El despojo de Colón

La sospechosa celeridad con que en solo nueve días se aprobó la Ley 72 que reformó la tenencia de la tierra en la Zona Libre de Colón (ZLC), abrió un nuevo capítulo sobre la forma tenebrosa como dispone Ricardo Martinelli de los bienes del Estado panameño y reprodujo su reiterada saña para llevar luto y dolor a la familia panameña.

Todavía está por verse si el anunciado aumento del canon de arrendamiento de los terrenos de la ZLC será el instrumento para un inexistente plan de desarrollo integral de Colón, o si solo se trata de una táctica para conjurar la actual crisis mientras ensaya otra fórmula para el despojo criminal de la única herencia con que cuenta esa provincia. Cuando se está frente a un régimen mafioso, únicamente puede esperarse lo que encaje en su voracidad y rapiña.

Bajo la Ley 72 —aún no derogada y violatoria de la Constitución Nacional que prohíbe la venta de rellenos marinos como es el caso de la ZLC— la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) o cualquier entidad del Estado podría traspasar a la ZLC extensiones de terrenos o de aguas portuarias de la Nación o propiedades de particulares. La ZLC vendería luego esos bienes (léase a Martinelli y su banda) para construir diques, rellenos, muelles y embarcaderos. Es una legislación que no tiene límites, como tampoco los conoce la codicia de Martinelli, quien ha encontrado en la ZLC y sus tierras aledañas —al igual que en los recursos naturales comarcales y las tierras marinas y costeras del Estado— el nuevo botín de su codicia voraz.

Lo que se está viviendo en Colón expresa la perversión de la democracia, cuando lo político queda a merced de los desmanes de un régimen mafioso que está poniendo en práctica un modelo de privatización de la pobreza, eliminando toda responsabilidad del Estado en la suerte de los más desfavorecidos e indefensos de la sociedad.

No hay que perder de vista que Colón, conocido en otro tiempo como ‘la tacita de oro’, es la puerta de entrada atlántica del Canal. Aunque su aporte de alrededor del 15% al Producto Interno Bruto (PIB) es superior al de la vía acuática, sigue siendo la ciudad más martirizada del país. Su destino debería ser otro y Martinelli está empeñado en negárselo.

A Martinelli lo tiene sin cuidado que los colonenses se hundan, sin esperanza, en la economía de la droga y la violencia. Esa filosofía de que los ‘perdedores’ resuelvan su problema, es lo que lo impulsa a saquear el bolsillo de los panameños pobres y de capas medias cargándole más impuestos y reforzando la inequidad de un sistema tributario inmoral. Martinelli y su camarilla de empresarios mafiosos, empeñados en despojar la Nación de su riqueza, ‘descubren’ en cada necesidad social y humana la oportunidad para robar.

Necesita robar todo lo que se le permita para seguir mandando. El modelo ensayado en El Bebedero indica que la montaña de dinero que demandarán en el 2014 para corromper lo que resta de dignidad a los electores será tan grande que acudirán también al dinero sucio. Eso ha hecho en Colón. Destituyó al inicio de su gestión los buenos policías y entregó la provincia al crimen organizado. Hay un poder criminal que, ya posicionado y en control de esa porción del país, no admite que se contienda ni regatee su espacio exclusivo.

Las protestas que tuvieron su epicentro en Colón y se extendieron a todo el país, evidenciaron que Martinelli apunta a engrosar el número de muertos y heridos en la calle y dislocar la sociedad.

De allí su cínico elogio a los policías que ‘honran la Patria’, porque hacen llorar a decenas de madres en los cementerios y hospitales. Desde el inicio de su régimen había prometido a sus adversarios cárcel, hospital y cementerio.

Como el mayor desestabilizador, Martinelli está colocando al país al borde de la explosión social, no por error de cálculo, sino por su soberbia autoritaria. Pero con su profundo desprecio a los colonenses, y a través de ellos a todos los panameños, está sellando su futuro. Y, en medio de todo esto, ¿dónde está Navarro?

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.