En quién (o qué) creer

Quienes no pertenecemos a ningún partido político ni formamos parte del gobierno, no conocemos las interioridades de los intríngulis del mundo del “oficialismo”. Para formarnos una opinión solo contamos con lo que traslucen los medios de comunicación, asumiendo que la noticia es fidedigna y que el periodista cumple rigorosamente con las exigencias éticas de su profesión. Por eso, declaraciones equívocas o irreflexivas, dichas por los propios protagonistas oficiales, crean confusión y escepticismo que atentan contra la fibra moral de la sociedad que queremos sustentar en valores que todos apreciemos.

Cuando las contradicciones ocurren entre adversarios políticos estamos preparados para mirarlas como parte del rejuego político y hasta podemos llegar a ver con indiferencia las mutuas acusaciones sin otorgarles mayor trascendencia. Ellas son parte del “ show ” político; pueden entretener a los acusadores y mortificar a los acusados y sus copartidarios. Lo vemos, sobre todo, en campañas electorales cuando los candidatos se dedican al ataque y al contraataque, sin reparar si sus acusaciones sean ciertas o falsas, ni detenerse en las responsabilidades penales que pudieran acarrear. Total de lo que se trata es de impresionar y sumar votos.

La situación cambia cuando la campaña proselitista ha terminado para asumir la responsabilidad primordial de gobernar con ejemplos de los más elevados estándares prometidos de probidad y de transparencia. Ello no implica que se deban eliminar las diferencias de opiniones entre funcionarios en temas que el propio gobierno expresamente haya sometido a debate o sobre los cuales no haya tomado una posición oficial.

Cada funcionario tiene derecho a su opinión, sobre todo si nace de la buena fe con los mejores propósitos dentro de su función. Eso enriquece la función de gobierno, porque es del intercambio de ideas y opiniones de donde sale la decisión más inteligente y viable. Un ejemplo positivo fueron las dudas manifestadas por la procuradora general de la Nación sobre las nuevas funciones del zar anticorrupción, que merecen ser debatidas en un ambiente de altura; igual sucede con las recientes y aparentes contradicciones con relación a la manera más eficaz para combatir la violencia en el país.

En cambio, un ejemplo no constructivo han sido las recientes contradicciones entre un ministro de Estado y el ex director general de un banco de fomento agrícola.

También resulta insensato que, sin prueba alguna, un funcionario acuse a otro funcionario de haber tomado decisiones reñidas con la Ley o la moral; o que voceros oficiales caigan en contradicciones con sus propias declaraciones públicas anteriores.

Cuando la ex directora de la ATTT acusó o sugirió públicamente que su subdirector había incurrido en actos cuestionables, pero aún no prueba su aseveración, pierden credibilidad el gobierno y los partidos involucrados. Cuando la Alcaldía capitalina niega la expedición de un cheque y los diarios publican copia de la solicitud de expedición; o cuando se justifica el nombramiento para un cargo sensitivo como la jefatura de la Policía Municipal y después hay que retractarse, porque se comprueba que la designación resulta insostenible, pierden credibilidad el gobierno y los partidos involucrados.

Indudablemente que transformar una coalición electoral en un equipo de trabajo acoplado, que produzca los resultados concretos que espera el pueblo, no es tarea fácil que todavía parece tener por delante el nuevo gobierno.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com