Secuestrados por la guerrilla africana: lo que no contó Jadiyetu El Mohtar

Ser un combatiente era a lo que hace cuatro décadas aspiraba un niño saharaui, de los que entonces sobrevivía en los campamentos de la guerrilla africana del Frente Polisario, en territorio de Argelia. En la actualidad lo que desean esos niños —de acuerdo a entrevistas divulgadas por medios de prensa internacional— es escapar del asedio al que están sometidos diariamente unos 40 000 refugiados secuestrados para mantener una causa perdida.

Cuando esos niños logran salir, siempre bajo rígido control del Polisario, a vacacionar en comunidades de España, sufren una ‘manipulación inmoral', al ser usados para participar en manifestaciones políticas, según ha denunciado el Foro Canario Saharaui (Focasa), una ONG española.

Los niños deben cumplir con el guión que les fija la guerrilla separatista convirtiendo, lo que debería ser momentos de esparcimiento, en flagrantes violaciones a los derechos humanos de los menores.

Recientemente, el presidente del Senado de España, Pío García Escudero, se comprometió a demandar la intervención del Gobierno de Madrid para lograr la liberación de 150 mujeres y niños, adoptados por familias españolas, retenidos contra su voluntad en los campamentos del Polisario, según reportó Europa Press.

Solo semanas atrás organizaciones de derechos humanos pidieron explicaciones al nuevo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el estatus de los casos de crímenes y abusos cometidos por esa la guerrilla africana contra ciudadanos saharauis, algunos con nacionalidad española, secuestrados en los campamentos de refugiados.

La Asociación de Desaparecidos del Polisario, recordó que entre las 28 personas contra las que se han presentado querellas criminales se encuentra Brahim Ghali, actual líder del Polisario.

De acuerdo al diario español El Mundo, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata Amaya —famoso por sus investigaciones anticorrupción— tiene abierta causa contra Ghali, acusado de ‘la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf', en territorio argelino. Sobre Ghali pesa una orden internacional de búsqueda y captura, de la que se ha librado por la protección del régimen de Argelia.

Jadiyetu El Mohtar, activista del Polisario, escribió la semana pasada en La Estrella una retahíla de epítetos y descalificaciones en las rehuyó contar sobre el sistema de terror en el que subsisten los refugiados en los campamentos de la guerrilla separatista.

Víctimas del último resabio de la guerra fría en África –prisioneros de un conflicto creado por Argel en su lucha (de) hegemonía contra Rabat y sus pretensiones de obtener una salida al Atlántico, mutilando un territorio que histórica y legalmente pertenece a Marruecos— esos refugiados son manipulados por un liderazgo corrupto y su aparato de seguridad que les ha robado la esperanza, la capacidad de soñar y de aspirar a gestionar su existencia como ciudadanos libres capaces del logro integral de sus expectativas existenciales.

Argelia y el Polisario no solo les roban sus sueños inmateriales, también les roban la ayuda humanitaria material que envían la Unión Europea y otras organizaciones internacionales.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) detectó hace tres años actos de corrupción en el desvió de $30 millones de ayuda humanitaria dirigida a la población de los campamentos saharauis en Argelia. El fraude se basó en ‘la manipulación del número de refugiados y el masivo y sistemático' desvío a gran escala de dinero y venta de alimentos de la ayuda dentro de Argelia y países vecinos como Mauritania y Mali. La guerrilla africana abultó desde 1975 hasta 155 000 la cifra de refugiados, cuando imágenes satelitales han determinado que la población no excede las 40 000 personas.

Argelia se ha rehusado a autorizar la realización de un censo en los campamentos del Polisario, pese a que desde el 2011 el Consejo de Seguridad de la ONU ha demandado ese conteo, con miras a regular la ayuda humanitaria.

La ayuda humanitaria europea, de unos $15 millones anuales, se ha visto reducida drásticamente con su efecto sobre la población secuestrada en los campamentos de la guerrilla africana.

La Comisión de Comercio Internacional de la Unión Europea, por otro lado, rechazó meses atrás la pretensión del Polisario de arrogarse la representación exclusiva de la población saharaui. Dentro y fuera del Sahara marroquí hay otros grupos que tienen voz y que se resisten a aceptar a la guerrilla separatista como su representante.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea confirmó la colusión del Polisario con grupos terroristas africanos activos, basada en una investigación internacional denominada Proyecto Safte, sobre el acceso de terroristas al comercio y tráfico ilegal de armas.

En ese contexto, a comienzos de octubre, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista que denunció al Polisario como ‘una organización terrorista financiada por Irán'. Los congresistas Joe Wilson (republicano de Carolina del Sur), Carlos Curbelo (republicano de Florida) y Gerry Connolly (demócrata de Virginia) patrocinaron la Resolución 1101 de la Cámara de Representantes, en la que señalaron que ‘los fines desestabilizadores de Irán y Hezbolá, ahora aliados del Polisario, se oponen a los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos'.

Marruecos, bajo la conducción del rey Mohamed VI, demuestra al mundo avances en pluralismo político, democracia, derechos humanos, participación ciudadana, lucha contra la corrupción e igualdad de género, que contrastan con la realidad de Argelia y sus títeres del Polisario.

Las reformas constitucionales, aprobadas en referéndum en el 2011, otorgan un estatuto jurídico a las provincias del sur convirtiéndola en una región autónoma, dentro de la soberanía marroquí, como parte de un proceso escalonado para alcanzar una solución definitiva a ese diferendo regional. La única salida viable para el Sahara marroquí, como ha reconocido la comunidad internacional, es la autonomía.

Recientemente, el Congreso del Perú —sumándose a los de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay, entre otros— dio su respaldo a la propuesta de autonomía marroquí como un aporte a una solución política, negociada, justa y duradera a la cuestión del Sahara.

El Gobierno peruano rechazó las pretensiones del Polisario de constituirse en Estado, una ficción que solo es reconocida por una veintena de países —incluyendo Panamá—, lo que no implica su existencia, porque se trata de un hecho meramente declarativo.

Así lo definió el Gobierno socialista de Chile el 5 de marzo del 2010, bajo la entonces presidencia de Michelle Bachelet, —posición que está vigente— al resaltar que ‘en Derecho Internacional, la doctrina en materia de reconocimiento de Estados establece como requisitos para que él pueda ser valedero, el cumplimiento conjunto de tres requisitos: la existencia de un territorio, población y soberanía'. En el caso del Polisario ‘no es posible realizar declaraciones sobre el reconocimiento de un Estado inexistente', zanjó la Cancillería chilena.

En ese contexto, sorprende el descaro de El Mohtar, una impostora que fue expulsada en septiembre pasado del Perú por los delitos de usurpación de identidad y funciones, al hacerse pasar como embajadora del Polisario en Lima.

Meses antes había ingresado al Perú como turista española y durante esa estadía realizó, según las autoridades peruanas, ‘diversas actividades de carácter político', atribuyéndose la condición de embajadora de un ente ficticio al cual Lima desconoce.

Es comprensible que El Mohtar, en su carácter de activista del Polisario, haya omitido contar el sistema de terror en el que subsisten los refugiados en los campamentos de la guerrilla separatista en territorio de Argelia.

PERIODISTA