• 08/02/2020 04:00

Constituyente originaria o paralela

“Esta es la verdadera tarea de transformación, lograr la madurez política de los actores que se reclaman como progresistas y que dicen velar por la población. La constituyente sería una herramienta para dicho propósito [...]”

Panamá tiene en su ADN político un mal estructural, que es el método de gestión en casi toda la vida nacional: la corrupción. En artículos anteriores, he planteado que la destrucción de las instituciones no es una casualidad o una simple incidencia; más bien ha sido una muy razonada treta de quienes ostentan el poder económico, en componenda con las cuotas de poder político, para atracar las arcas del Estado, mantener a las intocables corporaciones con ganancias excesivas y un total abandono a los ciudadanos como sujetos de derechos.

La constituyente es una salida política a esta crisis; no obstante, y como es tradición en Panamá, ninguna de las fuerzas progresistas o mínimamente decentes se pone de acuerdo sobre qué es lo que quieren ni cómo lo quieren; más que somos pocos, estamos divididos.

La proclama de Constituyente Originaria Autoconvocada es la que plantea una congregación de fuerzas sociales que coincidan en la transformación de la Constitución y que impongan la agenda de las mayorías por sobre los intereses de las élites. ¿Suena poético, verdad? Pero no parece realizable. Un argumento en contra es que no existe como tal en nuestra Carta Magna vigente, que es la que tiene los métodos para reformarse a sí misma, si nos atenemos al derecho positivo. El planteamiento es utilizar el artículo 2 de la actual Constitución para que sea aprobada por vía de la Asamblea Constituyente Originaria, que a su vez fue autoconvocada y sus miembros representarán a las mayorías.

En otros procesos semejantes, estas se han hecho desde el poder político formal, aunque con la participación de los colectivos de masas como conductores del proceso. Ahora bien, si es autoconvocada, entonces, ¿por qué no empiezan de una vez? No es necesaria la intervención del Ejecutivo.

En el caso de la Constituyente Paralela se crea una paradoja al dejar en manos del Tribunal Electoral la autoridad para reglamentarla; por lo tanto, seguramente se repetiría el fenómeno que ya ocurre con las elecciones de la Asamblea Nacional y que precisamente, las fuerzas sociales no quieren repetir.

Aún con esta diatriba, existe como opción real y posible, lo que pondría a prueba a los grupos alternativos a la partidocracia y que definiría liderazgos reales ante la población, que debe ser quien al final le dé legitimidad a todo proceso.

La recolección de firmas para la iniciativa constituyente (artículo 314) es un buen ejercicio ante quienes reclaman para sí la representación de “el pueblo” como sujeto de cambios. Además, se tendría que compartir el esfuerzo y coordinar dicha recolección, contar con un listado de constituyentes y una agenda mínima de acuerdos para debatir. O sea, deponer egos y ánimos de figurar, para compartir militancia, esfuerzo y desgaste, tener acuerdos políticos sobre los temas a tratar. Se puede lograr solo con madurez de los grupos que propugnan un cambio constitucional.

Quedar en las garras de una réplica del método electoral panameño para elegir diputados es un arma de doble filo, pero debe considerarse como la prueba de fuego para quienes aspiran a dirigir el país; no desde redes sociales, sino con las bases y en un permanente proyecto de refundación, maduración y capacidad política para hacer alianzas con sujetos que busquen sanear la nación desde sus raíces.

Es por el país, no para uno o unos grupos, mucho menos para individuos; es la forma de darle un nuevo rumbo a Panamá para que mínimamente los recursos del Estado no se boten a conveniencia a los bolsillos de unos pocos, que la población y su bienestar sean prioridad, que la justicia sea imparcial desde la misma escogencia de sus miembros en todas las esferas, que el tema ambiental tenga el sitial que merece, al igual que los derechos humanos.

Esta es la verdadera tarea de transformación, lograr la madurez política de los actores que se reclaman como progresistas y que dicen velar por la población. La constituyente sería una herramienta para dicho propósito, si la sabemos usar; o en todo caso, un verdadero problema, si nos la dejamos arrebatar.

Abogado
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