¿Quiénes deben integrar la directiva del Canal de Panamá?

Cuando el 31 de diciembre de 1999 el Canal revirtió a Panamá, el regocijo fue inmenso. Se llegaba al final de una lucha generacional que, si bien concluyó con la firma de los Tratados Torrijos - Carter, se inició desde el instante en que, a espaldas de los panameños, un francés, Philippe Bunau Varilla, firmó con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Hay, el oprobioso Pacto de 1903.

Para esa fecha de finales del siglo XX, estábamos preparados para recibir la vía interoceánica y operarla adecuadamente. Contrario a lo que se pensaba, que no seríamos capaces de reemplazar a los norteamericanos, que, según se decía, manejaban a la perfección la operación canalera. Dos Gobiernos fueron claves en esta preparación. El de Guillermo Endara, que propició el establecimiento del Título Constitucional XIV sobre el Canal de Panamá, y que se aprobó en dos Asambleas, donde se quiso preservar el Canal de las influencias políticas. En la preparación de esos debates legislativos, el presidente Endara designó una comisión ad hoc integrada por el jurista Richard Durling y el empresario J. J. Vallarino, que coordinaron la discusión en la Asamblea Legislativa, en la que yo era uno de sus integrantes.

En el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares, además de darse la aprobación al Título Constitucional en una segunda Asamblea, se hicieron los ajustes legales y técnicos para que Panamá pudiese asumir la administración canalera sin trauma alguno, sobre todo con los usuarios del Canal, trabajo este dirigido por el entonces ministro de Asuntos del Canal, Jorge Eduardo Ritter, con un equipo interdisciplinario que cumplió a cabalidad las complejas tareas asignadas. El trabajo fue arduo, porque hubo que adaptar a nuestro idioma toda la legislación y reglamentos que estaban en el idioma inglés.

Uno de los problemas que se ha dado en la administración del Canal y que ameritará analizarlo en los cambios constitucionales planteados, es la integración de su Junta Directiva. El artículo 318 de la Constitución otorga al presidente de la República la potestad de nombrar a nueve directores de la Directiva del Canal, ratificados por la Asamblea Nacional, por mayoría absoluta de sus miembros, en adición al director asignado por el Órgano Legislativo y un director designado por el presidente, ministro de Asuntos del Canal, quien preside la directiva.

El problema ha radicado en que los gobernantes, sobre todo los dos últimos, han nombrado a personas allegadas a ellos que la población no siente que la representan y la Asamblea, por razones que todos conocemos, ha aprobado dócilmente tales nombramientos. Por ejemplo, desde los tiempos de Pérez Balladares no se nombra a ningún dirigente sindical, como fue el caso de Luis Anderson. Durante la administración Martinelli, para usar otro ejemplo, se designó a Alberto Vallarino como directivo, a pesar de que, por sus negocios en las riberas del Canal, hubiese estado impedido de ejercer como director por el conflicto de intereses que tenía, de acuerdo a los reglamentos existentes. Ningún diputado cuestionó aquello.

Hoy, harán falta para nombrar tres nuevos miembros de la Junta Directiva de la ACP. Uno que renunció, Marco Ameglio, y otros dos, cuyos términos concluyen en marzo, José Antonio Sosa y Nicolás Corcione. Según ha trascendido, quienes serán propuestos por el presidente Varela son tres miembros conspicuos de su Gobierno: la canciller Isabel de Saint Malo, el embajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González Revilla y el ministro de la Presidencia, Jorge González. Coincidirá la elección de estos tres directivos, que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional, con la elección de esa Junta Directiva del nuevo administrador del Canal por siete años, al concluir el mandato para el cual fue electo Jorge Luis Quijano. Entre los candidatos que se discuten están Julio Spiegel, actual gerente general de Cable & Wireless; Ricaurte Vásquez, quien fuera subadministrador del Canal y Ministro de Economía; y Jorge García Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, exgerente de Ventas de Copa Airlines y miembro de la directiva de la tan cuestionada Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre.

Se ha filtrado ya que en la Asamblea Nacional se retomarán las designaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pendientes y los directivos del Canal mencionados. También se ha filtrado que el cambio de actitud de los diputados, antes ariscos a aprobar ningún nombramiento del Ejecutivo, ahora están en 'disposición' de consentir los nombramientos a cambio de una considerable cantidad de bolsas de comida que le habrán dado para apoyar las pretensiones del presidente Varela.

Cuando uno de los que he mencionado, me escribió molesto por mencionar su nombre, le dije, repitiendo lo que me acababa de comentar mi amigo Olimpo Sáez: ‘Así como el presidente tiene la potestad de designar a quien quiera para la ACP, como panameños, también dueños del Canal, tenemos igual derecho de oponernos'. ¿O es que ni siquiera podemos cuestionar los que, sin consulta alguna ni propiciar consenso, decide el presidente de la República designar? O más bien, el rey de Panamá, como pareciera se cree a veces.

ABOGADO, DIPLOMÁTICO Y POLÍTICO.