• 03/08/2025 00:00

Control social del presupuesto: un deber ciudadano impostergable

El reciente anuncio del ministro de Economía y Finanzas sobre el presupuesto general del Estado para 2026 —que alcanzará los $34.900 millones— debe llamar la atención de toda la ciudadanía. Hablamos de una cifra significativa, y aunque pueda considerarse necesaria, su uso debe estar acompañado de una planificación cuidadosa, transparencia total y un control riguroso. Es imprescindible que la sociedad civil asuma un rol activo en el control social de la ejecución presupuestaria, no como una opción, sino como un derecho y, más aún, como un deber democrático.

El control social significa que los ciudadanos, de manera organizada o individual, participen activamente en la vigilancia, fiscalización y evaluación del uso de los recursos públicos. No se trata únicamente de observar, sino de asegurar que esos fondos —que pertenecen a todos— se utilicen conforme a la ley, los planes aprobados y los fines previstos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia. Es también un instrumento poderoso para prevenir la corrupción y detectar posibles desviaciones en la gestión pública antes de que sea demasiado tarde.

¿Por qué es vital el control social del presupuesto? Hay, al menos, seis razones de peso: garantiza la transparencia, al permitir que todos conozcamos cómo se están usando los recursos; fomenta la rendición de cuentas, obligando a los servidores públicos a dar explicaciones y asumir las consecuencias de sus actos; mejora la eficiencia, alentando a las instituciones a optimizar procesos y gastos; fortalece la participación ciudadana, al abrir canales para incidir en la gestión pública; previene la corrupción, al aumentar el escrutinio público, y; refuerza la confianza institucional, pues los ciudadanos perciben que hay control, vigilancia y consecuencias.

En este contexto, los medios de comunicación tienen un papel fundamental. La prensa —tradicional e independiente— puede investigar, denunciar y visibilizar irregularidades o abusos de poder, aportando a ese ecosistema de control que la democracia exige para sobrevivir y florecer.

El control social tiene, además, cuatro dimensiones esenciales: vigilancia del destino de los recursos públicos, denuncia de irregularidades, evaluación de la calidad de los servicios públicos y participación en auditorías sociales y procesos de rendición de cuentas.

Sus objetivos son claros y ambiciosos: prevenir el uso indebido del dinero público, mejorar la calidad de los servicios, fomentar la participación comunitaria y aumentar la legitimidad de las instituciones. Pero lograr esto no es tarea sencilla. Se requieren herramientas efectivas, mecanismos accesibles y una ciudadanía consciente y organizada.

Entre las principales herramientas del control social se encuentran: auditorías sociales lideradas por la sociedad o en conjunto con entidades fiscalizadoras; exigencia de informes periódicos por parte de las autoridades; campañas de sensibilización y educación cívica; acceso real y efectivo a la información pública; observatorios y veedurías ciudadanas y; participación en comités o consejos de vigilancia a nivel local y nacional.

Sin embargo, también hay desafíos importantes que enfrentar. En primer lugar, la falta de información clara, completa y oportuna, que muchas veces se convierte en un verdadero muro para el ciudadano común. En segundo lugar, la carencia de recursos técnicos y financieros que limita la capacidad de hacer un seguimiento real. En tercer lugar, los obstáculos políticos e institucionales, cuando desde el poder se bloquea el acceso o se estigmatiza al ciudadano vigilante. Y, por último, la apatía o el desconocimiento, quizá el desafío más difícil de todos, pues no hay control social sin ciudadanos activos.

Para contrarrestar esta última barrera, es crucial fomentar una cultura de participación. Algunas ideas concretas incluyen las siguientes: crear mecanismos de participación accesibles e inclusivos, en especial para comunidades vulnerables; establecer canales formales de diálogo, tanto presenciales como digitales; capacitar y sensibilizar a las comunidades sobre sus derechos y herramientas disponibles; fortalecer la organización comunitaria y la formación de líderes sociales; implementar sistemas participativos de monitoreo y evaluación de proyectos; establecer redes de colaboración entre sociedad civil, academia y sector público; incluir a las comunidades en la evaluación de resultados, no solo en la planificación y; garantizar mecanismos de retroalimentación constante, para que las sugerencias no caigan en saco roto.

En suma, el control social de la ejecución presupuestaria es una herramienta de ciudadanía activa, que fortalece la democracia, mejora la gestión pública y garantiza que los recursos estatales respondan verdaderamente a las necesidades de la gente. No se trata de vigilar por desconfiar, sino de participar por responsabilidad.

El presupuesto no es del gobierno de turno, es de todos. Y si queremos que se traduzca en desarrollo, equidad y justicia social, debemos alzar la voz, exigir cuentas, y convertirnos en guardianes de lo público. Porque una democracia sin control ciudadano, es apenas una fachada.

*El autor es médico y exrepresentante ante la OMS
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