Condiciones laborales y de vida de los trabajadores

Para los trabajadores del país las condiciones laborales y de vida están en un nivel crítico. La estructura laboral camina aceleradamente a procesos de precariedad del mercado laboral: despidos, bajos salarios, inestabilidad laboral, no prestaciones sociales, informalidad laboral. Todos ellos, claro reflejo del deterioro que se venía viviendo desde antes de la pandemia.

Según cifras oficiales, el 20 % de la PEA está desocupado. Mitradel reconoce que solo se han reactivado 175 000 contratos suspendidos y que a más de 32 000 contratos laborales se les aplicó modificación de la jornada laboral en un 50 % (horas y salarios). Según el INEC, al 2020, la informalidad laboral total a nivel nacional alcanzó el 66.9 %. Ello evidencia, Conusi lo advirtió, que la suspensión de contratos impuesta por el Gobierno no está dirigida a preservar puestos de trabajo.

Estudios en Panamá revelan que la “precariedad en el empleo” es la segunda causa que más aporta a la pobreza. Tenemos una alta precariedad en el empleo, personas que trabajan, pero que no tienen contrato o no pagan seguro social, que reciben bajos salarios. Con la pandemia ello se ha agravado.

Por otro lado, encontramos un Gobierno que camina en contraposición a los intereses de los trabajadores. Mientras que, en países de la región, como Honduras, se presentan propuestas para derogar las llamadas “zonas especiales”, en Panamá se presentan propuestas dirigidas a ampliar las zonas especiales regidas fuera del Código de Trabajo.

En cuanto a las condiciones de vida, los salarios, considerando la evolución de los precios, han visto reducido su poder de compra. No es posible que el criterio para determinar el salario en el país no atienda la brecha entre salario y costo de vida, la cual sigue expandiéndose. Durante el cuarto mes del 2021, el IPC reportó una variación interanual de 1.7 %; el costo de la canasta de alimentos y la canasta ampliada familiar acentuaron su tendencia al alza. En el 2021 (abril), el costo promedio de la CBA se sitúa en 313.78 y el costo de la canasta básica ampliada, en 1117.17 balboas mensuales. Un pueblo que trabaja y no logra cubrir siquiera el costo de sus necesidades básicas y las de su familia.

Un tema en riesgo alarmante en el país, al que debemos hacer referencia, es el de la vivienda como referente de las condiciones de vida y estabilidad emocional de las familias. Las medidas adoptadas de “moratoria bancaria”, mantienen a los trabajadores en estado de incertidumbre frente al crédito hipotecario, en la medida en que la misma fue concebida para beneficiar a la banca frente a procesos de reposición y remate. Frente al déficit habitacional (entre 150-200 mil unidades) y al hecho de que unas 473 479 familias viven en asentamientos informales, dada la falta de respuesta gubernamental agravado con la pandemia, la solución del ministro de Miviot, Rogelio Paredes, ha sido ejercer una política de desalojos forzosos y crear una especie de fuerzas especiales para ello. El Movimiento Comunal Nacional Federico Britton (Mocona-FB) ha llamado a “exigir que se impulse la ley del derecho a la vivienda como un derecho humano”.

La lectura refleja que, en materia de trabajo y derecho a la vida digna, la desigualdad impera. Revertir ello, demanda de trabajadores sindicalizados y concientizados. No podemos dejarnos utilizar por la vorágine de quienes ostentan el poder económico y político, con falsos diálogos, hoy todos en crisis, sin respaldo social y donde pretenden imponer un nuevo Pacto de Gamboa, tal como lo hicieron en el 2005 con la Ley 51 de la CSS.

Nuestra tarea es contribuir en la lucha para la construcción de una economía que garantice una vida digna y decorosa para todos los panameños.