Sobre contrabando de cigarrillos y lavado de dinero

De acuerdo con el presidente Laurentino Cortizo, en Panamá se lavan, al menos, 165 millones de dólares anualmente, producto del delito de contrabando de cigarrillos. Según el presidente, esta cifra surge de los 55 millones de cajetillas (80 % del mercado total) que se venden de contrabando al año en Panamá, cada una a un precio de tres dólares.

Continúa reconociendo el presidente que estos 165 millones de dólares son introducidos ilegalmente a nuestros bancos, y que, producto de esto, Panamá es frecuentemente incluida en listas negras, como recientemente hizo la Unión Europea.

No es nuevo para los panameños ver continuamente en las noticias decomisos y allanamientos de cigarrillos de contrabando, pero creo que no teníamos clara la dimensión de este problema. Si estos cigarrillos contrabandeados pagaran los impuestos, que pagan los cigarrillos legales, el fisco recibiría anualmente, al menos, 165 millones de dólares adicionales, tomando en cuenta que el impuesto selectivo al consumo para los cigarrillos es del 100 %.

Estas declaraciones son pronunciamientos oficiales del presidente de la República, recogidos en el Veto al Proyecto de Ley 178, que busca crear una prohibición absoluta de los cigarrillos electrónicos.

Siendo este el caso para los cigarrillos convencionales, y a sabiendas de que nuestras autoridades locales no han logrado reducir y mucho menos detener el flagelo del contrabando de cigarrillos, ¿qué sentido tiene prohibir totalmente el comercio y consumo de cigarrillos electrónicos? ¿Qué sentido tiene prohibir estos productos, que, tanto la OMS como la FDA, consideran mucho menos dañinos que los cigarrillos normales, si desde ya sabemos que no vamos a poder detener su comercio?

El propio presidente lo ha dejado claro en el Veto al Proyecto de Ley 178, cuando manifiesta que el país no cuenta con los recursos suficientes para crear los programas de monitoreo, supervisión y control para hacer cumplir la prohibición de cigarrillos electrónicos, que busca implementar el Proyecto de Ley 178.

Con una prohibición de estos productos, lejos de proteger la salud de los fumadores, vamos a poner sus vidas en riesgo de consumo de productos adulterados, además de restarle a la Dirección General de Ingresos la oportunidad de tributar sobre estos productos.

Históricamente, hemos visto que las prohibiciones no solo no alcanzan su resultado deseado, sino que lo empeoran, creando mercados negros y espacios para la proliferación del crimen organizado, como bien lo pronostica el presidente Cortizo en el Veto al Proyecto de Ley 178.

Todos hemos leído sobre los resultados desastrosos de la prohibición de licor en los Estados Unidos en la década de 1920, con la creación de una de las olas de crimen organizado más tormentosas para ese país, y más recientemente vimos el resultado ampliamente negativo que tuvo la política de ley seca implementada en Panamá.

El pronóstico del presidente es atinado. Una prohibición al comercio y uso de los cigarrillos electrónicos, cuando los fumadores saben que son productos menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales, creará un espacio propicio para el crimen organizado, el contrabando, el lavado de dinero, el narcotráfico y la evasión fiscal.