¿Cómo salvar la justa intencionalidad del proyecto 491?

Mi artículo de la semana, bajo el título “Qué suerte correrá el proyecto 491 que aumentará la pensión mínima”, en el que comentaba negativamente la creación de una “comisión técnica”, para supuestamente asegurarle viabilidad financiera, lo cerré con una nota para nada optimista. Entre otras razones porque las susodichas comisiones, cuando son diseñadas para que sean controladas por quienes, a base de posposiciones, solo buscan “escurrir el bulto”, en el 99% de los casos, no sirven para nada. Y citaba, como ejemplo muy reciente, la que integraron cinco ministros para atender “con urgencia notoria” la crisis de los albergues y los centros de reclusión de menores que, como es requetesabido, no ha deslindado responsabilidades, ni corregido nada.

De los resultados de la “comisión técnica” que, supuestamente, se ocupará de “asegurarle viabilidad financiera al proyecto 491”, poco o nada positivo saldrá, a menos que los promotores del proyecto, pero sobre todo la presión que puedan ejercer los futuros beneficiarios que, solo en el tramo de los que reciben menos de 400.00 mensuales suman a cerca de 50,000, se dispongan “a dar la pelea”.

El proyecto de ley 491, con el que, con la mejor de las intenciones, sus proponentes aspiran a crear una fuente de ingresos para financiar el aumento a 600 balboas de todas las pensiones inferiores a esa cifra, navega en un mar de incertidumbres y, casi con seguridad, al despeñadero. Después de haber avanzado hasta el segundo debate, un grupo de diputados afectos al gobierno, pretextando que, de ser aprobado en el tercer debate, tendría asegurado el veto presidencial, lograron transar con los proponentes la suspensión de su votación, condicionada a la creación de “una numerosa comisión técnica” que deberá discurrir y proponer alternativas para, supuestamente, asegurar su viabilidad financiera.

En el proyecto de ley 491 se identifican como fuentes para el financiamiento del aumento las siguientes:

“1. Una tasa adicional de diez balboas (B/.10.00) por TEU a través de los puertos de la República de Panamá. 2. Una tasa adicional de diez balboas (B/10.00) aplica al servicio de fumigación de cada contenedor, mientras exista esta regulación. 3. Las herencias legados y donaciones que se le hagan al fondo. 4. Otras fuentes que se definan.

El producto de estas tasas o fuentes será destinado íntegramente al financiamiento del fondo”.

Como es obvio el numeral 3 para muy poco o para nada sirve. Se ha vuelto cajonero incluirlo en todos los proyectos similares, a sabiendas de su comprobada inocuidad. El numeral 4 si para algo sirve, puede considerársele como un preámbulo del mandato a “la comisión técnica”, para que las encuentre y proponga; pero para nada más, pues su previsión sólo será útil si efectivamente “se llegan a definir.” Y los 1 y 2 los han bloqueado interese identificables.

La Asamblea, luego de la presentación reciente del proyecto del Presupuesto General del Estado, como es ya tradicional se enfrascará en el sempiterno y recurrente sainete de “las vistas presupuestarias”. Y como todos los años, comenzará, primero, la llantarria de los mismos ministros y directores de entidades estatales para que les aumenten las partidas que ellos mismos aprobaron en el Consejo de Gabinete y, segundo, “las negociaciones entre las partes interesadas”, en las que algunos “se entenderán con los diputados de la Comisión de Presupuesto”; por supuesto que no a cambio de nada y otros esperarán a posteriores “coyunturas más favorables”, para gestionar los también sempiternos traslados de partidas, que han terminado por convertir los presupuestos en “una colcha de retazos y remiendos”.

Los eventuales beneficiarios del Proyecto de Ley 491, no tendrán ningún protagonismo en ese circo, sino solo el papel de meros espectadores, a menos que decidan montar la presión que puede cambiar el curso que, por previsible y repetitivo, presenciamos todos los años.

Varias alternativas podrían servir a sus aspiraciones de redención económica. Aquí van algunas: 1) Que, como primera medida, se incluya en el Presupuesto del 2027 una partida, cuyo monto oscilaría entre los 25 y los 30 millones, para aumentar, a partir del 1 de enero próximo, a la suma de 400.00 balboas todas las pensiones inferiores a esa cifra. 2) Que se aplique a todas las pensiones existentes, el tope del 35% que el Código de Trabajo fija a los descuentos de que pueden ser objeto los salarios y que, inconstitucionalmente, no se aplica a las pensiones. 3) La resurrección del Banco Popular, que antes existió, para que absorba las carteras leoninas de las “llamadas financieras”.

Para responder a las objeciones que, con seguridad harán algunos “seudo preocupados de los dineros públicos”, la fuente de esa primera partida puede ser un recorte a “los subsidios electorales” que para los próximos comicios se acercarán a los 150 millones.