¡Nos concierne, y mucho!

Juan Manuel Santos, el actual presidente en busca de la reelección, y su retador, Oscar Iván Zuluaga, patrocinado por el expresidente Álvaro Uribe, terminaron en un empate técnico y volverán a contender el 15 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones colombianas.

Las campañas electorales, tanto de Santos como de Zuluaga, redundaron en los ataques personales y poco se centraron en las propuestas para enfrentar los temas de mayor interés para los colombianos, con excepción del futuro de las negociaciones de paz, que sostienen en La Habana los representantes del gobierno y de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y que tienen como objetivo lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto de más larga duración en nuestra América, ya próximo a cumplir 50 años, y con un saldo trágico de más de 200,000 muertos y centenares de miles de desplazados.

Santos, promotor de las conversaciones de paz ha ratificado su compromiso de continuarlas; Zuluaga, en línea con la posición del expresidente Uribe, ha anunciado su intención de suspenderlas.

El conflicto colombiano es, primordialmente, un asunto interno; pero, desgraciadamente, hace tiempo que traspasó sus fronteras y en repetidas ocasiones, demasiadas, ha conmocionado a la región del Darién y, también ha tenido repercusiones en Venezuela y en Ecuador.

En las ocasiones en que se han suscitado incidentes en la zona fronteriza con Colombia, en los que contingentes de las FARC, y también del Ejército colombiano, unos buscando refugios y otros en persecución, han penetrado en nuestro territorio, he señalado el continuado error de nuestras autoridades en el manejo de la situación. Es un error, he insistido en señalar, que el gobierno panameño se involucre en ‘jueguitos de guerra’. Esas acciones, que comprometen entre cuatro y cinco mil efectivos del SENAFRONT, permanentemente asignados a la custodia de nuestra frontera, tienen un costo cercano a los 200 millones de dólares anuales. Esa sangría de hombres y recursos, absolutamente ineficaz desde el punto de vista militar, además, consume recursos, humanos y materiales, que estarían mejor empleados en combatir la criminalidad de nuestras calles y ciudades.

Si el presidente Santos se reelige, la actual política de negociar un acuerdo con las FARC, representa, por sus aparentes perspectivas de éxito, un alivio para nuestro país; pero si el vencedor es Zuluaga, debemos esperar que su anunciada política de represión de las FARC tenga, como efecto inmediato, el incremento de la presencia de las FARC y de sus perseguidores en la provincia del Darién. El problema que se nos puede venir encima es de gravísimas consecuencias y nuestras autoridades, las actuales y las futuras, no parecen haber tomado conciencia de su magnitud. Ese tema, cuanto antes, debe ser incluido en la agenda de la transición, para empezar a diseñar las estrategias de cómo enfrentarlo, especialmente si gana el candidato Zuluaga.

Sigo sosteniendo que la manera correcta de enfrentar la presencia de insurgentes de las FARC o de sus perseguidores no es con acciones militares. La solución debe y tiene que ser política y diplomática. Panamá, en lugar de ‘hacerse parte’ del conflicto colombiano debe insistir a sus autoridades que lo mantengan dentro de su territorio y, en el caso de que no quieran o se consideren impotentes para hacerlo, entonces internacionalizar el problema y acudir a instancias internacionales como la OEA o la ONU, para que éstas asuman su solución. El camino equivocado que hasta ahora hemos seguido solo puede conducirnos a un mayor involucramiento en un conflicto que no debemos ni tenemos razón alguna para asumir como nuestro.

ABOGADO