencia o cuando la experiencia demuestra que existen mejores alternativas.

No hay deshonra en reconocer que una política pública puede perfeccionarse. Lo verdaderamente peligroso es convertir cualquier decisión en un dogma inmutable.

La discusión sobre Cobre Panamá exige precisamente esa capacidad de reflexión. No se trata de borrar lo ocurrido en 2023. Sería un error histórico. Aquellos acontecimientos dejaron lecciones profundas sobre transparencia, institucionalidad, participación ciudadana y rendición de cuentas. El país no puede, ni debe, olvidarlas. Pero tampoco debería permitir que esas lecciones se transformen en un límite permanente para pensar el futuro.

Las sociedades que avanzan son aquellas que convierten las crisis en oportunidades para construir mejores instituciones, no aquellas que quedan prisioneras de ellas. Y quizás esa sea la reflexión más importante de todas. El verdadero desafío que enfrenta Panamá no consiste únicamente en decidir el futuro de una mina. Consiste en demostrar si somos capaces de tomar una decisión distinta a la de ayer, no porque hayamos olvidado los errores del pasado, sino precisamente porque aprendimos de ellos. Porque, al final, las generaciones que nos sucedan no juzgarán únicamente la decisión que tomemos sobre Cobre Panamá. Juzgarán, sobre todo, la calidad del debate democrático que fuimos capaces de construir para llegar a ella.