¿Corrupción en la CSS con buena salud?... Una opinión

La corrupción, en cualquiera de sus formas, es un acto repudiable, pero en el sector salud es un crimen de lesa humanidad, porque las instituciones de salud están para salvaguardar los valores supremos de la humanidad, que son la vida y la salud. No obstante la reiterada promesa electoral de las auditorías forenses y de los burdos negociados de la mafiocracia, aún ni siquiera se ha publicado un informe preliminar de la ‘Ciudad hospitalaria', no digamos de los contratos directos para la compra de ‘software', computadoras y pantallas planas, del alquiler de equipos para hemodiálisis, para anestesia, de las licitaciones de medicamentos biotecnológicos que no son intercambiables, etc. Con el nuevo Gobierno, comprometido a combatir la corrupción, en el Seguro Social, pareciera que la incompetencia es de tal magnitud que, aparte de las explicaciones, lo único que han hecho es imprimir la palabra ‘humanizándonos'.

El manejo de los desechos generados en las instituciones de salud exige un manejo especial, lo inadmisible es que, en vez de extremar precauciones para garantizar la protección de los recursos de la institución, las propias autoridades, recurran a las mismas tretas ‘legales' que utilizaban los cleptócratas del régimen pasado; como si así pudieran legitimar el vulgar latrocinio. La contratación fraudulenta de los autoclaves es un detalle, el problema es serio e imposible resolverlo con paños tibios; como la de separar al Subdirector General, lo procedente es investigar el móvil de la burda iniciativa y tratar de descartar cualquier probable conflicto de interés con la ‘empresa beneficiaria', corresponsable de la criminosa conducta. La incompetencia y la inmoralidad exigen, ahora más que nunca, una auditoría forense integral, administrativa, financiera y de las prestaciones médicas, desde julio del 2009 hasta el presente. Javier Díaz y Guillermo Sáez Llorens deben responder por las muertes asociadas a la bacteria KPC y por las muertes ocurridas en la Sala de Neonatología del Complejo Metropolitano.

Los integrantes de la Junta Directiva, máxima autoridad de la institución deberían saber y aclarar quién fue el asesor que levantó, mediante criterio ‘legal', la restricción de entregar el dietilenglicol a la empresa que lo suministró no obstante carecer de la licencia de operación; lo que podría permitir deslindar responsabilidades por las numerosas muertes y los daños a la salud de quienes debían proteger; expediente que las actuales autoridades, quizá, enviaron al congelador, donde se ‘archivan' todos aquellos que contienen denuncias similares.

Otro insulto a la ciudadanía es pretender justificar que una lesión patrimonial, comprobada mediante auditoría especial, NO es un delito, porque no hubo engaño a los funcionarios que pasaron por alto la falta de idoneidad de los contratistas beneficiarios; lo mismo que hace el actual Director General al encubrir la mala práctica en la institución. Nada podría justificar, jamás, que tan gravísimos hechos sean cubiertos con el manto de la impunidad, porque ésta promueve la corrupción... ¿Usted qué opina?

MÉDICO